Las grandes industrias electrointensivas –entre ellas algunas de las más relevantes de Asturias– agrupadas en la asociación AEGE han logrado el respaldo de los cuatro gobiernos autonómicos de la Cornisa Cantábrica (Principado, Galicia, Cantabria y País Vasco) a un plataforma de reivindicaciones para atemperar el impacto del coste de la electricidad en sus cuentas de resultados y competitividad. El manifiesto recoge seis demandas, cinco de ellas ya conocidas, y a las que ahora se suma la petición de una modalidad específica de ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) para la empresas “cuya producción esté comprometida por los elevados precios eléctricos”.
Además de los ejecutivos autonómicos (pertenecientes al PSOE, PP, Partido Regionalista Cántabro y PNV), se han adherido al documento las patronales asturianas Fade y Femetal, las tres cámaras de comercio de la región, el Ayuntamiento de Avilés (PSOE), los sindicatos USO y Sitaz (éste, de Asturiana de Zinc) y otras tres patronales: Unesid (sector siderúrgico), Sernauto (automoción) y AGI (grandes industrias del Campo de Gibraltar).
La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) y las entidades e instituciones adheridas expresan su “reconocimiento a que “el Gobierno entiende la importancia de la industria”, pero demandan “de forma urgente” medidas que “salvaguarden la competitividad y el futuro de las actividades productivas” y “millones de empleos”.
Medidas. La plataforma solicita al Gobierno de la nación que retome las conversaciones con las compañías eléctricas para que “cumplan su compromiso de presentar a la industria ofertas competitivas a precios anteriores a la crisis energética y, por lo tanto, no vinculados a la escalada del gas”.
El compromiso de las eléctricas se anunció a resultas de los contactos del sector energético con el Gobierno para ser eximido de los recortes aprobados por el ejecutivo mediante real decreto el 14 de septiembre. Con esta disposición, el Gobierno había decidido detraer a las eléctricas 2.600 millones de los beneficios extraordinarios que la carestía del gas y de los derechos de emisión del CO2 estaban reportando a instalaciones de generación que no soportan los elevados costes del gas natural ni de los créditos de carbono. El Gobierno accedió a exonerar de esta disposición a los contratos que las eléctricas ofrecieran a la industria y en los que no les repercutieran la carestía excepcional del mercado mayorista.
AEGE también reclama que los grandes consumidores industriales puedan acceder, a partir del 1 de enero, a la energía renovable acogida al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (denominado Recore), que es fijado por una norma. También solicita la supresión definitiva del impuesto sobre generación o IVPEE, que grava la electricidad con un tipo del 7%. Este tributo fue creado por el Gobierno de Rajoy (PP) en 2012. El Gobierno de Sánchez (PSOE y UP) lo ha suspendido temporalmente.
La patronal de las grandes empresas electrointensivas reitera asimismo su petición de que el ejecutivo central compense a estas industrias por los costes indirectos del CO2 con el máximo permitido por la Unión Europea y que se movilice por ello con ese fin el 25% de los ingresos que obtiene el Gobierno por la subasta de derechos de emisión, como prevé, de hecho, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. AEGE cuantifica que la partida debería ascender a un mínimo de 450 millones en el presupuesto de 2022. La cifra actualmente prevista en el proyecto presupuestario suma 179 millones.
Los fabricantes de alto consumo (caso, entre otras, de ArcelorMittal y Asturiana de Zinc en Asturias) solicitan a su vez a la Administración que se conceda a este tipo de factorías la exención del 80% de los peajes por el transporte eléctrico, como ya tienen sus competidores alemanes y franceses, y a partir de 2022 los portugueses. Por último, AEGE reclama un modelo específico de ERTE.
Reacciones. Fade destacó la importancia del manifiesto y remarcó que “el principal problema ahora es que el coste energético nos resta competitividad”. Y advirtió que, si sigue al alza el precio de la energía, “las empresas tendrán que tomar decisiones a corto plazo”.
Femetal defendió estas propuestas como “medidas más urgentes para reducir la brecha de precios eléctricos con los competidores europeos”, pero además juzgó “fundamental que de forma paralela se pongan en marcha los pagos por capacidad, como alternativa a la interrumpibilidad y potenciar el mecanismo de ajustes de carbono en frontera”, señaló su presidente, Guillermo Ulacia. Femetal anima a las empresas a que firmen acuerdos a plazo con las comercializadoras y desarrollen una estrategia de compra de energía que desacople el precio del “pool” diario. En este momento hay ofertas que se mueven desde los 75 euros megavatios a los 95 con una validez de 2 años.
