Las pymes aplauden el mecanismo extraordinario puesto en marcha por Hacienda para pagar a los proveedores de ayuntamientos, pero reclaman no tener que renunciar a los intereses de demora. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que aglutina a más de un millón de pymes y autónomos, celebra la medida tomada por el Ejecutivo, que está dirigida a saldar las facturas con plazos de vencimiento superiores a los 30 días legales anteriores al 1 de julio de 2021 de 1.640 consistorios y otras 670 entidades.

Esta organización, de la que la patronal catalana Pimec es una de las promotoras, recuerda que los proveedores tienen derecho por ley a cobrar los intereses de demora. Por ello han reclamado que "se corrija con la mayor urgencia" este punto, ya que el plazo que tiene los municipios y proveedores para remitir a Hacienda el listado de facturas pendientes finaliza el próximo 11 de febrero.

El presidente de Pimec y de la PMcM, Antoni Cañete, ha manifestado que espera que esta medida de Hacienda tenga continuidad “porque está contemplado desde 2013 en la ley orgánica de control de la deuda comercial del sector público” y no se explica “cómo se ha tardado tanto en ponerse en marcha”.  

Inyección de liquidez

Para la PMcM, los planes de pago a proveedores conllevan una inyección de liquidez a la economía real y son muy útiles para reducir la morosidad que afecta a pymes y autónomos, pero no son suficientes para asegurar la cadena de pagos.

Cañete explica que “no se ha arbitrado ningún mecanismo por el que estas empresas, una vez que cobran del plan de pago a proveedores, tengan la obligación de pagar a su vez a los subcontratistas, para que el dinero fluya hasta el último eslabón de la cadena productiva y que así la efectividad de este tipo de medidas tengan un efecto de cascada real y definitivo; muchas subcontratas (los proveedores de los proveedores) quedan a la espera de cobrar por parte de aquellos que sí han recibido el dinero de las Administraciones (fabricantes y contratistas) a través de un plan de pago a proveedores. Por ello, exigimos que se ponga en marcha un régimen sancionador, que es la única vía para acabar definitivamente con esta lacra".

El mecanismo para pagar a los proveedores, incluido en los Presupuestos del Estado para este año con una dotación de 2.000 millones frenó una posible sanción a España por demoras en los pagos de la administraciones públicas. El régimen sancionador de la ley contra la morosidad está paralizado en el Congreso desde hace más de un año.