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Alicante

El Gobierno y Consell cierran los acuíferos sin garantizar el trasvase del Júcar

El Instituto Universitario de Geografía calcula que el lucro cesante por la pérdida de valor de las 60.000 hectáreas en producción alcanzaría los 1.500 millones de euros en caso demandas

La llegada a finales de mayo del agua del Júcar al Vinalopó fue una fiesta pero nada se sabe de qué sucederá en 2023. Áxel Álvarez

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha aprobado finalmente por 24 votos a favor -entre ellos los de la Generalitat Valenciana- y tres en contra (Junta Central del Trasvase Jucar-Vinalopó, Comunidad de Usuarios del Alto Vinalopó y la Entidad de Usuarios del Medio Vinalopó) la orden de prohibir extraer agua para regadío de los acuíferos sobrexplotados de la provincia de Alicante entre 2023 y 2027. Un caudal de unos 80 hm³ que deberá ser sustituido por la agua del trasvase del Júcar. Caudal que, sin embargo, solo está asegurado (18 hm³) hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que tras un mes de tregua, esta se ha roto unilateralmente por el Gobierno y con el apoyo del Consell, y abre la vía a una nueva batalla con los regantes, ya que el escenario es idéntico al del 25 de mayo, cuando la consellera de Agricultura, Mireia Mollá paró la votación para abrir un periodo de negociación. De momento, la Junta Central opta por el diálogo y trabaja en un convenio para convencer al Ministerio.

Casi cuatro semanas después todo vuelve a saltar por los aires, incluso con el voto a favor de la propia consellera Mollà, que da paso a una posible catarata de reclamaciones judiciales por la pérdida patrimonial de muchas hectáreas de regadío que, sin el agua de los acuíferos, pasarán a secano o se abandonarán. El motivo. Ni agua subterránea, ni agua del trasvase que, por otro lado, tampoco llega todos los municipios al no haber acabado el Consell las obras del postrasvase.

Según el Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, el valor patrimonial de las 60.000 hectáreas afectadas es de 1.500 millones de euros, que podrían reclamarse al Gobierno como lucro cesante y algunos agricultores ya se han puesto en contacto con gabinetes de abogados porque de no solucionarse el problema muchas tierras podrían pasar de regadío a secano, con lo cual la pérdida de valor sería sustanciosa.

La Junta Central no se opone a dejar de extraer agua de los acuíferos para facilitar su recuperación -objetivo del trasvase desde que se concibió y construyó con un coste de 400 millones de euros- pero exige alternativa. “Seguimos negociando y esperamos tener un acuerdo antes de diciembre pero lo que está claro es ahora mismo no está asegurada el agua del Júcar a partir de enero de 2023. Queremos un acuerdo para 9 años en precio y cantidad de agua”, subraya Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó. De momento, no se ha revelado nada sobre el contenido de las conversaciones pero el objetivo de los usuarios es que el trasvase medio quede en unos 35 hm³ al año, aunque la cantidad se alcance de forma gradual.

La prohibición contempla la prohibición de extraer 86 hm3 de los 95 hm3 actuales de agua subterránea para regadío de los seis acuíferos desde el que se abastecen regantes y municipios, que serán los únicos que seguirán teniendo acceso, de momento, a los 41,3 hm3 a los que tienen derecho.

La propuesta aprobada es reducir un 90% el derecho y la concesiones de los regantes, que pasarán a disponer solo de 9,2 hm3 al año por los 95,2 hm3 actuales. El problema es que la Confederación del Júcar pretende dar el paso ya este año, sin tener cerrada la cantidad que facilitará a los agricultores .

El impacto para el abastecimiento urbano es menor, un 40% menos entre la puesta en marcha del plan hasta 2027 o, lo que es lo mismo, pasar de los 41 ,3 hm3 de agua que se extraen en estos momentos a 24,7 hm3. Básicamente, esta disminución se concentrará en los municipios de l`Alacantí, que deberán abastecerse con agua desalada o, en el caso de Alicante, la que llegue también desde el Tajo.

