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Condenas de 14 años a la antigua cúpula y empleados de UGT por fraude en la formación: las claves del fallo judicial

La jueza impone pena de 2 años y 10 meses para Justo R. Braga por el “sistemático desvío” de subvenciones para pagar sueldos y cubrir las pérdidas del sindicato

En las dos primeras filas, por la izquierda, Silvia Sariego (tapándose la cara), Mónica Menéndez, Alberto González, Justo Rodríguez Braga, Manuel Díaz, Abel Suárez (representante de UGT) y María Jesús Ocaña. | P. C.

Miembros de la antigua cúpula de UGT de Asturias, encabezada por Justo Rodríguez Braga, llevaron a cabo “de forma concertada” y con la complicidad de trabajadores del sindicato un “sistemático desvío” de subvenciones para cursos de formación que fueron a parar al pago de sueldos y a cubrir pérdidas de UGT Asturias. Así lo señala el fallo del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, que impone penas por delitos de fraude en subvenciones de los años 2010, 2011 y 2012 que suman más de 14 años de prisión y multas de más de 3,1 millones de euros a seis dirigentes y trabajadores de UGT y sociedades vinculadas. Además, la juez condena al propio sindicato a una multa de más de 122.000 euros y a la imposibilidad de obtener ayudas públicas durante cuatro años. La sentencia no es firme.

La juez condena al ex secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, a una pena de dos años y diez meses de cárcel y eleva a tres años y ocho meses la pena para Mónica Menéndez Vázquez, ex secretaria de Administración de UGT Asturias y administradora y legal representante de Localmur, sociedad dependiente del sindicato. La pena de Menéndez es mayor que la de Rodríguez Braga, del que es pariente, porque en su caso no prescribieron delitos correspondientes a 2010 ya que la denuncia contra ella fue anterior a la del ex líder de UGT. La juez condena también a pena de dos años y diez meses a Manuel Díaz Cancio, ex secretario de Formación de UGT de Asturias; a dos años y seis meses a María Jesús Ocaña Clemente, administradora de las sociedades Localmur y Formación 2020; y a un año y seis meses a Alberto González Castaño y Silvia Sariego Ferrero, encargados de la contabilidad de UGT Asturias e IFES Asturias, respectivamente.

La “trama”

La sentencia señala que Justo Rodríguez Braga, Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio llevaron a cabo de forma “concertada una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por la fundación IFES que les permitieron obtener, con cargo a dichas subvenciones recibidas, beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas”. La juez añade que esa “actuación fraudulenta” fue facilitada por el control que UGT Asturias ejercía sobre la delegación territorial de IFES Asturias, lo que le permitió contar con la necesaria colaboración del órgano gestor de la fundación al igual que con la ayuda de empleados encargados de la administración y contabilidad de ambas entidades: Alberto González y Silvia Sariego.

La “trama urdida” para el desvío de fondos públicos procedente de las subvenciones del Principado para cursos de formación también contó con “la cooperación y auxilio” de María Jesús Ocaña, la administradora legal de las sociedades mercantiles Formación 2020 y Localmur, que formaban junto Infastur “un grupo empresarial” vinculado a UGT. El “entramado defraudatorio” se llevó a cabo con la participación de todas esas sociedades –a las que UGT e IFES recurrían en exclusiva para proveerse de bienes y servicios necesarios por los cursos– y “utilizando diversos subterfugios con los que se lograba el enmascaramiento de los costes reales” de la formación “ocultando a la Administración concedente el sobrecoste en el que incurrían en la justificación del gasto”. Así la sentencia considera probados incrementos de los precios de alquiler de locales y equipos con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas. “La propia forma de facturación por horas, tanto en las aulas como en lo equipos informáticos, no resulta un proceder lógico por cuanto implica innecesariamente encarecer el servicio facturado”, señala el fallo. Asimismo, también destaca la inclusión en la justificaciones aportadas para recibir las ayudas de gastos de personal laboral del sindicato “que ninguna relación, directa o indirecta, habían tenido en las actividades de tramitación, gestión y evaluación de las acciones formativas objeto de las subvenciones, pues las mismas fueron realizadas íntegramente por personal de la Delegación Territorial de IFES y en menor medida por alguna otra entidad subcontratada”.

