Los Veintisiete han aprobado este lunes su posición común sobre la propuesta de directiva con la que Bruselas quiere promover “salarios mínimos adecuados” en la Unión Europea de forma que los trabajadores vivan dignamente dondequiera que trabajen. El acuerdo político, que no pretende obligar a los gobiernos a introducir salarios mínimos interprofesionales ni fija una cuantía mínima común y que se limitará a establecer mecanismos para revisar los sueldos al alza, ha salido adelante con el voto en contra de Dinamarca y Hungría y la abstención de Austria y Alemania (todavía espera al nuevo gobierno). El siguiente paso: negociar un acuerdo con el Parlamento Europeo.

Según la Comisión Europea, veintiún de los Veintisiete Estados miembros cuentan actualmente con salarios mínimos por ley, que oscilan entre los 332 euros mensuales de Bulgaria y los 2.202 euros de Luxemburgo. En seis países sin embargo -Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia- la protección del salario mínimo está garantizada exclusivamente por medio de convenios colectivos.

La UE parte de la base de que los países con una gran cobertura de negociación colectiva tienden a tener una proporción menor de trabajadores con salarios bajos, menos desigualdad salarial y unos salarios mínimos más elevados. De ahí la apuesta por la promoción de la negociación colectiva salarial. 

Para ello, los países donde la cobertura de la negociación colectiva no alcance al 70% de los trabajadores deberán elaborar un plan de acción para impulsarla. Además, con el fin de garantizar salarios mínimos legales adecuados, los Estados miembros que dispongan de los mismos tendrán que establecer criterios para fijarlos y actualizarlos de forma “estable y clara”. También tendrán que realizar actualizaciones periódicas y puntuales y su importe podrá ajustarse mediante mecanismos de indexación automática. Los seis países que no disponen de salarios mínimos, sin embargo, no estarán obligados a hacer ningún cambio.

Controles y sanciones

El acuerdo de los Veintisiete también incluye una serie de medidas para mejorar el acceso efectivo de los trabajadores a la protección que ofrece el salario mínimo como controles e inspecciones adecuadas, información fácilmente accesible, notificación de las normas sobre contratación pública existentes, derecho a la reparación y sanciones para los empresarios que no cumplan. Además, los Estados miembros tendrán que supervisar la cobertura y la adecuación de los salarios mínimos y se les pedirá que informen de forma bianual a la Comisión sobre la tasa de cobertura de la negociación colectiva, el nivel de los salarios mínimos legales y la proporción de trabajadores cubiertos por ellos. 

“No podemos aceptar que haya personas que ponen toda su energía en el trabajo y aún así viven en la pobreza y no pueden permitirse unos estándares de vida decentes”, ha advertido el ministro de empleo de Eslovenia y presidente de turno del Consejo, Janez Cigler. “Es un gran paso para permitir a todos los europeos vivir dignamente de su trabajo”, ha destacado la ministra francesa de empleo, Elisabeth Borne. “Esta propuesta de directiva entiende al fin que una Europa de y con futuro es incompatible con salarios bajos y condiciones de vida precarias”, ha celebrado la vicepresidenta española, Yolanda Diaz.

Pese a la negativa de húngaros y daneses a aceptar la posición común, el acuerdo ofrece la suficiente flexibilidad a los gobiernos para que salvaguarden sus respectivos sistemas nacionales, algo que insistentemente han reclamado desde el norte de Europa y que ha llevado a otros socios como Suecia a vota a favor. “Suecia ha logrado negociar un texto que supone que no tendremos que introducir una salario mínimo legal y que tendrá en cuenta el sistema sueco de formación de salarios”, ha dicho la ministra Eva Nordmark. Con el acuerdo político sobre la mesa y el mandato negociador de la Eurocámara aprobado hace casi dos semanas los colegisladores tienen luz verde para empezar a negociar un acuerdo definitivo.