La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, rastrea los movimientos de dinero de las empresas que compraron a la multinacional Alcoa dos fábricas de aluminio, una en Avilés (Asturias) y otra en A Coruña (Galicia), para determinar el destino de 1.150.000 euros transferidos a una cuenta de la entidad financiera Sparkasse Schwyz, radicada en Suiza, según la documentación recabada por El Periódico de España.

Esta redacción ha tenido acceso a un escrito presentado el pasado 15 de diciembre por la representación legal de Alcoa Inespal, que como persona jurídica fue objeto de la querella que dio inicio al procedimiento en la Audiencia Nacional, en el que la multinacional norteamericana comunica a la instructora que no dispone de información sobre esta transferencia. En concreto, el pago fue realizado por la firma Alu Holding AC Spain a favor de una cuenta de la que es titular la sociedad Blue Motion Technologies AG, sociedad instrumental con la que el suizo Grupo Parter adquirió las fábricas de Galicia y Asturias.

De esta forma responde Alcoa al requerimiento que le realizó María Tardón mediante un auto de 13 de diciembre de 2021 en el que pedía que se aportara un documento en el que consta un supuesto acuerdo de fecha 27 de julio 2019 en virtud del cual se movía el dinero a Suiza.

No eran sociedades de Alcoa

La multinacional explica a la magistrada que la transferencia que ahora rastrea la realizaron dos sociedades pertenecientes al Grupo Parter, que no fueron nunca propiedad de Alcoa, y sobre cuyas cuentas tampoco tenía ningún conocimiento: "Ninguna de esas cuentas estaba en el ámbito del Acuerdo sobre servicios de transición (TSA). Unido a ello, desconocemos a qué pueda referirse el 'acuerdo de 27 de julio de 2019' que, desde luego, no ha sido firmado por Alcoa Inespal”, concluye el escrito.

Tardón ya ordenó a los directivos del Grupo Industrial Riesgo que están imputados en el 'caso Alcoa' que restituyeran "las cantidades detraídas por importe total de 13.000.000 euros con origen en las pólizas de crédito suscritas por las sociedades titulares de las plantas de producción", según consta en un auto de 28 de septiembre, adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En la resolución la magistrada especificaba que el "único destino" que debería tener este dinero era "garantizar la existencia de fondos para financiar las operaciones de circulante propias de la actividad de las plantas".

En su búsqueda de estos fondos, la instructora se ha topado con la Fiscalía de Suiza, que no ha querido colaborar con la Audiencia Nacional para encontrar el dinero desaparecido en el proceso de reventa de Alcoa en abril de 2020, tal y como adelantó La Información.

Venta de dos fábricas

El denominado 'caso Alcoa' se inició a raíz de que la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) interpusiera una querella en la Audiencia Nacional después de que la multinacional Alcoa Inespal SL vendiera por un dólar dos fábricas que tenía en Asturias y Galicia al fondo de inversión suizo Parter Group, que pocos meses después traspasó el 75% de las acciones de la firma adquirida al Grupo Industrial Riesgo por 13 millones de euros.

Sin embargo, los fondos que utilizó esta última sociedad para comprar las plantas de Avilés y A Coruña, que ahora son dos empresas denominadas Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC, fueron prestados por los propios centros de producción de aluminio, entonces en poder del fondo de inversión de la Confederación Helvética.

Compraron criptomedas

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que investigan una presunta estafa en la venta de dos fábricas de Alcoa Inespal SL (ahora Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC) consideran que los nuevos dueños de ambos centros de producción de aluminio utilizaron sociedades interpuestas para comprar criptomonedas y sustraer capitales y patrimonio, según consta en un informe de 19 de julio.

Alcoa Inespal SLU defiende que el proceso de venta de las plantas de Avilés y A Coruña "fue promovido, supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el apoyo de las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia y los representantes de los trabajadores". "El hecho de que Parter vendiera la mayoría de sus acciones de Avilés y La Coruña a GIR", prosigue una portavoz de la multinacional, "fue un incumplimiento de contrato, por lo que Alcoa ha demandado a Parter por no cumplir el contrato".