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Las mudanzas "ficticias" a Madrid para eludir Patrimonio, en el punto de mira del Fisco

El resultado de las inspecciones supera los 3 millones al año en Asturias al reforzarse la vigilancia de los cambios de domicilio

“Debe destacarse el notable rendimiento tanto por parte de la comunidad (el Principado) como por parte de la Inspección del Estado respecto al impuesto de patrimonio, fruto de la mutua colaboración entre ambas administraciones, muy particularmente en cuanto a deslocalizaciones ficticias de contribuyentes”, refleja un informe de técnicos del Ministerio de Hacienda sobre la gestión y control en Asturias de los denominados impuestos cedidos a las comunidades autónomas.

Las autoridades tributarias han reforzado en el último lustro la revisión de los cambios de domicilio a Madrid de contribuyentes asturianos con posesiones millonarias. La comunidad madrileña es en un foco de atracción de ese tipo de contribuyentes al haber suprimido el impuesto de patrimonio. Este tributo se dejó de recaudar en toda España entre 2007 y 2011, cuando fue restablecido. Salvo en Madrid, por decisión del gobierno autonómico entonces presidido por Esperanza Aguirre (PP).

Los contribuyentes son libres de cambiar su domicilio fiscal a cualquier comunidad, pero pueden ser requeridos a demostrar que residen en ella al menos 183 días al año. La Agencia Tributaria utiliza datos como consumos energéticos, movimientos bancarios, citas médicas e incluso la pertenencia a clubes deportivos para investigar si las mudanzas son reales o “ficticias”, simuladas con fines de evasión fiscal.

El rastro de esa mayor presión sobre los cambios de domicilio está en los resultados las inspecciones: la Agencia Tributaria instruyó 62 actas sobre Patrimonio en 2020, reclamando a los contribuyentes concernidos 3,36 millones de euros; cinco años atrás, en 2016, se habían registrado 17 actas con un valor agregado de 458.000 euros.

El Principado recuperará en 2022 los controles masivos de la fiscalidad de los inmuebles

Las autoridades tributarias autonómicas podrán reforzar desde enero los controles fiscales referidos a los impuestos que gravan la adquisición de inmuebles, sea por compra o herencia: la entrada en vigor del llamado “valor de referencia de mercado”, que determinará la base imponible mínima de tales tributos cuando conciernen a viviendas, locales, fincas u otras propiedades análogas, se convertirá de hecho en una herramienta que permitirá realizar comprobaciones casi automáticas y mucho más numerosas que con los procedimientos vigentes ahora, limitados desde fines de 2018 tras anular los tribunales entonces uno de los “métodos objetivos” más profusamente utilizados por administraciones como la asturiana.

El impuesto de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y donaciones son dos figuras principales en los ingresos tributarios del Principado, que hasta septiembre recaudó 115 millones por la primera y 73 millones por la segunda. En ambos casos, los inmuebles y en concreto el valor que se les dé son componentes esenciales de las bases imponibles, en la medida en que Transmisiones Patrimoniales grava sobre todo la compraventa de viviendas usadas (también la de coches) y que las propiedades inmobiliarias forman parte de casi todas las herencias. En la gestión e inspección de tales impuestos, la denominada “comprobación de valores” tiene un papel muy relevante: el contribuyente (generalmente, a través de un gestor o asesor) hace una autoliquidación, el Fisco la revisa y, si está disconforme con los valores declarados cuantía de la base imponible), reclama un pago extra mediante una “liquidación complementaria”. Ese mecanismo de pago y control inicial de los impuestos se hacía en Asturias de una forma hasta 2018, de otras distintas en la actualidad y volverá a cambiar en 2022.

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