“El Gobierno quiere subir impuestos pero no habla de eficiencia en su propio gasto”

–Acaban de hacer un barómetro en la patronal sobre la situación de la pequeña y la mediana empresa, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención en Asturias?

–Lo que más preocupa a las pymes asturianas, a día de hoy, son los impuestos. Pero es llamativo que la segunda preocupación que tiene Asturias es la dificultad para encontrar mano de obra, algo que tiene que ver con la formación y que parece incomprensible con los niveles de paro. Es de justicia que la empresa, esté donde esté, tenga los mismos derechos y facilidades. Que todos los empresarios puedan competir en igualdad de condiciones. Nosotros estamos por una armonización fiscal, pero a la baja, “a la madrileña”. Está demostrado que relajar los tipos impositivos hace crecer la actividad. La empresa española tiene cuatro puntos más de presión fiscal por debajo de la europea.

–Parece que 2022 promete ser un año complicado.

–Pero ya venía de antes. Este año arrancó con expectativas positivas. Esto se lo remarco mucho al Gobierno: la actividad se ha reactivado, pero la empresa no está recuperada. Eso no es cierto, aunque mucha gente lo haya creído. Venimos de dos años muy duros que se han transformado en una mochila muy pesada para los empresarios y que está llevando a una desaparición de empresas por encima de los niveles de 2021.

–Ahora se han encontrado con el alza de los precios.

–Hace tiempo que ya apuntaban los problemas de la cadena de suministros, ya lo hacían los precios energéticos y la inflación ya amenazaba un escenario alcista. No vale poner la guerra de Ucrania de excusa para todo. Los índices de finales de 2021 ya mostraban que podía llegar un problema, pero había actividad. En ese contexto nos cae encima la invasión de Ucrania. Eso dispara todavía más los precios energéticos y rompe la cadena de suministros. Todo eso ha desbocado la inflación.

–Y la consolida. El Banco Central Europeo decía que iba a estabilizarse en primavera.

–Efectivamente. Será difícil de reconducir. Ahora rozamos el doble dígito y eso conlleva una grave situación para la economía, para el trabajador, pero también para la empresa. Porque parece que una inflación elevada no afecta a la empresa, pero lo hace tanto como al trabajador. La mitad de las empresas de nuestro país no pueden repercutir los costes al cliente.

–¿Y cómo se devuelven los precios a su cauce? Se habla mucho del pacto de rentas.

–No quiero ni escuchar hablar de la intervención de los beneficios de la empresa. Es cierto que ese pacto de rentas, y ese compromiso debe ser una moderación de los salarios y otra en el traspaso del incremento de costes por parte de la empresa. Los empresarios tienen que asumir una parte de esta situación tan complicada, pero el Estado también. Es un momento muy complicado y esto no puede ser solo cosa de uno. Si no queremos alimentar la espiral inflacionista tenemos que aportar todos: el pacto no se puede reducir a la intervención de los beneficios de la empresa, eso no le pega a España y con eso no vamos a estar en Cepyme de acuerdo.

–¿Habla de una contención del gasto superfluo del Estado?

–Cuando uno ve las políticas que el Gobierno está poniendo encima de la mesa se ve que se está apretando el cinturón el ciudadano y el empresario. Los que no tienen otra opción. El Gobierno siempre habla de impuestos, pero nunca los he escuchado hablar de eficiencia en el gasto público. En la CEOE hemos hecho un informe que cifra en 60.000 millones de euros el gasto superfluo en la administración, que no tiene nada que ver con el estado de derecho. 60.000 millones se dice pronto. Hay mucho campo para que las administraciones pongan de su parte en una situación como esta.

–Siempre se dice que el tamaño de las empresas españolas es un problema.

–Tenemos dos problemas gravísimos en España: al tercer año el 50% de las empresas creadas desaparece y la dificultad de las empresas para crecer. En nuestro país estamos por debajo de la media europea en número de trabajadores por empresa. Si el Gobierno se esforzase en llegar a la media europea de número de empleados, crecería el PIB por encima del 5%, se crearía empleo y la recaudación se elevaría en 20.000 millones de euros. Eso es un camino mucho mejor que elevar la presión fiscal.

–¿Qué impide que las empresas crezcan?

–Las normativas. Nosotros hemos identificado 100 normas que son barreras para las empresas. A la empresa no se le deja crecer y se le carga de obligaciones si pasan de 50 empleados. No lo decimos nosotros, lo dice el Banco de España. No compensa pasar de 49 empleados. Hay que trabajar si es que de verdad creemos en el futuro.

–¿Cómo les está afectando la inflación a las pequeñas empresas?

–Con dificultad. La situación de la pyme, si cabe, es mucho más compleja que la de la gran empresa en este contexto. Hay menos músculo.

–Si la crisis se alarga ¿hay riesgos?

–El dato de enero de 2022 es escalofriante. Hay un 23,2% de empresas que desaparecieron que en 2021. La empresa está tocada y no se puede jugar. Las pírricas ayudas que hemos recibido en España no se pueden olvidar. El Gobierno está teniendo una sobrerrecaudación que debe reinvertirse en la empresa. No conozco una sociedad próspera sin actividad privada.

–Los costes energéticos afecta a todas las empresas y no solo a las electrointensivas.

–Las electrointensivas estaban más acostumbradas a fijar contratos a largo plazo... pero una pequeña empresa jamás pensó que el coste energético fuese un coste variable debido a la estabilidad. Está siendo demoledor. El coste energético está llevando al traste la actividad de muchas empresas. Es un problema que atajar o atacar.

–¿Cómo valora la CEOE la “excepción ibérica”?

–Cualquier medida dentro de la norma nos puede valer. Incluso cambiar el sistema regulatorio, cualquier medida dentro del marco jurídico. No compartimos la intervención de los llamados beneficios caídos del cielo. Hoy les toca a las eléctricas y, mañana, igual a las fábricas de zapatos. Ese camino no se puede seguir.