El Gobierno dio luz verde ayer al anteproyecto de ley para reformular e incentivar los planes de pensiones de empleo frente a los individuales. Una de las novedades es la creación de fondos de promoción pública, como alternativa a los privados, y desde los que se ofrecerán productos de ahorro a largo plazo con un coste menor que el actual, según el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. El uso actual de estos fondos para complementar las prestaciones es residual.
La intención de Escrivá es generalizar este producto de ahorro diseñado para sumarse a las pensiones públicas y que llegue a pymes y autónomos. La reformulación del sistema de incentivos Escrivá ya ha comenzó en los Presupuestos Generales de 2021, y en los de 2022 se incrementa el límite deducible de aportaciones a planes de empleo, hasta 10.000 euros anuales, al tiempo que se reduce el de los planes individuales, hasta 1.500 euros. El objetivo es continuar con un tratamiento fiscal ventajoso a los planes de empleo, así como extenderlo a los autónomos, que podrán beneficiarse de las deducciones fiscales de ambas modalidades hasta un límite de 5.750 euros.
Los citados fondos son actualmente más frecuentes en grandes empresas y en la Administración que en pymes. Para alimentarlos, compañía y trabajadores pactan, vía acuerdos de empresa o mediante los convenios colectivos, destinar una aportación periódica a ellos. Cada trabajador tiene su propio monedero, en el que va depositando esas aportaciones pactadas y que se guardan en la hucha común que son los planes de empleo. Estos se agrupan para que un órgano gestor de los mismos pueda invertir con ellos, conseguir así rentabilidad y engordar de manera adicional dicha hucha.
Una vez que el trabajador se jubila, cobra el importe acumulado en el fondo de empleo y complementa así su pensión. Y si se marcha a otra empresa, se lleva consigo su parte del fondo.
