Son días calma en el Congreso. La calma que precede a la tempestad. Cuando empiece febrero, el periodo ordinario de sesiones, los grupos parlamentarios se van a enfrascar en un ciclo trepidante y agotador de leyes que aprobar. Habrá normas emblemáticas y otras que no ocuparán un solo titular. Las primeras generan una presión enorme en los portavoces porque son las que negocian directamente y las que deben explicar en público; son las que marcan, a veces, el futuro electoral. Las segundas generan, básicamente, muchas horas de trabajo. Las primeras afectan a una docena de diputados. Las segundas, a cientos. Vienen meses muy duros.
Las normas emblemáticas serán, al menos hasta junio de este año, la reforma laboral, la que sustituya a la ley mordaza y la ley de vivienda (siempre y cuando el Gobierno no opte por dormirla en el trámite parlamentario, lo que de momento descartan fuentes socialistas). Sólo una de esta terna tiene el camino más o menos despejado. La ponencia encargada de derogar la legislación de seguridad ciudadana del PP se reunió en sesión doble este miércoles y es probable que en dos semanas esté el dictamen hecho.
Sin embargo, la reforma laboral se ha metido en un laberinto y la ley de vivienda se asoma a un terreno embarrado. Por ahora, el barrizal se ve lejos, pero las fuentes de los aliados parlamentarios del Gobierno llevan días advirtiendo. El anteproyecto de ley de vivienda no les gusta nada, y es un asunto crucial. En las principales ciudades, Madrid y Barcelona, vivir se ha vuelto demasiado caro y urgen medidas, sobre todo encaminadas a controlar los precios de los alquileres, aspecto que precisamente no ven en el plan normativo del Gobierno. Empieza a ser apremiante esta ley porque la legislatura ha rebasado el ecuador y el tiempo vuela. Y la alternativa, la derecha, según argumentan, está cada vez más fuerte.
Que en el Gobierno son conscientes de que el precio de la vivienda se ha vuelto un problema es evidente. Lo explican dos hechos: que PSOE y Unidas Podemos hayan dejado claro que su proyecto seguirá adelante a pesar de las reticencias del Consejo General del Poder Judicial y la premura con la que el Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda para los jóvenes, este mismo martes.
La medida, sin embargo, no ha caído con buen pie en el Congreso, lo que ha reforzado el despecho de los aliados hacia las intenciones del Ejecutivo en materia de vivienda, y en concreto, de alquiler. Ninguno de los grupos consultados, que son ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, resaltan sus fuentes, está a favor. Exigen que antes que el bono, llegue la ley. Y no la ley que está sonando en los aledaños del Consejo de Ministros, sino una más ambiciosa. PDeCAT la rechaza por otros motivos, según han apuntado las fuentes de esta formación.
Superar el truco del limbo de enmiendas
La negociación de la reforma laboral llegará a su fin previsiblemente a primeros de febrero. Son las pretensiones de la coalición, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, pues ninguno de los dos partidos quieren que se abra en el Congreso un procedimiento de negociación como consecuencia de que el decreto se convierta en proyecto de ley. Para ello ha de superar dos votaciones el mismo día, en el mismo pleno: la primera para convalidar o derogar dicho decreto; la segunda, si es convalidado, para decidir si se tramita como proyecto legislativo, lo que abre la puerta a cambios. Y el decreto no lo quieren cambiar. La patronal ha advertido de lo que hará si eso sucede: se caerá del acuerdo.
La búsqueda de apoyos está tan alambicada, dada la aritmética actual, que no hay asunto que conquiste la atención con parecida intensidad. Sin embargo, cuando acabe, dentro de dos semanas, surgirá otro: la ley de vivienda.
La estrechez de los tiempos no será tan tajante porque no será un decreto, sino un proyecto, lo que implica un proceso diferente. Uno de los riesgos que ven los aliados es precisamente ése: que la urgencia se difumine. Puede ocurrir que el texto se quede en el limbo de las prórrogas de enmiendas, semana a semana, y no haya visos de que salga. Hay proyectos y proposiciones que llevan así más de un año. ¿Se puede permitir el Gobierno congelar la norma mediante esta ardid? Las fuentes esperan que no. Las fuentes socialistas, por su parte, preguntadas al respecto, destacan que la ley tiene que aprobarse sí o sí.
