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Crecen las empresas “zombis” en Asturias por las trabas para solicitar la quiebra

La dificultades para acceder al concurso cargan a las compañías de deudas que infectan a los acreedores, alertan FADE y los administradores

Palacio de Justicia de Oviedo

Las restricciones derivadas de la pandemia para que empresas en apuros económicos soliciten el concurso de acreedores están haciendo proliferar en Asturias un tipo de compañía que es incapaz de afrontar sus gastos por sus exiguos ingresos o porque directamente no tienen ya actividad. Son empresas conocidas como “zombis”, inviables. Tanto los administradores concursales como la patronal asturiana FADE alertan de que esa especie de compañías está creciendo con fuerza en el Principado. Y advierten de que es necesario cortar la hemorragia lo antes posible porque, como señalan Carlos Caicoya y Alfonso Graíño, vocales de la junta directiva de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), tales empresas “están infectando a otras sanas”. Estos profesionales dicen tener claro además que la ley concursal que está preparando el Gobierno no ayudará a reparar la herida porque omite una de las principales demandas de las patronal: la exoneración de deudas públicas.

El Ejecutivo nacional decidió al comienzo de la pandemia aprobar una moratoria concursal. Uno de los objetivos iniciales de este periodo de gracia –que en noviembre decidió ampliarse hasta el próximo 30 de junio– era evitar un colapso en los juzgados. El Ministerio de Economía entendía además que de esta forma se daba oxígeno a compañías que a medio plazo podían ser viables, pese a las dificultades a corto plazo por la pandemia.

Había un motivo más: el Ministerio de Justicia estaba preparando un cambio completo en la ley concursal que, por lo que se va conociendo ya, no convence a las empresas. Ignacio García, director de apoyo corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), asegura que el concurso de acreedores, tal y como está planteado ahora mismo, supone el cierre para el 90% de las empresas. Porque, sostiene García, “no hay medidas que permitan una reestructuración”. La ley en elaboración decepciona a los empresarios, quienes esperaban que, como en otros países europeos, la regulación incluyera la posibilidad de exoneración completa de deudas acumuladas con la Seguridad Social y Hacienda, para reflotar la actividad, como ya ocurre con los débitos a acreedores privados.

El Gobierno ha evitado finalmente la opción de una condonación completa de tales deudas públicas, limitándose a establecer un límite de mil euros en el caso de Hacienda y de otros tantos cuando el acreedor es la Seguridad Social.

La representación de los empresarios asturianos asegura no entender que no se considere legalmente un tipo de exoneración que resulta “esencial” para la supervivencia de actividades en aprietos. “No se trata de que las empresas no paguen; se trata de que tengan una oportunidad para seguir viviendo”, señaló Ignacio García. Y añadió: “No entendemos por qué el empeño en tratar siempre peor a la empresa en dificultades”.

Los administradores concursales presentaron numerosas alegaciones al proyecto de ley, pero con escaso éxito, expone Caicoya. Y opina que la limitada exoneración de deudas públicas que incluirá la futura normativa “no servirá de nada” e impedirá que muchas compañías “que son viables tengan una segunda oportunidad”. La nueva regulación, añade, también debilita la figura del administrador concursal al prever que “sea el propio deudor quien liquide sus activos”. La ley justifica ese cambio para que los procesos concursales sean más rápidos y fluidos, y evitar así que se colapsen los juzgados una vez que se levante la moratoria.

Las empresas sostienen que el atasco judicial será inevitable. Al final, alerta Carlos Caicoya, las trabas regulatorias hacen proliferar un buen número de “empresas zombis que está infectando a otras compañías, y eso hay que cortarlo”. A lo que Ignacio García añade: “El problema es el enorme efecto multiplicador de la insolvencia, una bola de nieve que muchas veces arrastra a otras empresas al abismo”. FADE y los administradores concursales firmaron hace unas semanas un pacto para analizar las posibilidades de refinanciación de empresas en crisis.

Si bien el Gobierno ha establecido diversas salvaguardas para evitar que la presentación de los concursos acabe por colapsar los juzgados –ha modificado los umbrales para poder solicitar la quiebra, ha reducido la capacidad de los acreedores de forzar el concurso de un cliente y ha dado apoyo financiero a los deudores–, a los juzgados asturianos continúan llegando peticiones de suspensiones de pagos. La mayoría de las empresas asturianas abocadas al concurso tienen un perfil concreto: más de la mitad tiene más de seis empleados y deudas superiores a los 300.000 euros; la antigüedad media supera los 12 años; suelen pertenecer sector servicios, y más de un 25% tiene capacidad suficiente para amortizar sus deudas en menos de diez años.

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