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La construcción asturiana critica los subsidios y pide margen legal para traer inmigrantes

El sector podría tener 20 años de actividad alta si se remueven obstáculos como la burocracia y la falta de trabajadores, destaca la patronal

Asistentes a la asamblea de la patronal CAC-Asprocon. | Ángel González

El sector asturiano de la construcción ha tenido un año favorable, con una ganancia de empleo de 900 personas y actividad al alza en la edificación residencial y en la rehabilitación de viviendas, los negocios más pegados a la iniciativa privada. Esa mejoría se puso de manifiesto ayer en la asamblea de la patronal CAC-Asprocon, celebrada en Gijón, donde también afloraron los lastres que, expuso el presidente de los constructores, Joel García, obstaculizan un despegue más intenso: el exceso de burocracia, las reglas de la contratación pública, el déficit de inversión de las Administraciones o las dificultades para encontrar trabajadores. En este último capítulo, García criticó la generosidad de los subsidios públicos, que en su opinión, “desincentivan” el interés por trabajar en la construcción, y demandó cambios en la legislación para facilitar la contratación de personal extranjero.

“¿Qué ocurre con los trabajadores, con los parados, con la gente que cobra el salario social? ¿Por qué no encontramos trabajadores?”, interrogó el presidente de los constructores al clausurar la asamblea. Añadió: “Hablo de que ni los planes de empleo de los ayuntamientos se cubren (los puestos ofrecidos). La culpa la tienen unas prestaciones sociales desmesuradas, que desincentivan no sólo las ganas de trabajar sino, lo que es peor, las ganas de formarse para encontrar empleo”. García aludió a una información reciente sobre EE UU: “Leíamos que en Estados Unidos, desde que se dan prestaciones, más de cuatro millones de personas han dejado de trabajar; rápidamente la administración norteamericana ha detectado el problema y está reduciendo esas prestaciones, algo que parece que debería ser elemental también en Europa”.

El líder de los constructores enlazó entonces con la legislación sobre emigración. “Si los parados no están en disposición de trabajar, al menos permítannos ustedes ablandar la ley de emigración para poder traer extranjeros, o de lo contrario se van a encontrar con una escalada de precios en la construcción muy superior a la de la electricidad”, dijo. Y recordó que el sector ha puesto “su grano de arena para afrontar la situación”: un convenio con el Principado para la inserción de beneficiarios del salario social a través de la Fundación Laboral de la Construcción.

En presencia del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, Joel García demandó “una gestión rigurosa de los recursos públicos” y se quejó de “un sistema burocratizado que nos pone en jaque cada día a las empresas”. El presidente de los constructores instó a los políticos asturianos a aprobar unos presupuestos que tengan como “dirección clara la recuperación económica”. Reclamó más inversión del Principado y, en especial, “que la ejecución presupuestaria sea superior al 90%”. “La pandemia no puede justificar la inoperancia”, expresó.

Joel García subrayó, por el lado positivo, que el sector, con 26.000 ocupados (incluidos los autónomos), ha superado ya los niveles de empleo de 2012 y que las perspectivas son favorables, particularmente si los nuevos fondo europeos se gestionan adecuadamente. “Este sector no sólo va a tener trabajo para los próximos tres años, sino que me atrevo a augurar que va a mantener el empleo durante un par de décadas”, apostilló.

El consejero Alejandro Calvo subrayó la fortaleza de las empresas de la construcción y su aportación a la recuperación económica. Y defendió, en respuesta a las opiniones de Joel García sobre los subsidios públicos, que las cuentas regionales se escoren hacia “la mejora de las condiciones de vida de quienes peor lo están pasando”.

Los empresarios piden mayor inversión en la recta final de la concertación social

Las cúpulas de CC OO y UGT mostraron ayer su disposición a firmar el nuevo acuerdo de concertación social con el Gobierno regional y con la patronal FADE. El documento que manejan las partes prevé movilizar 982 millones entre 2022 y 2023, con capítulos para la inversión y el apoyo a las empresas y otros destinados a reforzar la sanidad y las prestaciones sociales. El pacto estaba ayer pendiente de la respuesta del Principado a varias demandas de los empresarios para elevar el capítulo inversor, incluida la obra pública. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, señaló a última hora de la tarde que esa petición había sido atendida, si bien no precisó el alcance de las inversiones comprometidas. La presidenta de FADE, María Calvo, comentó que su organización seguía pendiente de cerrar con el Principado cuestiones relativas al nivel de inversión de la concertación y a otros capítulos, como la política de innovación. Por el lado sindical, también quedaba ayer algún asunto pendiente. El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, afirmó que su organización “insistirá hasta el último minuto” para que se incluya que Asturias asuma la competencia de la gestión del llamado ingreso mínimo vital (versión estatal del salario social), ya que “la tramitación por parte del Gobierno central ha supuesto que se haya dejado sin ejecutar mil millones de euros”. “Creo que aquí se puede hacer mucho mejor”, recalcó Zapico. Javier Fernández Lanero, líder regional de UGT, apuntó que faltan algunos flecos en la negociación entre la FADE y el Gobierno para alcanzar un acuerdo que “podría concretarse en las próximas horas”, aunque se debería posponer la firma oficial, quizá al próximo año, cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, se recupere totalmente de su actual situación tras haberse contagio del covid.

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