El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de empleo para reformar las políticas activas de empleo y reconvertir el SEPE en la Agencia Española de Empleo. El Gobierno pone en marcha así un paquete de reformas para aumentar la inserción laboral de las personas en paro y aumentar la coordinación entre los distintos servicios de ocupación autonómicos. Una de las medidas clave de este anteproyecto de ley es la creación de una especie de ‘infojobs’ estatal, donde se agruparán todas las ofertas de empleo registradas en los servicios públicos (tanto estatal, como autonómico), así como de todas las empresas y entidades privadas adscritas a los organismos de empleo. Lo que permitirá “conocer en tiempo real” todas las ofertas que circulan en España, explicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Para ello el Ministerio de Trabajo y los servicios autonómicos de ocupación se dotarán de músculo, con el objetivo de estabilizar a 7.000 técnicos de orientación profesional, que ejercerán como una especie de ‘médico de cabecera’ del empleo: cada usuario tendrá el suyo y éste será su figura de referencia si se queda en paro y necesita recolocarse o si mantiene el empleo pero quiere reciclarse. En paralelo a la aprobación del anteproyecto, el Consejo de Ministros validó también la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo, que implicarán la inversión de 7.648 millones en políticas activas de empleo hasta el 2024.
El Gobierno pone así en marcha la maquinaria para reformar de manera integral el sistema de políticas activas de empleo. El documento base se abrirá a consulta pública, se negociará con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, y pasará luego al Congreso para consensuarlo con una mayoría de partidos. La previsión es que la nueva ley de empleo, que el Gobierno lleva debatiendo internamente todo 2021 y que no ha sido ajena a momentos de tensión, entre en vigor a partir de la segunda mitad del 2022.
Medidas.
El anteproyecto de ley pretende reconvertir todas aquellas iniciativas financiadas con recursos públicos que tienen como objetivo ayudar a las personas en paro a encontrar un empleo o a las que quieren cambiar de ocupación. “Deja de estar pensada para los desempleados y pasa a estar pensada para toda la ciudadanía”, afirmó Díaz. En un país con una tasa de paro actualmente del 14,5%, esta es una de las reformas comprometidas con la Comisión Europea por el Gobierno de España en el marco de recepción de los fondos europeos. La pretensión de la norma es incorporar y pulir una batería de indicadores de eficiencia para medir anualmente los resultados de las políticas de empleo y evaluar y corregirlas.
Una de las principales novedades es crear una cartera común de servicios entre todos los organismos autonómicos de empleo, que son los encargados por competencias de desplegar los programas de inserción laboral. Esta cartera incluirá cuestiones como la figura del “tutor”, un profesional de referencia para todas aquellas que estén en paro o quieran reciclarse laboralmente y que las acompañará y asesorará durante todo el proceso. En la anterior legislatura, con la socialista Magdalena Valerio al mando, ya se aprobó la incorporación de 3.000 técnicos de orientación laboral para los Planes de Choque por el Empleo Joven y Reincorpora-T. Ahora, con este anteproyecto se pretende consolidar esos 3.000 temporales y sumar otros 4.000 entre todas las autonomías, para estabilizar una red de 7.000 tutores en todo el Estado.
Los servicios de empleo también tendrán la obligación de elaborar un “expediente laboral personalizado único” para cada usuario y, una vez que esté elaborado, en el plazo de un mes, deberán otorgarle un itinerario de inserción personalizado. Esta hoja de ruta definirá las potencialidades del usuario, aquellos sectores donde tiene más posibilidades de encontrar empleo y aquellos cursos o formaciones más recomendados.
Las personas en desempleo que accedan a partir de la aprobación de la ley a un servicio público de empleo tendrán garantizada una oferta de trabajo, como mínimo, al año. Y si al cabo de seis meses no le ha entregado ninguna, el organismo competente deberá justificar al parado por escrito la causa. Este conjunto de derechos irá acompañado también de obligaciones y, por ejemplo, los cursos de formación durante el desempleo tendrán carácter obligatorio salvo causa justificada.
Trabajadores de la minería.
La nueva ley de empleo amplía la lista de colectivos de atención prioritaria para las políticas de empleo en la que, además de jóvenes, parados de larga duración o mayores de 45 años, entre otros, añade a personas con capacidad intelectual límite, personas que sufren trastornos del espectro autista, migrantes, beneficiarias y beneficiarios de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas que pertenecen a minorías étnicas o personas trabajadoras que provienen de sectores en reestructuración, caso de la minería, dijo la ministra.
