De los 7.000 millones aprobados por el Gobierno como ayudas a pymes y autónomas por el impacto del covid, las comunidades autónomas tendrán que devolver 2.500 millones (casi el 36%) por no haber sido ejecutadas pese a la ampliación de plazos, y Asturias es la segunda región que devolverá un mayor porcentaje (74,7%), según la estimación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), vinculada a UGT.
Según este colectivo, Asturias, que recibió una asignación de 107 millones, sólo ha tramitado 27 millones, por lo que tendrá que devolver el resto. Sólo Castilla y León ha tenido una ejecución peor: tendrá que devolver el 77,5%. Las únicas regiones que han ejecutado el 100% son aquellas muy vinculadas al turismo y que recibieron un trato preferencial: Canarias y Baleares.
Las causas de la baja ejecución son de diversa índole. Para el Gobierno central se trata de una deficiencia de gestión imputable a la mayoría de las comunidades autónomas. En las regiones y en los colectivos beneficiados se apunta a la complejidad del procedimiento de tramitación (“muy farragoso”), la exigencia de que existiesen facturas impagadas, la supeditación a acreditar “deuda contable” sin precisar exactamente el sentido de este concepto y que se dio preferencia a las empresas que hubiesen solicitado créditos ICO. También se ha señalado falta de coordinación entre administraciones.
UPTA dijo que va a solicitar al Gobierno que los 2.500 millones que no han llegado a sus destinatarios (en Asturias, 80 millones) vuelvan a inyectarse en la economía.
