El cúpula de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) demandó ayer al Gobierno regional “un golpe de timón” en las negociaciones que mantiene con los agentes sociales en busca de un nuevo pacto de “concertación”, ante el rumbo erróneo que, a juicio de la FADE, ha tomado el diálogo. “En las reuniones se sigue dibujando una concertación más centrada en el gasto, con medidas que no van enfocadas hacia al recuperación económica, cuando nos enfrentamos a un 2022 con numerosas incertidumbres”, transmitió ayer el Consejo Ejecutivo de la FADE.
La organización empresarial que preside María Calvo no se levanta de la mesa, pero deja entrever que podría apearse de un posible acuerdo si en los próximos días no se producen cambios de calado en el contenido de las conversaciones. “FADE aboga por una concertación volcada en la recuperación económica, una concertación con un mayor esfuerzo en la digitalización industrial, en la creación de nuevas empresas y en la supervivencia y el crecimiento de las ya existentes y en el mantenimiento de infraestructuras”, expresó la patronal a través de un comunicado tras la reunión de su Consejo Ejecutivo.
El texto continúa advirtiendo de que tales objetivos “no se están abordando decididamente en las negociaciones con el Gobierno asturiano y las organizaciones sindicales”. Y apostilla: “Esta situación es preocupante a juicio del órgano de gobierno de FADE, que considera que, aunque los plazos se acortan, aún hay tiempo para que el Gobierno dé un golpe de timón que enfoque la concertación hacia su fin primordial, que debe ser el progreso de Asturias”.
El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, había manifestado en fechas recientes su confianza en alcanzar pronto un nuevo pacto con patronal y sindicatos, negociación paralela a la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos Generales del Principado. Ayer, durante un acto en la Cámara de Comercio de Oviedo, Cofiño hizo un llamamiento al acuerdo y defendió el valor de la concertación como “una señal para inversores y emprendedores de que Asturias es tierra de pacto, no de conflicto”.
Las partes llevan apenas dos meses de conversaciones y, semanas atrás, algunas fuentes vislumbraban un acuerdo ágil sobre la base de un documento que, como adelantó este diario, en ese momento preveía movilizar 950 millones de euros en dos años y dar prioridad a cuestiones como el proceso de digitalización y la modernización del sistema de formación profesional.
El pasado martes, los principales negociadores del Gobierno asturiano, FADE, UGT y CC OO mantuvieron un encuentro donde los sindicatos defendieron refuerzos en las políticas sociales de la futura concertación. La organización ugetista aspira a que el Principado financie, entre otras medidas, un complemento salarial para los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). CC OO, por su parte, ha incorporado a sus peticiones que el Principado asuma, como ha hecho el País Vasco, la gestión de ingreso mínimo de inserción. El sindicato que lidera José Manuel Zapico considera que la autonomía está en condiciones de administrar más eficazmente esa prestación que el Ministerio de Seguridad Social. Hasta ahora, el vicepresidente Cofiño se ha mostrado remiso a que Asturias solicite la transferencia de esa competencia. .
En la documentación conocida sobre la nueva concertación no se concretan cifras relativas a la inversión en infraestructuras, un capítulo que a menudo ha tensionado procesos semejantes de negociación. Por el lado empresarial, la queja genérica es que los compromisos del Gobierno de Adrián Barbón se están escorando hacia aumentos del gasto en lugar de primar la inversión productiva. La FADE ha defendido en las conversaciones que la concertación impulse proyectos ambiciosos y singulares en materias como la digitalización y la adecuación de la formación a las necesidades de las empresas.
La patronal asturiana manifestó ayer también su “preocupación” por las negociaciones que mantienen el Gobierno central, la patronal CEOE y las cúpulas confederales de UGT y CC OO sobre la reforma laboral. “De los aspectos que se van conociendo se deduce que pueden suponer una vuelta de tuerca más en la actividad de las empresas, que ya han sufrido los efectos devastadores de la pandemia”, expuso la FADE. Y añadió: “Repercutir en los salarios la inflación coyuntural, y no la subyacente, lastraría enormemente la competitividad de las empresas y pondría en peligro el mantenimiento del empleo”.
