Es sistématico, recurrente y con falta de transparencia. La diferencia entre la inversión del Estado prevista en Cataluña y la realmente ejecutada es grande y supera la media estatal y, especialmente a la de la Comunidad de Madrid. "Se puede medir del derecho, del revés, pero cada año se produce", explica Josep Ramon Rovira, responsable del Servicio de Estudios de la Cambra de Comerç de Barcelona. En el periodo 2015-2021, el grado de ejecución medio de las inversiones estatales en Cataluña ha sido del 60,3%, cuando la media regionalizable fue del 74,2% y la correspondiente a la Comunidad de Madrid, del 128,7%.
La gota que ha colmado el vaso son los datos de 2021, con una ejecución del 35,8% en Cataluña frente al 71% de media regionalizable y más del 180% en Madrid. Destacan por su bajo nivel de ejecución las obras relacionadas con el transporte ferroviario, con el 23,9% del Adif y del 4,6% de Adif-Alta Velocidad. En todo caso lo destacable no es un único ejercicio, "sino la tendencia", que no se corrige, explica Rovira. "No hay que buscar manos negras sino que hay que preguntar al Gobierno por qué pasa", añade.
Joaquim Llansó, presidente de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, integrado en Foment, atribuye este desfase a la "falta de voluntad política". Y el problema es que la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado se ha convertido en "estructural". Uno de los grandes problemas es la falta desglose de proyectos, lo que dificulta poder conocer cuáles deberían haberse realizado y no se llevaron a cabo, explica la directora de Infraestructuras de la Cambra, Alícia Casart.
En todo caso, si en alguna denuncia coinciden organismos y entidades con diferentes ideologías y tendencias es en esto: la baja ejecución real de las inversiones en Cataluña en comparación con la media y el déficit inversor que se arrastra como consecuencia de ello. Ahí coinciden desde la Generalitat y la Cambra de Comerç de Barcelona hasta Foment del Treball, Pimec o los sindicatos.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en visita al salón de la logística SIL, rechaza "un relato exclusivamente en torno a las frías cifras". Y reitera que "desde el 2008, este Gobierno ha invertido en Cataluña más que en ningún otro. Hemos de hacer un análisis proyecto por proyecto y ver la situación de cada uno de ellos cuando llegó el actual Gobierno", agregó. El Ministerio se apresuró el lunes a afirma que "en breve" se reunirá la Comisión Bilateral de Infraestructuras para analizar con la Generalitat los proyectos de inversión y el grado de ejecución.
Por su parte, el 'conseller' de Economia, Jaume Giró, ha puesto ya el grito en el cielo. A su juicio este dato es "triste, decepcionante y sorprendente". Desde su punto de vista, esta evolución es una "injusticia terrible" y los datos son tan "sangrantes, persistentes y humillantes" como para querer que "Cataluña sea un nuevo Estado de Europa".
Lo cierto es que hay quien busca explicaciones políticas. Tiene que haber negociación y desde al menos 2017, el año del referéndum, dudo que la haya habido", afirma Martí Carnicer, quien fuera número dos de Antoni Castells en la Conselleria de Economia del socialista Antoni Castells. En todo caso recuerda que este desfase se corrigió en alguna medida mediante la disposición adicional tercera del Estatut, que preveía mecanismos para que la inversión pública estatal en Cataluña fuera acorde con su peso en el conjunto de la economía (PIB). Pero eso se dejó de cumplir con el Gobierno de Mariano Rajoy y, pese a las promesas, tampoco lo han recuperado al completo los Ejecutivos de Pedro Sánchez, que funcionaron con presupuestos de Estado prorrogados en 2019 y 2020. Según la Conselleria de Economia, quedan pendientes atrasos por déficit de inversión por unos 3.000 millones, del 2009 al 2013.
Un estudio realizado por la Generalitat y AQR-Lab sobre el impacto acumulado del déficit de inversiones del Estado en Cataluña entre 2012 y 2017 aseguraba que restaba 9,8 puntos al PIB , unos 23.820 millones de euros en valore de 2018. Foment, por su parte, reclamó antes de que estallara la pandemia un impulso financiero extraordinario de 10.000 millones entre 2019 y 2023 para acabar la infraestructuras estratégicas ya licitadas en Cataluña y cifró el déficit inversor en los últimos años en 28.000 millones, que elevó ya a 34.000 millones hace unos meses.