En las dos primeras filas, por la izquierda, Silvia Sariego (tapándose la cara), Mónica Menéndez, Alberto González, Justo Rodríguez Braga, Manuel Díaz, Abel Suárez (representante de UGT) y María Jesús Ocaña. | P. C. Pablo Castaño

Los importes defraudados

Las cantidades totales defraudadas en las subvenciones concedidas a IFES fueron en el plan de 2010 de 231.466 euros y en el plan de 2011 de 330.179 euros. Y las cantidades defraudadas en las subvenciones concedidas a UGT Asturias fueron de 254.521 en el plan de 2011 y de 122.028 en el plan de 2012. En total el dinero defraudado se elevó a 938.194 euros en el periodo investigado.

La juez señala que los fondos desviados fueron empleados en el sostenimiento de gastos estructurales del sindicato, “en especial costes de su personal laboral”. Y que otra parte importante fue destinada a cubrir las pérdidas generadas en la promoción inmobiliaria llevada a cabo por la cooperativa vinculada al sindicato Colectivas y Unifamiliares Langreo en un inmueble de la calle Belarmino Tomás de La Felguera. Para esa operación, los miembros de la trama se sirvieron de la sociedad mercantil Infastur, que capitalizaron con fondos procedentes de las subvenciones para la formación de desempleados.

A los seis dirigentes y trabajadores de UGT y sus sociedades vinculadas condenados como coautores, cooperadores y cómplices, se suma la propia organización sindical como responsable de un delito de fraude de subvenciones. Además de multa y pérdida de ayudas públicas durante cuatro años, responderá con carácter subsidiario del abono de las responsabilidades civiles impuestas en la sentencia.

Las reacciones

El ex secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, no quiso valorar el fallo del caso de los cursos de formación. “Es un tema del sindicato, y desde allí se hará el pronunciamiento”, afirmó. El actual secretario general, Javier Fernández Lanero, apuntó que la sentencia “es tremendamente injusta y contraria a Derecho. Por lo tanto, vamos a recurrirla. Sorprende mucho que en ella se diga que los precios de alquiler de las aulas y del material didáctico no eran precios de mercado cuando tres directores generales del Servicio Público de Empleo y tres peritos expertos así lo han dicho. Y que se diga además que no era necesaria la participación de ningún trabajador (de UGT) para que los cursos salieran adelante cuando la propia convocatoria sólo te la adjudican si tienes recursos propios para garantizar precisamente que puedes hacer los cursos”.

Alberto Suárez, abogado de la acusación popular por parte del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN), mostró “satisfacción” con la sentencia porque “queda acreditado, como decíamos, que había un entramado para defraudar dinero destinado a la formación”.

Adrián Barbón, presidente del Principado por el PSOE, señaló que “la valoración que hago siempre sobre una sentencia es la misma: absoluto respeto al fallo y a la labor de la justicia”.

El PP no quiso valorar el fallo y Nacho Cuesta, coordinador de Ciudadanos en Asturias, apuntó que “la sentencia confirma lo que nos temíamos, un nuevo y vergonzoso escándalo de corrupción sindical y política, uno más. Algo a lo que lamentablemente nos hemos acostumbrado en Asturias. El rosario de casos –”Marea”, Villa, ahora el de UGT– es lo suficientemente extenso como para que el PSOE tome medidas para que se acaben los desfalcos a la administración pública”.

Daniel Ripa, secretario general de Podemos Asturias señaló es “era una sentencia muy necesaria. Avala las conclusiones de la comisión parlamentaria que presidió Podemos en la anterior legislatura y permite recuperar la credibilidad del sistema de los cursos de formación en Asturias”.

Alejandro Suárez, de IU Asturias, mandó “un abrazo fuerte a los compañeros de UGT, a los que acompañamos en este tránsito que aún no terminó. Respetamos las decisiones judiciales, pero nos identificamos con el proyecto de los sindicatos de clase, en este caso la UGT”.

Adrián Pumares, secretario general de Foro afirmó que “respetamos plenamente las decisiones judiciales, no obstante, a raíz de este caso, nos enorgullecemos de la labor hecha en Foro limpiando nuestra casa. Ojalá todos los partidos y agentes sociales tomasen ejemplo”.

Ignacio Blanco, portavoz de Vox, destacó que “aunque la sentencia no es firme, todo apunta a que el fallo judicial viene a confirmar que los sindicatos mayoritarios, en este caso UGT, están completamente corrompidos. Actuando en contra de lo que ellos dicen defender, robando el dinero de los trabajadores en beneficio propio del sindicato y de sus dirigentes. Un sindicato que roba a los trabajadores no puede nunca defender a los obreros. Si tuvieran algo de decencia en UGT Asturias, deberían de disolverse y desaparecer”.

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