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Asturias habilita un canal de denuncia para prevenir fraudes con los fondos europeos

El Principado se compromete a establecer “potentes controles internos” que eviten corrupciones y otras ilegalidades con el dinero de la UE

Sede administrativa del Principado en Llamaquique (Oviedo) MIKI LOPEZ

La llegada de los nuevos fondos europeos (Next Generation EU) lleva aparejada obligación de las Administraciones de desplegar mecanismos de seguimiento para prevenir y en su caso investigar y perseguir las situaciones fraudulentas que puedan darse en la gestión y uso del dinero procedente de la UE. El Principado acaba de engrosar la lista de regiones que ya se han dotado de un plan de control y su programa incluye, al igual que otros semejantes, la creación de un canal de denuncias para que empresas, instituciones y ciudadanos en general puedan informar sobre comportamientos irregulares o supuestamente fraudulentos relacionados con los citados fondos europeos.

El plan de medidas antifraude del Principado supone, según una resolución del Consejo de Gobierno, “una decidida apuesta por la prevención y la detección como la mejor técnica de lucha contra el fraude y la corrupción (...) mediante el desarrollo de una cultura ética, la realización de evaluaciones o mapas de riesgos de fraude, la existencia de potentes sistemas de control interno, el establecimiento de canales de denuncia antifraude y la gestión de los conflictos de intereses”.

El documento confeccionado por la Consejería de Hacienda –en cumplimiento de un mandato de las autoridades europeas incluido en los compromisos adquiridos por España para acceder a las ayudas comunitarias– enumera varias de las conductas ilícitas que el plan trata de evitar: uso de información privilegiada, obtención fraudulenta de licitaciones, presentación de declaraciones y documentos falsos para optar a los repartos de dinero o el desvío de tales fondos a fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio.

Prevenir. El plan asturiano habla de “reducir las posibilidades de cometer fraude mediante la implantación de potentes sistemas de control interno, junto con una evaluación de riesgo proactiva, estructurada y específica”. En este capítulo se alude al control que ejercerá la Intervención General del Principado, órgano fiscalizador de la actividad económica y financiera de la Administración. Se desplegará asimismo un programa de formación específico para los funcionarios sobre la gestión de los fondos europeos, “con especial atención a la evaluación, prevención, detección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés”. Y se incorporan al plan las normas ya existentes en materia de reglas de conducta de los empleados públicos, altos cargos y miembros del Gobierno. El texto recuerda, por ejemplo, que, conforme a una ley regional vigente desde 2018, empleados y altos cargos “rechazarán cualquier regalo, donación remuneratoria, favor o servicios” que se les puedan ofrecer por razón de sus responsabilidades. Para las personas, las empresas (incluidas las subcontratas) y otros potenciales beneficiarios de los fondos, el plan antifraude establece la obligación de firmar una “declaración de compromiso” con los “estándares más exigentes” sobre ética y cumplimiento de la ley. Deberán aportar también información detallada sobre los perceptores de los fondos y sus planes para desarrollar los proyectos financiados.

Denunciar. El Principado creará “un canal electrónico denominado ‘Canal de lucha contra la corrupción' cuya gestión corresponderá a la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción”. De manera inmediata, añade el texto, se habilitará una dirección de correo electrónico en la Inspección General de Servicios del Principado para recibir “consultas, quejas, reclamaciones administrativas...”. El referido canal “garantizará” la confidencialidad de la identidad del denunciante, al que se responderá en un plazo inferior a los tres meses.

Perseguir. En el supuesto de que los controles internos, la investigación de denuncias u otras pesquisas hallen rastros de actividad ilegal, fraude o corrupción, el Principado, según el tipo de situaciones, comunicará los hechos al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, iniciará expedientes internos para depurar responsabilidades y presentará denuncias ante la fiscalía y los tribunales competentes “en los casos oportunos”. “Cuando proceda, se tramitará la recuperación de fondos que hayan sido objeto de apropiación indebida o que hayan sido vinculados con un potencial fraude o corrupción”, apostilla el documento del Gobierno asturiano.

Yolanda Díaz da 9 millones a cuatro regiones sin contar con las demás

Una asignación directa de fondos europeos firmada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha desencadenado un enfrentamiento entre las comunidades gobernadas por el PP y el Gobierno central, al que acusan de “arbitrariedad” en la asignación del dinero. El choque lo inició el ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, al anunciar una demanda judicial contra el reparto de 9 millones de euros a favor Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco. Las tres primeras comunidades están gobernadas por el PSOE, y el ejecutivo vasco pertenece al PNV, socio parlamentario de Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. Se trata de subvenciones para programas de promoción del empleo entre colectivos vulnerables y, en algún caso, focalizados en zonas afectadas por la despoblación. La concesión del dinero, con cargo al llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -programa financiado con los nuevos fondos europeos-, se realizó por adjudicación directa, sin abrir un proceso de concurrencia competitiva ni convocar un reparto general entre todas las regiones. El equipo de Díaz Ayuso ha promovido un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo que se fundamenta en el hecho de que el decreto de la Vicepresidenta pasa por alto el sistema de “cogobernanza” de los fondos pactado con las autonomías a través de las llamadas conferencias sectoriales. Los ejecutivos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y de Alfonso Fernández Mañueco Castilla y León, ambos del PP, han enviado requerimientos al Gobierno central para que revoque la decisión de Díaz. El Gobierno asturiano expresó ayer que su prioridad es “aprovechar lo mejor posible los fondos”. Y el vicepresidente, Juan Cofiño, vinculo la denuncia de Ayuso a la situación interna del PP: “Está instalada en su lucha de poder frente a Casado y a eso responde su postura respecto a los fondos europeos; aprovecha ese asunto para ganar notoriedad en su batalla frente al presidente de su propio partido”. 

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