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Estafas

Una afectada de las tarjetas 'revolving': “Contraté por desesperación pero mi deuda solo creció”

Del total de 366 euros que realizó en compras con dicha tarjeta llegó a abonar más de 1.038, a lo que hay que sumar otros 637 euros “más el 30% en intereses y costas”

Expedientes en uno de los Juzgados de Primera Instancia de Vigo.

Los monitorios de fondos buitres y tarjetas revolving forman parte ya de la jerga judicial. Son tantas las demandas que se presentan al mes que ya representan uno de cada tres asuntos en los Juzgados de Primera Instancia de Vigo, a tenor de los datos estadísticos del primer trimestre del año. Detrás de una de estas cifras se encuentra la historia de Luisa M., una viguesa con la que seguro más de un afectado se verá identificado.

Pagos aplazados

El miércoles acudió a los juzgados de calle Lalín para la presentación de un escrito de oposición a la reclamación efectuada por la financiera Oney, con la que tenía contratada desde 2019 una tarjeta revolving, también conocidas como de pago aplazado; un producto a priori atractivo porque es bastante fácil de conseguir y permite fraccionar o aplazar el pago de las compras a cambio, eso sí, de unos intereses desmedidos.

Adquisición en un supermercado

Esta afirmación resumen la experiencia de Luisa con esta tarjeta, adquirida en el supermercado Alcampo. “Todo empezó antes de la pandemia, yo no llegaba a fin de mes y me ofrecieron esta tarjeta de compra. Comercializada por Oney, me la ofrecieron en las oficinas del Alcampo una persona, sin duda, sin conocimientos financieros”, relata esta viguesa.

Cambio a la modalidad 'revolving'

Desde entonces, asegura, “iba pagando al día” por todas las compras que realizaba con la tarjeta, hasta octubre de 2020, cuando “me dijeron que me iban a pasar a la modalidad ‘revolving’ para compras de pequeñas cantidades. Lo acepté porque estaba desesperada en ese momento”, explica Luisa. Cuenta como del total de 366 euros que realizó en compras con dicha tarjeta, llegó a abonar más de 1.038, cifra a la que hay que sumarle, tal y como recoge esta mujer en su recurso de oposición presentado el miércoles, otros 637 euros “más el 30% en intereses y costas”.

Una baja sin éxito

Asegura que entonces intentó, en varias ocasiones, dar de baja la tarjeta, máxima que fue imposible. “Me dieron un teléfono al que llamar y nadie me atendía; solo iba pasando el tiempo y mi deuda seguía creciendo. Y es que al tener pagos pendientes te van cargando 30 euros por algo que llaman cargos de incidente que tienen que seguir abonando hasta que no se liquide la deuda”, cuenta esta viguesa.

"Me negué a seguir pagando"

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Interés del 22,28%

Harta de esta situación y tras la negativa, afirma, de dicha atención telefónica, “me negué a seguir pagando”. “Ningún juez le va a dar la razón a la financiera, porque los intereses hablan por sí solos. Cuando el interés medio publicado por el Boletín Estadístico del Banco de España en el momento del contrato fijaba un TAE del 7,54%, se me cobraban unos intereses de 22,28%, casi tres veces más”, puntualiza.

Usura y falta de transparencia

Es precisamente esta usura uno de los argumentos que justifican la estimación prácticamente total por parte de los magistrados de los recursos presentados por los afectados. El otro motivo versa sobre la falta de transparencia a la hora de firmar el contrato, es decir, no haber sido debidamente informados.

Requerimientos de pagos

Actualmente los juzgados cuentan con 1.300 procedimientos de ejecución de deudas, que pueden ser títulos judiciales –ordenados por sentencia– o no judiciales (conocidos también como ejecutivos) –pagos de pólizas, préstamos... se reclama una deuda en base a una escritura pública, realizada ante un notario que da fe de la deuda, es decir, no es la autoridad judicial la que determina si existe o no una deuda–. De estos últimos, desde hace cinco años a esta parte se han registrado 4.871 procedimientos.

Otra forma de reclamación de, en este caso, pequeñas deudas, son a través de los monitorios. Detrás de los mismos están en buena parte los fondos buitre, que compran a los reclamantes estos paquetes de deudas para litigar luego contra el moroso y obtener rentabilidad con el cobro.

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