El programa de avales masivos que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) desplegó en 2020 –principalmente en los meses más duros de la pandemia– , para que autónomos y empresas accedieran a financiación bancaria y evitar su colapso por falta de liquidez, se acerca a un hito que tiene en vilo a muchos negocios y pymes: a partir de mayo y junio finalizará el período de carencia de la mayoría de los préstamos, inicialmente de un año y luego prorrogado por el Gobierno central hasta alcanzar los dos años. Durante ese plazo, la devolución de los préstamos quedó suspendida. El cercano inicio de los pagos hace presumir que las dificultades que todavía arrastran miles de autónomos y pymes provocará un aumento de la morosidad.
“Aunque la mora no es actualmente muy elevada, hay consenso en que subirá, pero no se espera que alcance los niveles de la anterior crisis”, expuso Ignacio García, secretario general de CEAT-Asturias, la asociación de autónomos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). La cuantía del crédito acumulado, en su mayoría pendiente de amortización, da cuenta de la dimensión del problema que se vislumbra para los prestatarios, y también para el sector financiero y para el propio Estado como avalista, en caso de producirse una magna expansión de la morosidad: a 31 de enero de 2022, el ICO tenía concedidos en la región avales por valor de 1.883 millones de euros que permitieron a 15.124 empresas contratar con la banca 2.486 millones de financiación para atender los pagos a proveedores y cubrir otras necesidades de liquidez. “Es casi la mitad del presupuesto anual del Principado”, subrayó Ignacio García.
La regulación de los créditos ICO ya incluye ciertas facilidades para la devolución: ampliación hasta diez años del plazo de amortización (la mayoría fueron contratados a más de cuatro años) si se cumplen ciertas condiciones o la opción de que la deuda se transforma en préstamos participativos. Pero, remarca el también director de apoyo corporativo de FADE, “no parecen suficiente solución para la mayoría de los autonomos y pymes que no dispongan de liquidez”. Se trata más bien, expone, de alternativas a la media de las empresas de mayor tamaño.
“Hay que buscar soluciones alternativas”, destaca Ignacio García. La organización de autónomos de FADE plantea renegociaciones con los bancos en las condiciones de precio, ampliaciones de los períodos de carencia o la “relajación de los tiempos de amortización en condiciones favorables”.
García recordó que los avales y créditos ICO fueron solicitados por los autónomos pymes más afectados por la pandemia, muchos de los cuales “no se han recuperado todavía del impacto de esta crisis”. El impacto de los aumentos de costes (energía, materias primas...) en los márgenes empresariales amplifica las dificultades de muchos negocios. “Estamos hablando, en la mayoría de los casos, de empresas y autónomos viables que han sido afectados por circunstancias extraordinarias y que, con el apoyo coyuntural preciso, podrían salir adelante”, concluyó el dirigente de CEAT-FADE.
