Suscríbete

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Reacciones

El sindicato ve "tremendamente injusto" el fallo contra la antigua cúpula de UGT y anuncia un recurso

La acusación popular, "satisfecha" con un veredicto judicial sobre el que prefiere no pronunciarse Justo Rodríguez Braga

Archivo - Registro de la Guardia Civil a UGT

El ex secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, no quiso valorar el fallo del caso de los cursos de formación. “Es un tema del sindicato, y desde allí se hará el pronunciamiento”, afirmó. El actual secretario general, Javier Fernández Lanero, apuntó que la sentencia “es tremendamente injusta y contraria a Derecho. Por lo tanto, vamos a recurrirla. Sorprende mucho que en ella se diga que los precios de alquiler de las aulas y del material didáctico no eran precios de mercado cuando tres directores generales del Servicio Público de Empleo y tres peritos expertos así lo han dicho. Y que se diga además que no era necesaria la participación de ningún trabajador (de UGT) para que los cursos salieran adelante cuando la propia convocatoria sólo te la adjudican si tienes recursos propios para garantizar precisamente que puedes hacer los cursos”.

Alberto Suárez, abogado de la acusación popular por parte del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN), mostró “satisfacción” con la sentencia porque “queda acreditado, como decíamos, que había un entramado para defraudar dinero destinado a la formación”.

Adrián Barbón, presidente del Principado por el PSOE, señaló que “la valoración que hago siempre sobre una sentencia es la misma: absoluto respeto al fallo y a la labor de la justicia”.

El PP no quiso valorar el fallo y Nacho Cuesta, coordinador de Ciudadanos en Asturias, apuntó que “la sentencia confirma lo que nos temíamos, un nuevo y vergonzoso escándalo de corrupción sindical y política, uno más. Algo a lo que lamentablemente nos hemos acostumbrado en Asturias. El rosario de casos –”Marea”, Villa, ahora el de UGT– es lo suficientemente extenso como para que el PSOE tome medidas para que se acaben los desfalcos a la administración pública”.

Daniel Ripa, secretario general de Podemos Asturias señaló es “era una sentencia muy necesaria. Avala las conclusiones de la comisión parlamentaria que presidió Podemos en la anterior legislatura y permite recuperar la credibilidad del sistema de los cursos de formación en Asturias”.

Alejandro Suárez, de IU Asturias, mandó “un abrazo fuerte a los compañeros de UGT, a los que acompañamos en este tránsito que aún no terminó. Respetamos las decisiones judiciales, pero nos identificamos con el proyecto de los sindicatos de clase, en este caso la UGT”.

Adrián Pumares, secretario general de Foro afirmó que “respetamos plenamente las decisiones judiciales, no obstante, a raíz de este caso, nos enorgullecemos de la labor hecha en Foro limpiando nuestra casa. Ojalá todos los partidos y agentes sociales tomasen ejemplo”.

Ignacio Blanco, portavoz de Vox, destacó que “aunque la sentencia no es firme, todo apunta a que el fallo judicial viene a confirmar que los sindicatos mayoritarios, en este caso UGT, están completamente corrompidos. Actuando en contra de lo que ellos dicen defender, robando el dinero de los trabajadores en beneficio propio del sindicato y de sus dirigentes. Un sindicato que roba a los trabajadores no puede nunca defender a los obreros. Si tuvieran algo de decencia en UGT Asturias, deberían de disolverse y desaparecer”.

La “trama”

La sentencia señala que Justo Rodríguez Braga, Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio llevaron a cabo de forma “concertada una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por la fundación IFES que les permitieron obtener, con cargo a dichas subvenciones recibidas, beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas”. La juez añade que esa “actuación fraudulenta” fue facilitada por el control que UGT Asturias ejercía sobre la delegación territorial de IFES Asturias, lo que le permitió contar con la necesaria colaboración del órgano gestor de la fundación al igual que con la ayuda de empleados encargados de la administración y contabilidad de ambas entidades: Alberto González Silvia Sariego.

La “trama urdida” para el desvío de fondos públicos procedente de las subvenciones del Principado para cursos de formación también contó con “la cooperación y auxilio” de María Jesús Ocaña, la administradora legal de las sociedades mercantiles Formación 2020 y Localmur, que formaban junto Infastur “un grupo empresarial” vinculado a UGT. El “entramado defraudatorio” se llevó a cabo con la participación de todas esas sociedades –a las que UGT e IFES recurrían en exclusiva para proveerse de bienes y servicios necesarios por los cursos– y “utilizando diversos subterfugios con los que se lograba el enmascaramiento de los costes reales” de la formación “ocultando a la Administración concedente el sobrecoste en el que incurrían en la justificación del gasto”. Así la sentencia considera probados incrementos de los precios de alquiler de locales y equipos con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas. “La propia forma de facturación por horas, tanto en las aulas como en lo equipos informáticos, no resulta un proceder lógico por cuanto implica innecesariamente encarecer el servicio facturado”, señala el fallo. Asimismo, también destaca la inclusión en la justificaciones aportadas para recibir las ayudas de gastos de personal laboral del sindicato “que ninguna relación, directa o indirecta, habían tenido en las actividades de tramitación, gestión y evaluación de las acciones formativas objeto de las subvenciones, pues las mismas fueron realizadas íntegramente por personal de la Delegación Territorial de IFES y en menor medida por alguna otra entidad subcontratada”.

Compartir el artículo

stats