La cotización de los derechos de emisión de CO2 llegó ayer a los 74,48 euros por tonelada, tras acumular en dos sesiones del llamado mercado europeo de carbono una subida del 7,6%. Tal incremento, que acentúa una intensa tendencia alcista de fondo, coincidió tras anunciar el nuevo gobierno alemán –formado por socialdemócratas, Verdes y liberales– su apuesta por acelerar la descarbonización del país y por hacerlo además promoviendo cambios que endurezcan el mercado de CO2. El encarecimiento de los derechos de emisión impacta en industrias como las asturianas por dos vías: directamente en las que necesitan comprar bonos para emitir porque sus procesos productivos requieren el uso de combustibles fósiles (en caso de no disponer de derechos gratuitos suficientes), y de manera indirecta en todas, al igual que en el resto de consumidores, a través del precio de la electricidad.
Los analistas del mercado de CO2 atribuyen al menos en parte al giro energético alemán ese reciente comportamiento de la Bolsa de carbono, donde la creciente ambición descarbonizadora de la Unión Europea (ampliando los objetivos de reducción de emisiones para 2030), junto a la demanda de bonos por la recuperación de la actividad industrial y a las operaciones especulativas de fondos de inversión y otros actores financieros, han triplicado los precios en el plazo de un año: 23,64 euros por tonelada a estas alturas de 2020 y 74,48 euros el pasado jueves.
Tal encarecimiento hace más urgente si cabe, según la industria, que España amplíe las ayudas (compensaciones indirectas por costes de CO2) que reciben los sectores “en riesgo de fuga de carbono”, actividades industriales que, como la siderurgia, ven comprometida su competitividad por las políticas europeas de descarbonización. Como explicó ayer este diario, la Asociación de Empresas con Grandes Consumos de Energía (Aege), de la que forman parte ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa), ha instado al Gobierno a seguir los pasos de países que, como Alemania, Francia y Grecia, han tomado medidas para mejorar las ayudas desde 2022.
Alemania lo ha hecho a la vez que el equipo del nuevo canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha comunicado mutaciones de alcance en su política energética. Por un lado, se adelanta de 2038 a 2030 el fin de las térmicas de carbón, que tienen un papel muy relevante en la dieta eléctrica de los alemanes, más después de que el gobierno de la anterior canciller, de Ángela Merkel, decidiera prescindir de las centrales nucleares (desconexión en 2022). A la espera de los detalles sobre los planes del nuevo gobierno, que incluyen una magna expansión de las energías renovables, la combinación del apagón nuclear y el cierre anticipado del carbón puede amenazar la seguridad de suministro y acentuaría la dependencia del gas natural que Alemania importa de Rusia y Noruega, indicaron fuentes expertas.
La nueva coalición gubernamental ha hablado también de promover medidas, a escala europea o dentro del país (en caso de resistencias dentro de la UE), para que el precio de los derechos de CO2 no baje en ningún caso de los 60 euros, y empujar con ello el abandono de los combustibles fósiles. Con algunas excepciones, el precio ha sido superior a ese nivel desde el pasado verano y los mercados de futuros señalan seguirá siéndolo. La nueva política descarbonizadora alemana viene a apuntalar esa dinámica.
