España rechaza el plan de la Unión Europea presentado ayer para reducir un 15% el consumo de gas ante el chantaje de Vladimir Putin. «Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa», afirmó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre una «imposición» que «no es necesariamente la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa».
El temor a que Rusia cierre de la noche a la mañana el suministro de gas a la UE ha llevado a la Comisión Europea a redoblar la presión para que los 27 Estados miembros reduzcan el consumo de este combustible fósil todo lo que puedan. El nuevo plan de emergencia propuesto ayer, denominado «Ahorrar gas para un invierno seguro», plantea un recorte del 15% durante los próximos ocho meses, desde el 1 de agosto al 31 de marzo de 2023, con medidas voluntarias en un primer momento. Para alcanzar el nuevo objetivo, avisa Bruselas, todos tendrán que poner su granito de arena: consumidores, administraciones públicas, hogares, propietarios de edificios, suministradores de gas e industria.
Si la situación se deteriora, por una escasez grave de gas o un repunte excepcionalmente elevado de la demanda, por ejemplo provocado por un corte repentino en el suministro por parte de Putin, la Comisión Europea plantea la posibilidad de dotarse de poderes para declarar una alerta europea, que le permita hacer obligatoria la reducción en todos los Estados miembros, con objetivos vinculantes. Para calcular el recorte del 15% Bruselas tendría en cuenta el consumo medio en el mismo período durante el período 2016-2021. Todos los Estados miembros tendrán que actualizar antes de finales de septiembre sus planes nacionales de emergencia. En ellos, tendrán que detallar las medidas de reducción de la demanda que tienen previsto adoptar para cumplir con el recorte del 15% que, según las estimaciones de Bruselas, permitirán ahorrar 45.000 millones de metros cúbicos.
La Comisión Europea aspira ahora a conseguir el aval de los Veintisiete en la reunión extraordinaria de ministros de energía convocada por la presidencia checa de la UE para el próximo 26 julio. «Si queremos ir contra una escenario oscuro tenemos que ahorrar gas. Es el momento de recordar a los Estados miembros lo fuertes que somos cuando somos solidarios», apuntó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ante posibles resistencias de países.
Sin un debate
Uno de esos países es España. Según señaló ayer la vicepresidenta Teresa Ribera, el Gobierno considera que el planteamiento de la Comisión Europea se ha producido «sin un debate de orientación general en el Consejo Europeo, incluso cuando las consecuencias económicas en términos de impacto redistributivo son particularmente importantes» en un plan en el que cada Estado miembro tendrá que reducir su consumo nacional de gas para contribuir a abordar la brecha entre las oferta y la demanda en la UE, independientemente de dónde surja o sea mayor esa brecha. «Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni luz en sus casas», advirtió Ribera, que insistió en que España también «va a defender la posición» de su industria. El pasado martes, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a las principales patronales del sector fabril español, pidió por carta a Ribera que se opusiera al plan de la UE porque forzaría paradas industriales en países como España donde no es necesario.
La ministra para la Transición Ecológica reconoció que «hay muchos socios europeos que lo están pasando mal y ven con enorme preocupación el otoño y el invierno», motivo por el que mostró la disposición de España para «ayudar de forma solidaria» poniendo a disposición todas sus infraestructuras y toda su capacidad de apoyo. Eso sí, «defendiendo todo el respeto que nos merecemos los españoles y la industria española», aclaró la ministra, que recalcó que España puede sentirse orgullosa de ser solidaria gracias a que ha hecho «los deberes» para garantizar la seguridad de suministro. «Somos solidarios, pero no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado», alegó Ribera, que en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA había asegurado que la puesta en marcha de la planta regasificadora de El Musel –sin uso desde su construcción hace diez años– como almacén para Europa se incluiría «como primera medida de apoyo a otros países de la Unión Europea en el plan de contingencia».
El objetivo central del plan presentado ayer por la Comisión Europea es hacer frente a Putin y a sus intentos de utilizar la energía como arma en contra del continente europeo. «Rusia nos está chantajeando utilizando la energía como arma. Por tanto, sea el corte parcial o total, Europa debe estar preparada», avisó Ursula von der Leyen, que insistió en que los Veintisiete deben estar preparados para lo peor, incluida la posibilidad de que Gazprom no reactive el gasoducto Nord Stream 1, en parada técnica por mantenimiento desde el pasado 11 de julio y que debería reactivarse hoy.
Hasta ahora son ya una docena los países de a UE los que han visto cómo Moscú les ha cerrado el grifo de este combustible o ha reducido el flujo, como Polonia, Finlandia, Bulgaria o Alemania. La propuesta llega con los depósitos subterráneos de la UE al 65%, lejos todavía del 80% que deberán alcanzar las reservas de gas para el 1 de noviembre, y con situaciones muy dispares. En Bulgaria las reservas no llegan al 40% mientras que en España ya están al 74% y en Portugal al 100%.
Antes de llegar a las medidas de racionamiento, que son el último recurso, Bruselas recomienda agotar todas las posibilidades de sustitución de combustibles, planes de ahorro no obligatorios y fuentes de energía alternativas. En la medida de lo posible, además, los Estados miembros deberán dar prioridad al cambio a energías renovables u opciones más limpias, menos intensivas en carbono o menos contaminantes como la biomasa, el biometano o la energía solar. No obstante Bruselas admite que el cambio al carbón, el petróleo o la energía nuclear puede ser necesario como medida temporal, siempre que se evite el bloqueo del carbono a largo plazo.
Además de fomentar el uso de otros combustibles para generar el electricidad, Bruselas plantea sistemas de subasta o licitaciones para incentivar el cambio en la industria, a cambio de compensaciones o ayudas públicas , así como la reducción del consumo de calefacciones y aires acondicionados. En este terreno, la Comisión insta a todos los Estados miembros a que lancen campañas de concienciación pública para promover la reducción de la calefacción y la refrigeración a gran escala, y a dar ejemplo tomando estas medidas en los edificios gestionados por las autoridades públicas.
El racionamiento
El plan también ofrece directrices a los Veintisiete para determinar la jerarquía de los clientes o industrias “no protegidas” –los clientes protegidos como hogares, hospitales o escuelas están exentos de cualquier medida de racionamiento– a la hora de planificar los recortes, en el caso de que tengan que racionar gas en un futuro. La propuesta tiene en cuenta consideraciones económicas; si pertenecen a sectores de “críticos”, como la salud, la seguridad, las refinerías y la defensa, así como la prestación de servicios medioambientales; si forman parte de cadenas de suministro transfronterizas, así como el posible impacto a las instalaciones en caso de cortes y la capacidad de sustituir a componentes o productos importados.
