El “núcleo” de la última reforma de las pensiones supone “un paso atrás en términos de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas”, según el criterio del asturiano Ángel de la Fuente y de otros dos economistas ligados a la Fundación de Economía Aplicada (Fedea), autores de un informe en el que también se afirma que decisiones como la promovida por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de sacar del sistema de pensiones lo que considera “gastos impropios” (bonificaciones de cuotas, políticas de empleo...) y traspasarlos a los Presupuestos Generales del Estado “cambia el agujero de sitio, pero ciertamente no lo cierra y podría tender a aumentarlo si sirve para transmitir a la ciudadanía la impresión de que no hay ningún problema con el sistema de pensiones”.
El texto que firman De la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez pone el foco sobre el llamado “mecanismo de equidad intergeneracional”, ideado por el Gobierno para amortiguar el aumento esperado del gasto en pensiones en el futuro ante la cercana jubilación de los españoles de las generaciones del “baby boom”, que tensará las costuras financieras del sistema hasta mediados de siglo. Ese mecanismo consiste en una subida transitoria de 0,6 puntos en las cotizaciones de los trabajadores en activo durante el periodo comprendido entre 2023 y 2032 y cuya recaudación nutrirá un fondo que podrá usarse desde 2033 para ayudar a pagar las prestaciones. “Una subida de seis décimas de las cotizaciones sociales generará previsiblemente unos ingresos anuales en torno al 0,20% del PIB, lo que supondrá unos 2.200 millones de euros, una cuantía muy inferior a la que sería necesaria para restaurar la sostenibilidad del sistema”, escriben los expertos de Fedea, organización que tiene a bancos y aseguradoras entre sus patronos.
El gijonés Ángel de la Fuente, director de la fundación, y sus colegas recuerdan, como referencia, que el déficit del sistema de pensiones fue en 2019 de unos 16.600 millones, desfase “que previsiblemente tenderá a aumentar con el tiempo como resultado del rápido proceso de envejecimiento que estamos experimentando”. Y continúa el texto: “No está claro que el sistema de pensiones no vaya a presentar déficit durante el período 2023-2032, con lo que el fondo de reserva podría verse anulado, parcial o totalmente, por una acumulación de deuda que lo dejaría prácticamente sin sentido”.
El documento añade que la contribución del citado mecanismo a la equidad intergeneracional “es más que dudosa”. “Puesto que la única medida cierta y claramente especificada (...) es un incremento de las cotizaciones, la nueva normativa tiende a perjudicar a las cohortes más jóvenes, que son precisamente las que merecerían un respiro dado que su menguante tamaño en relación con el stock de jubilados exigirá un aumento significativo de su carga fiscal”, advierten los autores.
El referido mecanismo de equidad intergeneracional ha sustituido al “factor de sostenibilidad”. Incluido en la anterior reforma del PP, suponía vincular el importe de las pensiones iniciales de los nuevos jubilados a la evolución de la esperanza de vida a partir de 2023. En la práctica, la aplicación de ese factor suponía un recorte en las prestaciones que algunos estudios sindicales han llegado a cifrar hasta en el 20%.
