CCOO, UGT y entidades sociales llaman a la ciudadanía a protagonizar el próximo 12 de diciembre una gran movilización en Barcelona por mejores salarios, más inversión en sanidad y educación y la derogación de la ley Mordaza; entre otros. Esta alianza social y sindical ha presentado este lunes sus credenciales para pasar a la ofensiva y evitar que "la clase trabajadora pague los platos rotos de la crisis [del covid]. En la anterior crisis no movilizamos para protestar contra los recortes, ahora lo hacemos antes", ha declarado el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros.

Las centrales con representación mayoritaria pretende ampliar su perímetro y capacidad movilizadora juntándose con colegios profesionales, como el de trabajadores sociales y el de educadores sociales, movimientos en defensa de la sanidad pública, como Marea Blanca, organizaciones internacionalistas, como La Fede, o asociaciones vecinales como la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). Actores que ya han coincidido anteriormente en movilizaciones de amplio espectro y que ahora quieren estabilizar su colaboración de cara a los próximos años, con el objetivo de disputar los beneficios de la incipiente recuperación económica tras el covid.

Esta nueva plataforma busca ser un espacio de dinamizador de futuras protestas y no quedarse en una convocatoria puntual. Los convocantes reivindican "una salida diferente de la crisis", según ha afirmado el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco; aunque varios indicadores macroeconómicos lanzan alertas de que ello no acabe siendo. Este mismo lunes el INE ha publicado los datos del IPC del mes de noviembre, que dejan una inflación interanual del 5,6%. Alzada por los precios de la electricidad, sí, pero con otros productos de la cesta, como los alimentos (+3,2%), también disparados. En el otro lado de la balanza, los salarios pactados por convenio evolucionan al 1,55%; según los últimos datos de octubre del Ministerio de Trabajo.

Manifestación de Urquinaona a Sant Jaume

El disparo de salida lo darán el próximo domingo 12 de diciembre, a las 12 horas en una marcha que irá de plaza Urquinaona hasta plaza Sant Jaume. Será la prueba del algodón para medir su capacidad aglutinadora y con ella tratar de apretar al Govern de la Generalitat e influir en sus próximos presupuestos, en fase parlamentaria actualmente. Al president Pere Aragonès le exigen más inversión en atención primaria, más recursos para la salud mental y más presupuesto para políticas de vivienda. "Los actuales recursos son insuficientes, vemos desahucios todos los días", han manifestado desde el colegio de educadores sociales.

Varias de las demandas de este manifiesto suscrito por 14 entidades van dirigidas al Gobierno. A este le piden un salario mínimo de 1.000 euros a partir del 1 de enero del 2022, tal como los sindicatos han preacordado con el Ejecutivo. Una regulación más directa y garantista para el consumidor de la vivienda y la electricidad, en plena escalada de precios desde hace meses. Pensiones mínimas más elevadas, sin concretar si estas deben aparejarse con el salario mínimo o con qué indicador. Otra de sus reivindicaciones es destinar el 0,7% de los Presupuestos a iniciativas de cooperación internacional; en un momento en el que las nuevas variantes del covid amenazan la salud pública europea, pero surgen en países de bajos ingresos y con escaso acceso a las vacunas.