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Revocada casi la mitad del consejo de Caja Rural de Gijón, incluidos presidente y vicepresidente

La decisión afecta también al secretario del órgano | El vocal más veterano asume la presidencia en funciones de la cooperativa

Asamblea de Caja Rural de Gijón

Casi la mitad del consejo rector de Caja Rural de Gijón, incluidos sus hasta ahora presidente, vicepresidente y secretario, han sido revocados tras una asamblea celebrada a instancia del sector crítico que emergió hace un año en el seno de la cooperativa de crédito. Los ceses han sido ya inscritos en el Registro Mercantil, por lo que son firmes.

La medida afecta a cinco de los once miembros actuales del órgano gestor de la entidad financiera. Estatutariamente son doce pero hay una vacante. El órgano ha quedado integrado ahora por los seis vocales restantes. El consejero con mayor antigüedad en el órgano rector, José Manuel Gracia, ha asumido la presidencia en funciones.

Los relevados son José Javier Gómez Díaz, que había sido elegido presidente en octubre de 2020 para cuatro años y que era miembro del consejo desde 2018; Gonzalo del Castro Galán, vicepresidente desde 2016 y que fue reelegido también en octubre de 2020 para seguir desempeñando esta responsabilidad; Juan Manuel Alonso Riesgo (secretario del consejo) y los vocales Patricia Prada Fernández y Francisco Fernando Lara Torres. Los tres primeros formaban parte a su vez de la comisión ejecutiva.

El relevo es consecuencia de la fractura que se produjo en la tensa asamblea electoral de 2020. Tres socios de lo que entonces pasó a configurarse como sector crítico plantearon un juicio contra la caja gijonesa por el desarrollo de aquella convocatoria. El fallo fue favorable a la entidad.

No obstante, esos tres socios disconformes forzaron una nueva asamblea este otoño tras un decreto del juzgado de lo mercantil número 3 de Gijón que les reconoció la capacidad para convocar la “reanudación” de la asamblea de junio pasado, que se dio por “suspendida” y no finalizada. El decreto judicial otorgó la presidencia de este nuevo cónclave del órgano soberano de la institución financiera al consejero Carlos González Tuya.

La asamblea, cuya asistencia quedó constreñida exclusivamente a aquellos socios que hubieran participado en la del junio, votó y aprobó las dos propuestas planteadas por los convocantes: el ejercicio de una acción de responsabilidad social contra los consejeros que hubiesen votado a favor de la contratación del despacho jurídico Uría y Menéndez para la defensa de la entidad en el juicio ordinario que había sido planteado por los socios críticos y la revocación contra tales consejeros, incluido el presidente y el vicepresidente.

El conflicto deriva de la tensa asamblea electoral de 2020, en la que emergió un sector crítico

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Origen. El origen del disenso procede de la asamblea electoral del 3 de octubre de 2020, en la que se decidió la sucesión en la presidencia de Caja Rural de Gijón de Jesús Fuentes Villa, quien a sus 81 años no optó a la reelección tras doce años en el cargo. Fuentes había sido con anterioridad director general durante 40 años.

El consejo admitió como candidatos únicos a la presidencia y vicepresidencia a los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas José Javier Gómez Díaz y Gonzalo del Castro Galán, respectivamente. A ambos cargos pretendieron concurrir otros dos miembros del consejo rector: el empresario y vocal de la caja José Ramón Fiaño Rodríguez, que aspiró a la presidencia, y el veterinario y ganadero José Manuel Suárez Medina, también vocal, que se postulaba para la vicepresidencia.

El presidente saliente de la caja, Jesús Fuentes Villa, explicó en la asamblea electoral que José Ramón Fiaño había respaldado un acuerdo del consejo por el que se decidió –mediante voto secreto y por unanimidad– que este órgano propondría a la asamblea un candidato único como sucesor de Fuentes y que todos los demás miembros del consejo renunciarían a competir con el que resultase elegido por sus compañeros. Fuentes dijo que, una vez aceptado y firmado ese compromiso, Fiaño intentó competir con el proclamado (José Javier Gómez Díaz) recurriendo a la vía alternativa que permiten los estatutos: su propuesta por un colectivo de socios. Fiaño replicó que él no pidió a nadie su apoyo y que fue un colectivo de socios el que lo fue a buscar para proponerlo. Y argumentó que el compromiso que él había asumido de no optar a la presidencia si el consejo optaba por otro aspirante había sido para la asamblea electoral que se debía haber celebrado en junio de 2020, que fue pospuesta por la pandemia, y no –señaló– para la nueva convocatoria realizada para el mes de octubre. “La desestimación de mi candidatura no llegó a ser votada por el consejo”, denunció.

José Ángel Suárez Medina, integrante del mismo sector crítico y vocal también del consejo, denunció a su vez en aquella asamblea que no se le permitió postularse a la vicepresidencia. Fuentes Villa explicó que esa opción tuvo que ser desestimada porque Suárez Medina ya era candidato a repetir como vocal y que, según los estatutos de la caja, no se puede aspirar –dijo– a dos cargos a la vez.

Los presidentes saliente y entrante (Villa y Gómez Díaz ) dijeron en aquel cónclave que los socios molestos podían presentar impugnaciones y recursos ante la entidad y los organismos reguladores y que, “si tienen razón, se les dará y, si es así, se repetirá la asamblea”. Varios socios críticos argumentaron entonces que no puede haber decisiones o restricciones que se superpongan a la “decisión soberana de la asamblea”.

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