El grupo agroalimentario francés Andros, de titularidad familiar, y que en España opera con la marca Dhul y enseñas de los distribuidores, se interesó por la compra de la factoría de Danone en Salas en 2017 y desistió porque consideró elevada la carga económica que suponían sus costes laborales para el tipo de proyecto que pretendía acometer, según aseguraron miembros del comité de la factoría.
Ésta es la razón por la que ahora, y para evitar el mismo desenlace, la representación laboral de la fábrica plantea a Danone la búsqueda de un inversor que adquiera las instalaciones sin que tenga que subrogar a la plantilla con su antigüedad, derechos adquiridos y condiciones actuales, aunque a condición de que el personal de Danone, una vez despedido e indemnizado por esta compañía, tenga prioridad en su contratación por el nuevo empresario bajo nuevas condiciones laborales.
Esto, sumado a que parte de la plantilla podría prejubilarse y que algunos trabajadores podrían aceptar traslados a otras plantas de Danone, entrañaría que la carga laboral sería menor.
La multinacional Andros opera con productos lácteos y procesamiento de frutas mediante cerca de una treintena de fábricas en diversos países y comercializa sus productos en más de cien mercados nacionales.
En España produce y distribuye flan, yogures y diversos postres con la enseña Dhul y con marcas de las cadenas de distribución. En España ya tiene dos fábricas, situadas en Granada y en La Serna de Iguña (Cantabria). Que en 2017 manifestara interés por la planta de Salas no implica que cinco años después pudiera mantenerlo, pero los trabajadores ven en este precedente la constatación de que podrían encontrarse posibles pretendientes para la factoría.
Traslados, indemnizaciones y prejubilaciones
La multinacional alimentaria francesa Danone accede a explorar la venta de su factoría de Salas, con 79 empleos y cuyo cese de actividad anunció el pasado viernes, y a colaborar en la búsqueda de algún grupo solvente dispuesto a comprometerse con la viabilidad y continuidad productiva de la instalación, tal y como reclaman los trabajadores.
Según fuentes del comité laboral, la empresa ofreció ayer a la representación sindical un plan de recolocaciones con traslados a otras plantas productivas del grupo en España, así como de prejubilaciones para el colectivo de mayor edad (hay 46 personas con más de 52 años) e indemnizaciones para la rescisión de contratos al personal que no se incluya en los dos primeros supuestos. Las fuentes consultadas no precisaron ni los importes indemnizatorios que se barajan para el posible expediente de regulación de empleo (ERE) por extinción de contratos (la negociación está en su fase preliminar) ni el volumen de personal que la compañía podría comprometerse a reabsorber en otras fábricas.
Esta triple propuesta sería compatible con el intento de captación de empresas o inversores dispuestos a dar continuidad a la actividad fabril de la planta salense, empeño que ha pasado a ser el objetivo prioritario de los trabajadores, convencidos, por su experiencia en la multinacional, de que “si Danone ha decidido irse, se irá”.
En la búsqueda de posibles inversores también han empezado a hacer exploraciones la Administración autonómica en coordinación con el Ayuntamiento de Salas y el Ministerio de Industria.
