La industria insta al Gobierno a promover una rebaja de la luz que no sea “calderilla”

La industria con grandes consumos energéticos, medular en el sector fabril asturiano, celebra que el Congreso aprobara el martes, por amplia mayoría, la proposición de ley planteada desde Asturias por la Junta General del Principado y expresó ayer “un voto de confianza” en el Gobierno para que desarrolle el mandato de los diputados: elaborar en el plazo de tres meses una nueva regulación que reconozca la singularidad de plantas como las asturianas de ArcelorMittal y Azsa y abarate su factura eléctrica en línea con las ventajas que tienen sus competidores europeos. Se trata de enmendar el estatuto electrointensivo vigente desde 2021 o de confeccionar otro específico para los mayores consumidores, de forma que el ahorro de costes no se quede en “calderilla”, según una expresión recogida en el sector sobre el impacto efectivo que a corto plazo ha tenido el referido estatuto.

“Valoramos el acuerdo del Congreso y en especial el esfuerzo del Parlamento asturiano; ahora queda en manos del Gobierno dotarlo de las medidas necesarias”, respondió a este diario Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), la organización que representa los intereses del sector. “Es de esperar que (el Gobierno) no nos defraude y que recoja las aspiraciones que tiene la industria”, añadió Soto. Y se mostró “cauto” sobre las consecuencias del acuerdo del Congreso, respaldado por los dos partidos de la coalición gobernante (PSOE y Unidas Podemos), además de por el PP y Foro. En esa dirección, el portavoz de Aege recordó que hay precedentes de iniciativas parlamentarias análogas que no cuajaron en regulaciones que hayan reducido significativamente el diferencial de costes energéticos que la industria básica española tiene respecto a las de Alemania y Francia. Según las últimas estimaciones de las empresas, las fábricas francesas pagarán por la luz este año menos de la mitad que las de España y las alemanas, un 20% menos.

De cara a los cambios que demanda el Congreso, Fernando Soto remarcó que otros países disponen de tarifas específicas muy ventajosas para la industria electrointensiva (Francia) y de rebajas en cargos y peajes (parte del recibo regulada por el Gobierno) mucho más generosas que las vigentes aquí (Alemania). En esos y otros lugares de la UE (Portugal, últimamente), expuso también el directivo, ya se ha reemplazado el antiguo servicio de interrumpibilidad por nuevos procedimientos que también abaratan la factura del sector, mientras que en España permanece atascada la puesta en marcha de un mecanismo semejante.

Aege considera que el actual estatuto electrointensivo tiene aspectos positivos, sobre todo a largo plazo, en particular la aportación de garantías públicas para negociar el futuro contratos de precio estable y competitivo con los productores energías renovables. En cambio, la rebaja directa en la parte del recibo sobre la que decide el Gobierno tiene un impacto “ínfimo” en las fábricas con mayores consumos.

Las organizaciones patronales asturianas se adhirieron a los pronunciamientos de la gran industria. “Valoramos positivamente que fuerzas políticas de distinto signo se unan en defensa del carácter estratégico de la industria electrointensiva en Asturias, como venimos demandando desde hace tiempo. Deseamos que este respaldo del Congreso se traduzca más pronto que tarde en medidas efectivas que permitan a las empresas electrointensivas contar con contratos competitivos a largo plazo”, señaló María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios.

Guillermo Ulacia, presidente de la patronal del metal, Femetal, expuso: “Que la industria de materiales base, intensiva en capital, energía, mano de obra cualificada e inversión en I+D, sea considerada como estratégica es un reconocimiento a una realidad incuestionable”. Y apostilló: “Se ha establecido un plazo de tres meses para el desarrollo de un nuevo estatuto, en el que sería conveniente que se plasmaran cuáles son los objetivos y las condiciones mínimas que este nuevo reglamento debe incorporar para que la industria asturiana compita en igualdad de condiciones a nuestros homólogos internacionales”.

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