Un situación que afecta las denominadas 'masas de agua subterránea' de los acuíferos Villena-Beneixama, Sierra Castellar, Sierra Salinas -estos dos se cierran al completo para el campo-, Peñarrubia, Sierra de Crevilllente y Reclot. La Junta Central trata en estos momentos de minimizar el impacto que puede tener la decisión del próximo miércoles. Los regantes hablan de ruina total si se da el paso adelante y avalancha de reclamaciones patrimoniales porque, además, muchas comunidades de regantes siguen sin estar conectadas con la infraestructura del postrasvase del Júcar.

El fundamento de la aprobación que se adoptó en la última reunión de la junta central, según la Confederación del Júcar, en tres situaciones básicas: las extracciones y los derechos reconocidos son mayores que el recurso disponible, los niveles piezométricos presentan descensos acusados y generalizados, y los ecosistemas acuáticos asociados resultan afectados. La superficie total afectada por la declaración es de 330,2 km2.

Los programas de actuación, entre el 23 de noviembre de 2021 y el 1 de febrero de 2022, fueron sometidos a una primera consulta pública y trasladados a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, que actúa como representante de los usuarios para las seis masas de forma cautelar, y que presentó alegaciones. Una vez analizadas éstas, con fecha 6 de abril de 2022 se dio traslado a dicha Junta Central del informe de respuesta a las mismas, así como de los Programas de Actuación, una vez modificados conforme a las alegaciones atendidas, abriéndose nuevo periodo de consultas hasta el día 26 de abril de 2022. Recibidas nuevas consideraciones por parte de la Junta Central, se emitió un segundo informe con el resultado de la valoración de las mismas.

Los programas para cada masa de agua subterránea establecen un volumen máximo de extracción anual para cada titular de derechos de agua inscritos, que se reducirá a lo largo del primer año (2023) hasta alcanzar el valor de extracciones establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación para la masa, y, posteriormente, de forma lineal hasta alcanzar los objetivos generales indicados. Establecen también el régimen de extracciones para dichos titulares en función del tipo de uso y las fuentes de suministro alternativas (transferencia Júcar-Vinalopó y desaladora de Mutxamel, las condiciones para el acceso a concesiones colectivas cuyo objeto sea la sustitución de captaciones individuales, o a modificaciones de derechos preexistentes o rehabilitación de captaciones, así como las condiciones para la clausura de pozos para proteger los acuíferos de la entrada de sustancias contaminantes.

Será exigible, en todo caso, según la CHJ, la instalación y mantenimiento de sistemas de control de los caudales consumidos, aplicándose un régimen de autocontrol de los mismos. Tras el plazo de tres semanas de aplazamiento acordado en la Junta de Gobierno de 25 de mayo de 2022, como resultado de un proceso de reuniones, análisis y revisión de los programas, se ha incorporado un mecanismo que posibilita que la CHJ pueda otorgar, de forma coyuntural, extracciones de aguas subterráneas por encima de las limitaciones establecidas en los Programas, que podría activarse cuando se dieran circunstancias excepcionales como sequías, o bien se produzcan averías en determinadas instalaciones inherentes a los sistemas de sustitución de caudales; y ello, siempre, en función de la evolución de los niveles piezométricos de las masas de agua.

Asimismo, se ha dotado a los programas de un sistema de compensación de costes entre los usuarios, teniendo en cuenta que existen tres tipos de ellos con diferentes circunstancias: En primer lugar, hay abastecimientos que disponen de recursos alternativos, a los que se les aplican disminuciones de extracciones. Por otra parte, hay abastecimientos sin posibilidad de sustituir sus bombeos, que conservan sus derechos reconocidos. Finalmente, existen usuarios agrícolas ubicados en masas de agua con comportamientos piezométricos muy distintos.

En atención a todo ello y en virtud del artículo 43 del Plan Hidrológico de la Demarcación, la CHJ tendrá en cuenta estas circunstancias a la hora hacer efectiva la repercusión de los costes de sustitución de caudales. Los programas de Actuación estarán vigentes hasta el 1 de octubre de 2027 o hasta que la Junta de Gobierno pueda acordar una revisión, a propuesta de las juntas de explotación de aquéllas, siempre que la evolución del estado de una masa de agua sea favorable a su recuperación.  

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