Los combustibles costarán más baratos para todos los conductores, y no solo para los transportistas. El Ejecutivo bonificará con un mínimo de 20 céntimos cada litro de carburante. El Gobierno aplicará un descuento de 15 céntimos, y las petroleras bajarán un mínimo de cinco céntimos (algunas han anunciado una rebaja superior). Ese bonus para todos los ciudadanos, que Transportes pactó la semana pasada con los representantes mayoritarios de los camioneros, se prolongará en principio hasta el próximo 30 de junio, la fecha hasta la que estará en vigor el plan de choque de respuesta a la guerra de Ucrania, que en conjunto supondrá una inyección de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales, a los que se sumarán otros 10.000 millones más en créditos ICO. Un plan de 16.000 millones que es, en palabras de Pedro Sánchez, “serio y ambicioso”, y también “complejo”, y que busca contar con el respaldo mayoritario de la Cámara, dada la situación de emergencia.
El anuncio de la ayuda al combustible se produce justo cuando en Asturias se registra el máximo histórico en el precio medio del litro de diésel, que ha escalado hasta los 1,892 euros, lo que supone 38 céntimos más que justo antes de la guerra de Ucrania. Con la rebaja anunciada por Sánchez, el incremento por la guerra aún será de 18 céntimos por litro de mantenerse los precios actuales. Teniendo en cuenta el consumo de combustible que se registró entre abril y junio del año pasado en Asturias (158.067 toneladas), la rebaja anunciada ayer supondrá un descuento total de 38 millones de euros en la región.
El presidente del Gobierno se reservó para ayer, en una conferencia en El Beatriz Auditórium, en Madrid, el anuncio de las medidas más relevantes que contendrá el real decreto ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros y que se estuvo discutiendo y elaborando durante el fin de semana, bajo la tutela de las tres vicepresidentas y del titular de la Presidencia, Félix Bolaños. De hecho, el acuerdo interno, entre el PSOE y Unidas Podemos, se cerró poco antes del acto en la capital, en la mañana de ayer. Para Sánchez, era clave el rumbo de la negociación del Consejo Europeo del pasado jueves y viernes, del que salió con el permiso para bajar, junto a Portugal, los precios de la energía. Y ahora persigue un pacto de Estado, un acuerdo amplio con los grupos. Según la Moncloa, en las últimas horas se ha contactado con todos ellos, incluido el PP, más allá de la ronda que las vicepresidentas y Bolaños desplegaron en estas dos semanas. Pero solo hubo eso en las últimas horas, llamada.
La rebaja de 20 céntimos el litro forma parte, por tanto, de un paquete anticrisis que entrará en vigor de manera inmediata y que se vertebra en cinco ejes: medidas para ayudar a familias, trabajadores, personas desplazadas y ayuda humanitaria; iniciativas para apoyar el tejido económico y empresarial; medidas en transportes (las consensuadas con el sector), en ciberseguridad y en materia de energía.
Medidas sociales
En el primer bloque encaja la iniciativa de mayor incidencia, porque la subida de los combustibles, alegó el Presidente, afecta a todas las familias. En el primer eje se encuentran, asimismo, las medidas de protección del empleo, para evitar el despido, por lo que las empresas podrán acudir a la flexibilidad interna, como los ERTE que “tan bien funcionaron” durante la pandemia. Asimismo, las revisiones de los alquileres en los próximos tres meses tendrán un límite del 2% —una cuestión capital para Unidas Podemos—, la cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15% y se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares, para ayudar a las familias más desfavorecidas. Tal y como ya estaba anunciado, se prorrogarán hasta el 30 de junio las rebajas de impuestos en la factura de la luz que ya estaban en vigor: la reducción del IVA al 10% para pequeños consumidores, la bajada del impuesto a la electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.
Medidas para las empresas
Para apoyar a las empresas, el Gobierno aprobará una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones para cubrir “necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles”. Se extenderá igualmente el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados. Para el sector de la agricultura y la ganadería, se lanzará un paquete de ayudas de 362 millones, y otro de 68 millones para el pesquero. A la industria electrointensiva, gran consumidora de energía, se destinarán 500 millones. Habrá otras iniciativas adicionales y específicas para la industria, el sector exportador y la cultura.
El transporte
En cuanto al transporte, el real decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros hoy recogerá las medidas acordadas con los representantes mayoritarios: la inyección de más de mil millones euros, la rebaja mínima de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, un nuevo fondo de 450 millones para ayudas directas a las empresas de transportes de mercancías y de pasajeros en función del tipo de vehículo (1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta, y 300 por taxi, VTC o ambulancia), acortamiento del plazo de devolución del impuesto de hidrocarburos de tres a un mes, y el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un “precio justo”, como el Gobierno ha hecho ya con agricultores y ganaderos con la ley de cadena alimentaria.
La energía
Sánchez confirmó que esta semana España y Portugal remitirán a la Comisión Europea su propuesta “excepcional y temporal” para rebajar “significativamente” la factura de la luz a través de un precio de referencia del gas que se utiliza para producir electricidad. No anticipó cuál sería ese precio, aunque el Ejecutivo, como ya avanzó este diario, apunta que puede rondar los 50 euros el megavatio hora, aunque ese detalle habrá de cerrarse con Bruselas. Insistió en que no habrá subvenciones al gas ni se distorsionará el mercado europeo. La aprobación de la Comisión llegará, anticipó el presidente, “en un muy breve plazo”, y al día siguiente estará en el Boletín Oficial del Estado con efectos “inmediatos” en la factura de la luz. También se actualizará el régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y eso comporta, según el Gobierno, una rebaja en el 2022 de cargos del sistema eléctrico hasta el 55%, por 1.800 millones de euros. También se extenderá hasta el 30 de junio el mecanismo que limita los beneficios caídos del cielo (las ganancias extra que consiguen los productores de electricidad como consecuencia del elevado precio de cotización del gas en los mercados internacionales), con ciertas “modificaciones” para reforzar su eficacia y adaptarlo a las directrices europeas. El Consejo Europeo incluyó en sus conclusiones del viernes ese apremio a los Estados miembros para que aprovechen los rendimientos de ese recorte de beneficios a las eléctricas. Además, se aprobarán otras medidas para favorecer el despliegue de las renovables y el ahorro energético.
Sánchez anuncia 500 millones para la industria electrointensiva, con fuerte peso en el Principado
El paquete de medidas que aprobará hoy el Consejo de Ministros incluye una partida de 500 millones de euros para reforzar las ayudas a la industria electrointensiva, con fuerte peso en Asturias. Pedro Sánchez ratificó, como ya había anunciado hace semanas, que se “incrementará el volumen de recursos para compensar los peajes del sistema eléctrico en un 80%” y también “para alcanzar el máximo en la compensación del CO2”. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ya había destacado en el Congreso que el compromiso del Gobierno es alcanzar este año “el máximo” en las compensaciones a la gran industria por el coste indirecto del CO2, aunque a renglón seguido había añadido que se logrará “como en años anteriores” y ello a pesar que desde la industria se afirma que nunca se ha alcanzado ese máximo que permite la Unión Europea y que se corresponde con el 25% del dinero recaudado en las subastas de derechos de emisión de CO2. Recientemente, la Comisión Europea autorizó un plan español de 2.900 millones de euros para el periodo 2021-2030 para compensar a las empresas con un gran consumo energético por los costes indirectos de las emisiones. Por contra, en el plan de choque del Gobierno también se incluye una actualización de las retribuciones a la cogeneración para reducir el precio de la electricidad. Esa medida puede suponer un caída de ingresos para las empresas asturianas que utilizan esta tecnología.
