El Consejo de Ministros aprobó ayer el rescate solicitado por las ingenierías asturianas Imasa e Isastur y por la siderúrgica catalana Celsa, dueña de la factoría gijonesa de su filial Moreda Riviere Trefilerías.
El rescate (consistente en una ayuda temporal mediante préstamos participativos y ordinarios por un monto de 40 millones en el caso de Isastur; 35 en el de Imasa y 550 en el de Celsa) se produce con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE), que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este fondo, dotado con 10.000 millones de euros para ayudar a compañías solventes a hacer frente a los efectos de la pandemia, vence pasado mañana, por lo que el Consejo de Ministros de ayer (adelantado al lunes a causa de la cumbre de la OTAN en Madrid) era la última oportunidad para la aprobación de estas solicitudes.
Las tres compañías asturianas favorecidas (el grupo Isastur, Imasa y Moreda Riviere Trefilerías, filial de Celsa) suman 2.594 empleos.
Con Isastur e Imasa, son tres las ingenierías asturianas rescatadas por el Estado a través de la SEPI (el año pasado lo fue Duro Felguera con 120 millones), además de Navec (con presencia en la región a través de la antigua Tradehi), que lo fue por medio del fondo Fonrec, que gestiona Sepides. El sector de las ingenierías, casi todas ellas muy internacionalizadas, se vio particularmente dañado por los confinamientos decretados en numerosos países a causa de la pandemia de 2020. Por esta causa, la SEPI y el Gobierno también rescataron a otras dos ingenierías españolas: Técnicas Reunidas y Vicinay Marine. Por el contrario, la petición de un crédito de 249 millones por la ingeniería andaluza Abengoa, que arrastra graves problemas desde hace años, no prosperó y ayer quedó descartada, lo que parece conducir a este grupo al concurso.
Imasa e Isastur habían solicitado inicialmente al Gobierno 25 millones de euros de ayuda temporal cada una de ellas, el mínimo que prevé el decreto que regula el fondo de rescate. Ambas ampliaron su petición por la demora en el proceso decisorio por parte del Fondo, que en el caso de Imasa se ha prolongado durante un año, y en el Isastur, durante más de ocho meses. En el caso de Celsa su solicitud se remonta a hace año y medio.
La ayuda a Imasa se eleva a 35 millones, de los que 17,85 millones se canalizan como préstamo participativo y los 17,15 millones restante, como préstamo ordinario. El Gobierno justificó la aprobación de su solicitud porque “ejerce un papel importante tanto en el empleo como en la economía de Asturias, integrando actividades de valor añadido en toda la cadena de valor de la ejecución de proyectos” y “siendo una de las mayores empleadoras del Principado”. El ejecutivo también destacó su “presencia internacional” en doce países. En la resolución se afirma que el impacto del covid le supuso una caída de ventas del 56,7% en 2020 y del 28,6% en 2021.
A Isastur se le han concedido finalmente 40 millones, de los que 20,4 millones se otorgan como crédito participativo y 19,6 millones como préstamo ordinario. El Gobierno justificó la concesión por el “impacto laboral y económico muy elevado” que el grupo tiene “en España y especialmente en Asturias”. La SEPI y el Ministerio de Hacienda (del que depende el grupo público) señalan a su vez que la ingeniería y sus diversas sociedades son “un actor clave en el sector de la ingeniería en España, con un papel destacado en la cadena de valor entre sus clientes, generalmente grandes empresas, y sus proveedores, pequeñas y medianas empresas”. A causa de la pandemia, sufrió “un fuerte deterioro de su actividad”, con una caída del 212% de su resultado de explotación el año pasado.
Celsa, el mayor grupo siderúrgico de capital español, recibirá 550 millones (280,5 millones como préstamo participativo y 269,5 millones como ordinario), pero esta operación está pendiente de que la familia Rubiralta, dueña de la empresa, y sus acreedores financieros alcancen un acuerdo para reestructurar la deuda financiera y reducirla desde los 2.300 millones actuales a unos 1.300 millones. Las conversaciones continúan. La Comisión Europea, que debía pronunciarse sobre la ayuda por superar los 250 millones, ya ha dado su consentimiento, lo que permitió la aprobación ayer por el Gobierno.
Celsa, segundo fabricante siderúrgico europeo de productos largos, tiene 120 centros de trabajo en nueve países, e implantación fabril en siete regiones, entre ellas Asturias. Destina el 60% de su producción a la exportación. La pandemia le supuso una merma del 25% de su negocio en sus mercados naturales y unas pérdidas de 364 millones. En España emplea a 4.500 trabajadores (300 en Asturias) y más de 33.000 si se suman indirectos e inducidos.
“Satisfacción” en empresas y Gobierno del Principado por unas ayudas muy esperadas
Fuentes de Isastur expresaron ayer su “satisfacción” con la decisión del ejecutivo español tras “un proceso tan largo y que nos ha tenido en vilo tanto tiempo”. La ayuda temporal “va a resolver problemas de liquidez” generados durante el impacto por el coronavirus. Las mismas fuentes manifestaron su confianza en que “se resuelvan los problemas con los avales y que todo recobre la normalidad”. Imasa afirmó que la ayuda se ha otorgado en virtud del “plan de viabilidad” presentado por la compañía, las “perspectivas de evolución del grupo” y “las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo público temporal”. Su director general, José Ignacio Martínez, explicó a ese diario que la ayuda va a permitir al grupo “reconstruir la relación con proveedores”, a los que se les pidió un esfuerzo, y agradeció el apoyo de la Consejería de Industria del Principado y el IDEPA, de la Universidad de Oviedo (que elaboró un estudio sobre el impacto del grupo en la economía asturiana) y de los proveedores. “Confiamos en que el dinero llegue pronto para cumplir nuestras obligaciones”, dijo. El aumento de la solicitud de ayuda obedeció a que, en el año transcurrido desde que se cursó la petición, “algunos contratos bien se han retrasado o se adjudicaron a terceros”. El Gobierno asturiano expresó su satisfacción con la decisión del Consejo de Ministros. El consejero de Industria, Enrique Fernández, recordó que desde el Ejecutivo asturiano se mantuvieron contactos permanentes con la SEPI y que se recomendó a Isastur e Imasa que pidieran la ayuda porque cumplían los requisitos para hacerlo.
