La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas: Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones) por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Entre los contratos en los que Competencia ha encontrado prácticas colusorias hay, al menos, dos licitaciones desarrolladas en suelo asturiano: el contrato de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Navia-Coaña, con un coste de unos 7,7 millones de euros y las obras de acondicionamiento del puerto interior de Llanes, licitadas en 4,7 millones en el año 2009.
Desde 1992, "el Grupo" (como la CNMC se refiere al cartel de las constructoras) se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir (entre todas o en un subgrupo) una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del Grupo a empresas externas.
Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas. Las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta. Además, en los encuentros semanales, las empresas intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían.
La CNMC ha publicado una "lista no exhaustiva" de contratos en los que "el Grupo" habría maniobrado, donde se encontrarían entre muchos otros contratos los dos desarrollados en suelo asturiano. En el informe de Competencia también se hace referencia a dos actuaciones en el Aeropuerto de Asturias. En el contrato de “Regeneración de pista, calles T1 y T2 y adecuación de cabeceras. Aeropuerto de Asturias", licitada en 2016 por AENA la CNMC recoge un correo de Ferrovial al resto de empresas del cartel en el que les comunica que no va a participar en el concurso público: "Confirmo que Ferrovial Agromán finalmente NO ESTÁ INTERESADA (no licitamos) en ningún trabajo", señalaría literalmente el mensaje recogido por Competencia.
Las prácticas del cartel habrían continuado en el tiempo hasta 2017, cuando las empresas decidieron poner fin a sus acuerdos. Unas prácticas reiteradas cuyos efectos, estima la CNMC, "han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc". "Los acuerdos colusorios sancionados han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante", apunta la Comisión, que también señala que las conductas "también produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del Grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas".
Las multas se repartirán de la siguiente manera, Acciona Construcción, S.A.(29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1), FCC Construcción, S.A. (40,4) Ferrovial Construcción, S.A.(38,5), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7). Competencia, por su parte, también declaró el archivo de sus actuaciones contra la empresa Lantania, S.A. Contra las resoluciones de la CNMC las constructoras sancionadas podrán interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
