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Los cambios que vienen en las pensiones: ajustes en la jubilación anticipada y un “cheque” por trabajar más tiempo

Se consagra la revalorización según el IPC, pero con nueva fórmula: las pensiones subirán como la inflación del año anterior

Foto de archivo de una protesta de pensionistas en Asturias Julián Rus

Los cambios que ultiman su tramitación en el Congreso que afectarán más directamente a los pensionistas actuales y futuros se refieren a la actualización anual de sus ingresos, a las penalizaciones por jubilación anticipada y a un nuevo sistema de incentivos para estimular la demora voluntaria del retiro.

Revalorización. La primera parte de la “reforma Escrivá” consagra la revalorización anual de las pensiones con arreglo al índice de precios consumo (IPC), si bien mediante una fórmula distinta a la utilizada hasta 2011 y también desde 2018. Esos años marcaron un paréntesis durante el cual, debido primero a la Gran Recesión y luego a la aplicación del mecanismo que vinculaba las subidas al ciclo económico, las prestaciones fueron congeladas (en 2011, con el PSOE en el poder) o cuasicongeladas (desde 2014, con el PP, que aprobó incrementos del 0,25% durante cuatro años). La fórmula habitual ligada al IPC supuso durante décadas subir las pensiones según la inflación prevista por el Gobierno y compensar después a los jubilados por la posible desviación. Desde 2022, las pensiones subirán según lo haya hecho la inflación en el ejercicio precedente, calculada como media de la variación interanual de los precios durante doce meses (desde diciembre de un año a noviembre del siguiente). A falta de que se conozca el IPC de este noviembre y vista la tendencia de la inflación, las pensiones se incrementarán en torno al 2,5% a partir de enero con el nuevo sistema.

Jubilaciones anticipadas. El Gobierno aspira a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Uno de los caminos elegidos es actuar sobre las condiciones de la jubilación anticipada, aunque sin llegar a un endurecimiento severo. Quienes ahora se retiran antes de la edad legal de manera voluntaria (hasta dos años antes) o forzosa (hasta cuatro años antes, en caso de despido, por ejemplo) sufren recortes en las pensiones que pueden llegar al 2% por cada trimestre de adelanto. La reforma revisa el sistema de penalizaciones, que pasan a calcularse por meses y no por trimestres y a aplicarse, no sobre la base reguladora, como ocurría hasta el momento, sino directamente sobre la pensión. La reforma evita aumentar de forma generalizada tales castigos. En el caso de las jubilaciones voluntarias, pierden más pensión respecto al sistema actual quienes se jubilen con 23 o 24 meses de anticipación (pérdida de hasta el 21% de la pensión) y quienes lo hagan con un adelanto de entre uno y tres meses (merma de hasta el 3,52%). En casi todos los casos restantes las nuevas condiciones son más generosas que ahora, como ocurre también, con carácter general, en el supuesto de las jubilaciones anticipadas forzosas. La reforma sí tiene un impacto más oneroso para los trabajadores que cotizan por bases máximas (al hacerse el recorte directamente sobre la pensión, no sobre la base reguladora). Para estos jubilados, la reforma se aplicará de manera gradual.

Jubilación demorada. Con el mismo objetivo de retrasar la edad efectiva media de jubilación, la reforma mejora los incentivos para seguir trabajando más allá de la edad legal del retiro (65 años para las carreras más largas y 66 años y dos meses para el resto en 2022). Ahora, la jubilación demorada se premia con aumentos de la pensión que llegan al 4% por cada año trabajado de más si antes se han cotizado al menos 37 años. Desde 2022, la oferta del 4% se extiende a todos los trabajadores que alcancen la edad legal del retiro con derecho a cobrar pensión contributiva, y se crea la alternativa de recibir un pago o “cheque” cuya cuantía será variable en función de las bases de cotización: desde un mínimo de 4.700 euros a un máximo 12.000 euros.

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