Desde luego los aliados ejercerán presión para que la ley no se olvide. Y si logran su propósito, presionarán para cambiarla. Es urgente, coinciden las fuentes, más que el bono joven de ayuda al alquiler. En EH Bildu consideran que empezar por el bono es "empezar la casa por el tejado". "La secuencia debe de ser al revés. Regular primero los alquileres y después otorgar las ayudas para que los propietarios no puedan aprovecharse de la situación", insisten las fuentes del grupo abertzale, que recuerdan que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en su segunda legislatura, "aplicó un bono similar y las consecuencias no fueron buenas".
Ayudará al final a los caseros
En ERC y EH Bildu coinciden en la lectura. Esa ayuda de 250 euros, en último extremo, favorecerá a los propietarios, pues subirán el precio de los alquileres. En similares términos se pronuncia Joan Baldoví tras ser preguntado por este medio. Las fuentes de Esquerra opinan que es una medida cuya efectividad dependerá de la generosidad del casero.
El Gobierno aprobó este martes un real decreto (al no ser decreto ley no necesita convalidación del Congreso) que establece esa ayuda de 250 euros para menores de 35 años que alquilen inmuebles de 600 euros o habitaciones de 300, precios que en las ciudades más pobladas de España sencillamente no existen, siempre y cuando la estancia sea digna y/o salubre. Las cuantías pueden aumentar si la comunidad autónoma así lo aprueba; al fin y al cabo la competencia es autonómica.
Las fuentes de EH Bildu dudan de la eficacia de la iniciativa: "Teniendo en cuenta que en el Estado español hay cerca de tres millones de jóvenes menores de 35 años, el Gobierno calcula que la medida solo podrá 'beneficiar' a unos 60.000-70.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad".
Más País, a criterio de sus fuentes, ve el bono "un mal parche" y ahonda en el argumento principal que configura la oposición de los aliados del Gobierno a la medida: "Sin una ley de vivienda seria que permita regular precios del alquiler como se ha hecho en Alemania, en Suecia o en Francia, los bonos al alquiler son una subvención a los caseros que paga toda la sociedad", insisten.
Ni Unidas Podemos contenta del todo
Ante todo, por tanto, tiene que estar en vigor la nueva ley, y dentro de ella "mecanismos eficaces para regular precios en zonas tensionadas, mayor inversión en vivienda pública y aplicación en todo el territorio nacional", sostienen las fuentes del partido que lidera Íñigo Errejón.
También coinciden los aliados en la necesidad de que haya topes a los alquileres, como ha hecho Cataluña. El Parlament aprobó una norma que faculta a los ayuntamientos con zonas tensionadas que se limiten las subidas según el índice de precios hecho por una instancia de la Generalitat. El Gobierno transmitió su contrariedad por el alcance de la medida, pero dejó en suspenso el recurso de inconstitucionalidad.
En su anteproyecto el Gobierno es más tímido. Habrá índice de precios de referencia, pero no impone la limitación. Dependerá de la comunidad autónoma y del ayuntamiento correspondiente, que además podrán aprovecharse de un periodo de decalaje para la regulación de precios de 18 meses.
Ni Unidas Podemos está del todo contenta con la redacción porque hace un mes anunció que entre sus enmiendas a la ley (es ya llamativo que presente enmiendas a un proyecto del Gobierno siendo partido del Gobierno) figurará la reducción de ese periodo a tres meses. Cabe recordar, además, que a mediados de diciembre el pleno del Congreso rechazó la admisión a trámite de una proposición de ley de vivienda suscrita por los aliados parlamentarios, a cuyo apoyo se sumaron los diputados "morados". El PSOE no, y eso fue letal, porque efectivamente la iniciativa quedó aparcada.
Como dice una fuente, entre unas cosas y otras la ley se va retrasando. Y si cuaja ese periodo de 18 meses, no habrá regulación de precios hasta, quizá, terminada la legislatura. "Y puede que en algunas comunidades ni se haga. ¿Lo van a hacer las autonomías o los ayuntamientos gobernados por el PP?", se pregunta antes de contestarse: "La gente no puede esperar más".
