El Gobierno ha redoblado su arsenal de medidas para luchar contra los efectos de la inflación y la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania con la aprobación, este sábado, de un real decreto ley que, entre otras medidas, incorpora un cheque de 200 euros para 2,7 millones de personas en familias con rentas hasta 14.000 euros; la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% hasta final de año , una subvención del 30% de los abonos transporte de autobuses urbanos y cercanías (de septiembre a fin de año) y la subida del 15% de la pensiones no contributivas de invalidez y jubilación hasta final de año.
El decreto, además, prorroga hasta 31 de diciembre las medidas del primer plan anticrisis, aprobado el 28 de marzo, con ayudas como la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante, la subida de un 15% del ingreso mínimo vital o la que limita al 2% la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual.
Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez explicó que el objetivo del decreto es “amortiguar al máximo los efectos económicos y sociales” de la guerra, y hacer que se repartan “de manera más justa”, protegiendo a los más vulnerables.
Las nuevas medidas tendrán un impacto presupuestario de algo más de 9.000 millones de euros, resultado del bloque de iniciativas que supondrán un mayor gasto "para proteger a familias, clases trabajadoras y sectores específicos" (unos 5.500 millones) y de las rebajas fiscales adicionales (unos 3.600 millones).
El mayor montante de gasto se lo lleva la prórroga de julio a diciembre de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante (4.038 millones). Para el cheque de 200 euros se estima un impacto de 540 millones y para la bonificación de los abonos transporte, de 221 millones. En el bloque de los ingresos se incluye la rebaja del IVA eléctrico (600 millones) y la prórroga hasta el 31 de diciembre de las medidas fiscales que se vienen aplicando desde junio de 2021.
Este nuevo plan, sumado al de marzo (que supuso ayudas por 6.000 millones) debería servir, según el presidente del Gobierno para evitar que la inflación sea 3,5 puntos más alta que en ausencia de ambos. También contribuye de forma sustancial a este objetivo la llamada 'excepción Ibérica', que permite a los gobiernos de España y de Portugal poner un tope al precio del gas que se usa en la generación eléctrica y que, según Sánchez, está permitiendo que el precio mayorista de la electricidad esté “entre un 40% y 50% más barato que en las principales economías industriales de Europa”. "Si todas estas medidas no existieran, la inflación se acercaría a los 14 ó los 15 puntos", aventuró Sánchez.
El esfuerzo presupuestario de los decretos de marzo y de junio se estima en unos 15.000 millones -"algo más que un punto de PIB", según Sánchez- al que habría que añadir otros 10.000 millones en créditos ICO para las empresas.
Impronta morada
La mayor parte de las nuevas medidas incorporadas en el decreto ley de este sábado parten de las propuestas que ha venido realizando Unidas Podemos en las últimas semanas. La resistencia de la parte socialista del Gobierno a adoptar algunas de ellas llevó hasta la misma mañana del sábado la negociación entre ambos socios del Ejecutivo. Simplificando, se podría decir que el cheque de 200 euros lleva la firma de Unidas Podemos (aunque la formación morada pedía 300 euros), así como la subvención al abono transporte. Y que la rebaja del IVA del 10% al 5% lleva el sello socialista.
Unidas Podemos no ha logrado convencer a los socios para transformar el descuento de 20 céntimos por litro de carburante en una ayuda solo para los niveles inferiores de renta. Sin embargo, la parte del Gobierno que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz sí ha logrado hacer valer su empeño para crear un nuevo impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las energéticas obtenidos este mismo año.
El presidente Pedro Sánchez anunció que este “nuevo impuesto” se incorporará en una proposición de ley que los grupos socialista y de Unidas Podemos presentarán en el Congreso de los Diputados "en las próximas semanas". Aunque el presidente no adelantó detalles sobre el diseño del nuevo gravamen, después, fuentes se aclaró que la idea es fijar el devengo del impuesto el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, "el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría al ejercicio 2022", según el comunicado emitido por el Gobierno.
El presidente se explayó en justificar la necesidad de este nuevo impuesto sobre eléctricas, petroleras y gasistas: "garantizar un reparto justo de las cargas" que está provocando el elevado nivel de los precios energéticos. “Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías”, dijo Sánchez, con cierto tono épico. Por eso añadió que “quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deberán hacer una aportación adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora de nuestro país. Somos una comunidad, no una suma de individuos, y quienes más obtienen deben contribuir más al sacrificio colectivo”.
¿Quién paga la factura?
El cobro de ese “nuevo impuesto” a las energéticas debería servir para ayudar a sufragar los 15.000 millones de euros a los que se eleva la factura presupuestaria para contener la subida de los precios y ayudar a los colectivos más vulnerables. La propia inflación también ayudará a sufragar el impacto. Según la AIREF, cada punto de inflación adicional añade 2.000 millones a la recaudación de impuestos, si bien la autoridad fiscal que eso será más gasto al año siguiente, por la revalorización obligada de las pensiones. Todo lo que no cubra la mayor recaudación fiscal se traducirá, lógicamente, en un mayor déficit y una mayor necesidad de endeudamiento.
Desde un punto de vista macroeconómico, también cabe la duda de si esa inyección de 15.000 millones de dinero público en la economía no podrá acabar retroalimentando la espiral de inflación. Frente a este temor, el Banco de España viene recomendando que las medidas sean de carácter temporal y que se concentren en colectivos vulnerables, como ha vuelto a recordar este jueves el gobernador, Pablo Hernández de Cos. A priori, las nuevas medidas del Gobierno apuntan en esa dirección.
Desde un punto de vista empresarial, la patronal Foment del Treball consideró este sábado que las medidas incorporadas en el decreto son "escasas para las empresas, que padecen fuertes incrementos de costes". La patronal se queja de que muchas de las medidas recogidas en el paquete son "de carácter paliativo, enfocadas casi exclusivamente hacia las familias, y con pobre afectación sobre las empresas", que asegura que tienen poco margen de beneficio, algo poco sostenible a largo plazo.
