Nuevo debate abierto en el Gobierno. Esta vez a cuenta del descuento de 20 céntimos al combustible vigente hasta el 30 de junio, que el presidente Pedro Sánchez anunció que se prorrogaría tres meses más. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, abrió este martes la puerta a introducir una mayor progresividad en la bonificación para que la medida sea "más eficaz" y llegue a quienes “verdaderamente” lo necesitan y no a toda la población, pero la titular de Hacienda, María Jesús Montero, enfrió esta posibilidad unas horas después al afirmar que el decreto ley actual ya incluye medidas específicas para los consumidores más vulnerables.
"El decreto ley ya contemplaba una atención especial a aquellas personas que tienen menos renta. Parece conveniente que la clase media de nuestro país, que es la que proporcionalmente más impuestos paga, también se beneficie de la bajada de la electricidad y de la bonificación del combustible”, ha afirmado Montero en una entrevista en Antena 3. Sin embargo, la propia ministra defendía hace unas semanas que “de mantenerse mucho tiempo la situación (de crisis energética), la medida debería ser más selectiva en función de las necesidades” de los beneficiarios y son muchos los economistas que también discrepan con esta medida.
Las rentas altas, las más beneficiadas
El Banco de España advertía en su informe anual 2021 que la bonificación al combustible es “una medida muy genérica, que posiblemente tenga incluso un carácter regresivo, dado que los hogares de menores rentas probablemente tengan un menor consumo de esos productos” y planteaba como solución utilizar “transferencias condicionadas al nivel de renta”. En la misma línea, este martes durante la reunión anual de la patronal del gas Sedigas, el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, aseguraba que muchos países han introducido medidas similares para "evitar un efecto 'chalecos amarillos'" pero falta "un elemento de conexión entre los países". Torres incluso advirtió, antes de que el presidente del Gobierno anunciara su prórroga, que "si se mantiene en el tiempo (el descuento de 20 céntimos) sería contraproducente” y abogó por medidas "más focalizadas en colectivos vulnerables y sectores".
Elevado coste público
“Entiendo que por razones prácticas se ha hecho así, pero eso impone un coste muy alto a las arcas públicas en una situación de elevado gasto público y de reducido margen fiscal”, explicaba durante la reunión anual de Sedigas la economista senior del Banco de España, Marta Suárez-Varela. El ministerio de Hacienda calculó en un inicio que el coste de este descuento sería de 1.423 millones de euros en los tres meses que en un principio se establecieron que estuviera en vigor la medida, aunque hace unas semanas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, elevó esta cifra hasta una horquilla de entre 1.700 y los 2.000 millones de euros. Ahora, con la extensión de la medida hasta el 30 de septiembre, si se mantiene en los mismos términos, el gasto público será el doble.
Descuento absorbido
La memoria anual Consejo Económico y Social de España (CES), publicada este miércoles, insiste en que el descuento “ha resultado ineficaz en su objetivo de reducción de precios, además de tratarse de una medida fiscal regresiva que choca con el objetivo de descarbonizar la economía”. El precio medio de la gasolina ha proseguido su escalada hasta los 1,968 euros por litro esta semana, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Esto es cinco céntimos menos que en la última semana de marzo, antes de que el Gobierno pusiera en marcha el descuento, con lo que el encarecimiento de la gasolina ha absorbido ya un 75% de la ayuda. El caso del diésel es diferente porque el precio medio del litro ha vuelto a abaratarse por tercera semana consecutiva, con un descenso del 0,8%, para situarse en los 1,852 euros. De esta manera, al aplicar la rebaja de los 20 céntimos, su importe sería de 18,5 céntimos menos que a finales de marzo.
