La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que limitar la subida de los alquileres de viviendas tiene "dudosos" efectos antiinflacionarios y genera "notables distorsiones" contractuales y microeconómicas, al tiempo que ha advertido de que puede causar un encarecimiento de los alquileres futuros. Según ha advertido la Fundación, limitar la actualización de los alquileres de viviendas tiene dos efectos que califica de "perversos", tras la redistribución de riqueza entre las partes de los contratos vivos de alquiler. Por un lado se generan expectativas de permanencia del inquilino, con lo que se tiende a encarecer los alquileres futuros, según los expertos de Fedea. "En consecuencia, los arrendadores potenciales están menos dispuestos a alquilar, por lo que habrá menos contratos y sus rentas iniciales serán más altas", han alertado. Algunas empresas del sector inmobiliario ya han alertado de este fenómeno y de menor número de viviendas de alquiler en el mercado ante la incertidumbre legal existente en los últimos tiempos.
El informe elaborado por Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra) sobre la reciente medida que limita al 2% la actualización de los alquileres de viviendas y la regulación sobre alquileres en el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que discute actualmente la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, apunta críticas sobre las futuras consecuencias de la modificación del marco legal. El autor considera que ambas iniciativas legislativas vienen a agravar la situación de los arrendadores de viviendas porque reaccionan a precios altos creyendo que la causa es la duración de los contratos, cuando en realidad derivan de la escasez de oferta y sobre todo, en los últimos meses, con la inflación: "En materia de vivienda, seguimos confundiendo el síntoma de que los precios sean o se perciban como altos con las causas, que guardan relación con la escasez de oferta y sobre todo, en los últimos meses, con la inflación", concluye el estudio.
El estudio apunta a la posibilidad de que algunos inquilinos se vean favorecidos respecto de otros. En concreto, favorecería a aquellos, como los empleados permanentes de grandes empresas y, sobre todo, los funcionarios públicos, que, por su estabilidad y fácil localización, ofrecen mejores garantías al arrendador. Tienen, por ello, menos dificultades para contratar en un contexto de oferta artificialmente escasa, en la que esa escasez se raciona "discriminando a favor de esos mejores inquilinos", según señala el autor.
