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Congreso de los Diputados

El Gobierno bloquea la tramitación de la ley de fondos europeos

El proyecto de ley lleva un año empantanado en el Congreso de los Diputados y ya encadena 38 pórrogas del plazo de presentación de enmiendas

Nadia Calviño y Yolanda Díaz.

Se va a cumplir pronto un año desde que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el real decreto ley del Gobierno para la gestión de los fondos europeos. Los socios del Gobierno prestaron sus votos para la aprobación del real decreto ley a cambio de una condición: que después se tramitara como proyecto de ley con el fin de abrir oportunidad a la introducción de enmiendas. Así, toda la Cámara votó el 28 de enero de 2021 a favor de la tramitación como proyecto de ley del real decreto. Pero los grupos políticos que forman parte del Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- llevan un año bloqueando su tramitación con la estratagema de ampliar una y otra vez el plazo de presentación de enmiendas.

Los representantes en la Mesa del Congreso de PSOE y Unidas Podemos han hecho uso de su mayoría para encadenar, de momento, hasta 38 prórrogas del plazo de presentación de enmiendas parciales (el actual vence el 2 de febrero). Y todo ello para desesperación del resto de grupos políticos que esperan una oportunidad para defender cambios en el articulado que, desde sus respectivos puntos de vista, deberían servir para mejorar la gestión de los fondos europeos que, hasta el momento, adolece de cierto retraso en la convocatoria de ayudas e inversiones. Desde el grupo socialista se limitan a señalar que, en este momento, tienen otras "prioridades", informa Juanma Romero.

Competencias autonómicas

Sobre todo, esperan su turno grupos nacionalistas o independentistas que apoyan al Gobierno -como PNV y ERC-, a la espera de enmendar la ley en la dirección de dotar de más competencias a las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos. También espera su turno el Grupo Popular, para volver a llevar al pleno del Congreso el debate sobre su propuesta principal: la creación de una autoridad independiente del Gobierno que lidere la gestión de los fondos. “No tiene sentido que un proyecto de ley que, por acuerdo del Parlamento, se tramitó por la vía d urgencia, haya pasado más de un año pendiente de que se cierre el plazo del trámite de enmiendas", remata la portavoz económica del PP, Elvira Rodríguez.

La crítica del PP coincide con la ofensiva que, con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, está lanzando el partido ante la opinión pública y los tribunales contra los criterios que el Gobierno está siguiendo para el reparto de los fondos europeos entre las autonomías. Ayuso ya ha anunciado un recurso ante el Supremo solicitando para que se anule el reparto de 9 millones de euros que "de manera arbitraria" a cuatro comunidades para subvenciones de empleo. Después de eso, el líder del PP, Pablo Casado, ha defendido que haya comunidades gobernadas por su partido como Madrid y Galicia y decenas de municipios que se movilicen e incluso recurran a los tribunales la "discrecionalidad" y el "reparto a dedo" de los fondos europeos porque, a su entender, lo que está ocurriendo "es un escándalo" y que la actuación del Gobierno "puede llevar a la corrupción". "Se cree el ladrón que todos son de su condición", es la respuesta con la que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha terciado en la polémica, tirando de refranero.

Lenta ejecución

El retraso en la tramitación del proyecto de ley no impide, lógicamente, que las medidas del real decreto ley se estén aplicando desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de diciembre de 2020. En él se reducían plazos y papeleos y se crearon los proyectos estratégicos Perte como nueva figura de colaboración público privada para combinar inversión de las administraciones y de las empresas. Todo eso se está aplicando desde el 1 de enero de 2021, pero algunos grupos políticos ven en el bloqueo de su tramitación parlamentaria como proyecto de ley el miedo del Gobierno a 'abrir el melón' de cesión de mayores competencias a las autonomías en la gestión de los fondos. También desde una óptica empresarial se apunta que una mayor capacidad autonómica en el perfilado final de las convocatorias de subvenciones e inversiones ayudaría a que el efecto de los fondos llegara antes y con mayor plenitud al sector privado.

"Claramente, es una maniobra dilatoria que rozaría el filibusterismo. No solo con esta ley, hay muchísimas más", se queja el diputado de ERC Joan Capdevila. Está convencido de que la demora que está promoviendo la coalición PSOE-Unidad Podemos tiene que ver con una "voluntad recentralizadora", contraria al "principio de subsidiariedad", que -desde su punto de vista- redunda en una menor eficiencia a la hora de gestionar los fondos europeos. "Eso hará que el dinero de los fondos europeos no permee hacia los autónomos y las pyme", vaticina.

Según la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, el decreto en vigor "era para eliminar cuellos de botella para la gestión de los fondos europeos, simplificar la carga administrativa, burocrática y normativa que permitiera una rápida ejecución de las ayudas y proyectos con cargo a los fondos, y lo que hemos visto hasta ahora es una lenta ejecución que en parte se debe a estos problemas". La diputada vasca se queja de que "no solo este decreto, sino en muchos otros que están bloqueados en la Mesa, hurtando el derecho de los grupos a mejorar o enmendar lo previsto en ellos" y añade que "una lenta ejecución puede lastrar el crecimiento económico ya que este está basado en los fondos europeos".

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