Las 300.000 pensiones que cobran los asturianos subirán un mínimo del 2,5% en 2022 de acuerdo con la media del IPC de los últimos 12 meses y tras conocerse ayer la inflación adelantada de noviembre, que se disparó hasta el 5,6%. Son dos décimas más que el dato interanual de octubre y un nuevo máximo histórico desde septiembre de 1992.
Si el dato del IPC se confirma dentro de quince días, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique los números definitivos, la mayoría de las pensiones públicas –las contributivas– subirán en 2022 el 2,5%, alza media mensual de la inflación entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, según recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
A 1 de noviembre había en Asturias 300.590 pensiones con una cuantía media de 1.220,60 euros al mes, con lo que la subida del 2,5% supondrá un incremento en las pagas de 30,51 euros mensuales.
El dato de la inflación de noviembre cierra el periodo de cálculo para las pensiones del próximo año, según la nueva fórmula, y en noviembre la inflación escaló hasta el 5,6%, un nuevo máximo histórico desde septiembre de 1992 según se desprende del avance del IPC publicado ayer por el INE, en el que se señala que el repunte se produjo pese a la bajada de los precios de la electricidad en comparación con octubre. La subida de la alimentación y, en menor medida, de los carburantes y lubricantes para vehículos personales están detrás del alza, ya que en noviembre de 2020 ambas categorías se habían abaratado.
El avance difundido por el INE también señala que la inflación subyacente –que no incluye el precio de los alimentos ni de la energía– se situó en el 1,7 % este mes, tres décimas más que en octubre y casi cuatro puntos por debajo del IPC general.
La subida de los precios se ha ido acelerando conforme avanzaba el año. La tasa del IPC interanual empezó en el 0,5 % en enero, se mantuvo sin cambios en febrero y desde entonces se ha disparado hasta alcanzar el 5.6% en noviembre. Las cifras contrastan con las de 2020, cuando en nueve de los doce meses del ejercicio se registraron tasas negativas.
El fuerte incremento de los precios en lo que va de 2021 amenaza con provocar una pérdida de poder adquisitivo a los asalariados, lo que empieza a abrir un debate sobre cómo paliar este efecto sin afectar a la competitividad de las empresas. Desde la patronal CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, reclamó “prudencia” a la hora de analizar una subida de los salarios vinculada al IPC, e incidió en que para elevar sueldos es necesario que las empresas aumenten sus ventas y generen más empleo. Por su parte, tanto CC OO como UGT han abogado por subidas salariales “sí o sí“ con independencia del dato de inflación o la evolución del PIB, y han rechazado que sea un factor que alimente la inflación.
Del lado del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó el alza del IPC de “coyuntural” y abogó también por tomar medidas con prudencia, aunque reconoció que la subida de los precios provoca “perjuicios” tanto a empresas como a trabajadores.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió ayer que no se trasladen los fuertes incrementos de costes de consumos intermedios de forma generalizada a los precios finales y a los salarios negociados para evitar una espiral inflacionista. En un encuentro financiero, el gobernador explicó que el “notable” repunte inflacionista de los últimos meses está ligado a la pandemia, pero confía en que se reduzca o incluso desaparezca a lo largo de 2022. No obstante, añadió que por el momento no se observan indicios “claros” de que en el área del euro se estén trasladando los aumentos de costes a los precios, porque las empresas los están absorbiendo en sus márgenes ni tampoco hay presiones salariales considerables.
Este episodio de precios altos está siendo más “intenso y duradero” de lo previsto hace unos meses, pero es coherente con un retorno a la moderación que caracterizó la etapa previa a la pandemia. De ahí, ha dicho, la conveniencia de que la política monetaria mantenga un enfoque “paciente” a la hora de revisar su actual tono acomodaticio (para estimular la economía) con el fin de estabilizar la tasa de inflación a medio plazo en el entorno del 2 %, el objetivo de la política monetaria del Banco Central Europeo. En su opinión se debe evitar la retirada prematura de estímulos monetarios porque el efecto de la crisis sigue siendo elevado.