La renuncia consecutiva de dos de los expertos que formaban parte del comité al que el Gobierno ha encargado un informe previo a la cercana reforma fiscal ha dejado al aire la existencia de discrepancias de calado en un órgano asesor que, formado en origen por 17 miembros, debe presentar sus conclusiones al Ministerio de Hacienda en un mes. Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, ha formalizado su dimisión esta semana. Antes, en diciembre, lo hizo también su colega vasco Ignacio Zubiri.
Ambos expertos confirmaron a este diario que han abandonado el comité de expertos. Ambos también evitaron concretar en este momento qué discrepancias con la orientación del trabajo de la comisión los ha movido a tomar tal decisión. Monasterio y Zubiri explicaron que expresarán sus posiciones una vez que haya concluido la labor del órgano que preside Jesús Díaz-Huerta, catedrático emérito, y se haga público el informe final.
Varias informaciones periodísticas que citan fuentes de la Administración han vinculado las tensiones en el comité de expertos con presiones del Ministerio de Hacienda para que el dictamen de los expertos incida en la armonización de la fiscalidad autonómica y en el desarrollo de los impuestos verdes. Otras fuentes consultadas aludieron a diferencias de “criterio profesional” entre los expertos tanto sobre la metodología de trabajo como sobre las propuestas de reforma que se plantearán a Hacienda.
La citada comisión tiene la encomienda de hacer un informe que inspire una reforma general del sistema tributario para “adaptar el sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”.
La elaboración y aprobación de esa reforma es uno de los compromisos que ha asumido el Gobierno con la UE como condición para la llegada de los nuevos fondos comunitarios (Next Generation).
El Gobierno ha expresado ya su propósito de ir a una reforma que refuerce la recaudación –España es uno de los países europeos que menos recauda en relación a la riqueza generada (PIB)– y que aborde cuestiones como la armonización de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, capítulo donde tienen competencias las autonomías y en el que hay grandes diferencias de presión fiscal entre unas y otras. Tal armonización ha sido rechazada de antemano por Madrid, donde no se tributa por Patrimonio y apenas por Sucesiones.
