Faltan tres días para que el Congreso vote el acuerdo del Diálogo Social “más transcendente en años”, según el secretario general de CCOO, y no hay mayoría suficiente a la vista. “Queda tiempo”, confía Unai Sordo, que evita hablar de “optimismo o pesimismo” ante las conversaciones “que está habiendo a diferentes niveles”. “Hay que entender que la sobreactuación forma parte de la vida política en este momento”, resume uno de los mayores defensores de la nueva reforma laboral, “una absoluta enmienda a la totalidad a la de 2012 del Partido Popular”. Justo el mensaje contrario esgrimen formaciones como BNG, PNV, ERC o Bildu, indispensables en la investidura de Pedro Sánchez, para negar ahora su respaldo al real decreto ley.
¿Sobreactuación? ¿Cree que internamente en esas formaciones hay vocación de acuerdo?
Creo que sí. Podría decir que me consta porque son conscientes de que, más allá de que cada uno haya querido marcar su propio perfil, el conjunto de medidas son muy positivas. Aquí puede haber también una duda sobre hasta qué punto va a primar más eso, llevar el perfil político hasta el final. Pensar que lo que se está avalando o dejando de avalar son proyectos políticos me parece un absurdo respecto a lo que realmente nos tendría que preocupar. Si esto mejora los derechos laborales de la gente más precaria de nuestro país. Y como la respuesta es que sí, los mejora claramente, quiero pensar que eso acabará decantando la balanza hacia la convalidación del decreto.
¿Tiene alguna preferencia sobre las formaciones que deberían respaldar el texto o el objetivo es llegar al mayor apoyo posible?
Desde el momento que pactamos un real decreto que es nítidamente positivo, emplazamos a todos los grupos a que voten a favor. No se explica que una reforma que viene avalada por sindicatos, pero también por las organizaciones empresariales, no cuente con el favor de otros partidos que seguramente no estén muy de acuerdo con el contenido, muy distinto al de la reforma de 2012, pero deberían poner en valor el hecho de que parte de un acuerdo social. Dicho esto, el emplazamiento es, al menos, a las de la investidura. No es razonable que una fuerza progresista rechace este decreto. No. El perímetro político que llevó a la investidura de Pedro Sánchez debiera ser, en mi opinión, el más interesado no solo en sacar adelante esta reforma laboral, sino en apropiarse colectivamente de la legislación laboral que se ha hecho desde el principio de la pandemia. Evitó la destrucción de 3 millones de puestos de trabajos y se recuperó el 90 y tanto por ciento de la gente que estaba en ERTE, mientras en la anterior crisis nos fuimos a un 27% de paro. Estamos demostrando que con acuerdos sociales es posible hacer las cosas de manera más justa y eficaz. No puedo entender que las fuerzas que se reclaman progresistas o de izquierdas renuncien a apropiarse de esas políticas.
¿Es el acuerdo más importante del Diálogo Social?
Indiscutiblemente. No solo de la legislatura, sino en mucho tiempo. La mejora de derechos laborales es nítida y aborda cuestiones de la reforma de 2012, pero también otras que vienen prácticamente de los años 80, como la temporalidad, la gran lacra en España. Este es el paquete más ambicioso para reducir la temporalidad por la vía de la estabilidad en la contratación que afecta, sobre todo, a las personas más jóvenes.
¿Cuánto? ¿Qué impacto se prevé que pueda tener en la caída de la temporalidad?
No es fácil estimarlo. Pero solo la eliminación de los contratos temporales y que muchos sean indefinidos, o que los contratos de temporada pasen a fijos discontinuos, acarrearía una caída importante. Es verdad también que la experiencia nos enseña que las empresas buscan resquicios para seguir las mismas prácticas, pero el propio acuerdo recoge la revisión en los próximos dos años en función de los resultados de las medidas, que buscan reducir la temporalidad hasta llevarla a parámetros similares a otros países de Europa. El acuerdo no es el final de nada. Hay una visión un poco agonística, como si la legislación laboral hubiera llegado a su punto y final. Oigan, no, que esto sigue. El viernes hay que seguir trabajando y poner propuestas encima de la mensa.
Pero se espera más, un cambio de mentalidad frente a la dinámica del mercado laboral de los últimos 30 o 40 años. Que el contrato por defecto sea el indefinido.
Porque la temporalidad se utilizó supuestamente para facilitar el acceso de la gente joven al mercado laboral y las empresas acabaron utilizando los contratos temporales como una forma de disciplinar a los trabajadores y trabajadoras y recurrir a los despidos para el ajuste en cada cambio de ciclo económico o cualquier eventualidad. No solo es un cambio de mentalidad, sino también un cambio en la orientación y en lo que inducen las leyes y las políticas públicas. Por primera vez se adoptan medidas para buscar alternativas en serio a los despidos y aquí la crisis de la pandemia nos ha enseñado bastante. El efecto es un cambio de paradigma de muchísimo calado si sale bien y, si lo unimos al reequilibrio de la negociación colectiva, es una absoluta enmienda a la totalidad de la reforma de 2012 del Partido Popular.
¿Y está el empresariado preparado para digerir ese cambio de paradigma?
Es que las mentalidades se transforman también con las políticas y lo que marcan las leyes, ¿no? Cuando incumplir un contrato temporal en su causa conlleva una sanciones mínimas o un despido improcedente donde al final es el empresario el que decide si un trabajador se reincorpora o no –y tenemos trabajadores temporales con 56 días de media de contrato temporal y, por tanto, con indemnizaciones absolutamente ridículas–, el incentivo a seguir funcionando así es total. Ahora cambiamos totalmente el sistema de incentivos. No es tanto cuánta indemnización se le da al trabajador con 56 días de contrato, como que no se le eche y que las sanciones sean verdaderamente disuasorias. En esta reforma las sanciones por incumplimientos van a computar por cada contrato mal formulado y no como hasta ahora, que eran irrisorias y, para entendernos, al empresario le salía a cuenta.
Hablaba antes del reequilibrio en la negociación colectiva, pero el presidente de la CEOE dijo que eso a efectos prácticos no cambiaba porque el 70% de los convenios se tumbaban de mutuo acuerdo. ¿Este tipo de declaraciones alientan esa impresión de que no cambia nada?
A veces se dicen cosas sin conocer mucho las realidades de la negociación. Una cosa es que la ultraactividad se haya mantenido en muchos convenios colectivos y otra es que cuando un convenio pierde la vigencia te condiciona muchísimo la negociación. No es lo mismo que un convenio sea como una ley, a que sea como un contrato. Esto es un intangible, no aparece en las estadísticas, pero los que conocemos un poco el cambio que se hizo sabemos que la ultraactividad se mantuvo a costa de más debilidad en la negociación de la parte de los trabajadores en otras cosas como los salarios, la jornada o los permisos retribuidos. ¡Vaya si afecta esto en la negociación colectiva real!
Es fácil pensar que la situación será muy delicada el jueves si no se convalida la reforma.
En primer lugar porque permanecería intacta la reforma de 2012. A nadie se le escapa, además, las derivadas políticas.
A eso me refería.
No creo que se fuera a precipitar nada, pero evidentemente la situación política cambiaría drásticamente y España no se puede permitir entrar en un proceso de inestabilidad política de calado. Hay que desplegar todavía los fondos europeos y existe una opción reaccionaria que espera que la legislatura se venga abajo, algo letal para los intereses de las mayorías sociales.
