El Gobierno descarta retirar el plan de ahorro energético como plantea el Partido Popular. A la petición de cinco comunidades autónomas (Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León), todas populares, de retirar el plan de ahorro que obliga a apagar la luz de edificios públicos por la noche y limita la climatización de los establecimientos (19 grados en invierno y 27 en verano), el Gobierno dice no, según ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al término de la reunión con los consejeros autonómicos para aclarar dudas.

La vicepresidenta ha precisado que con las medidas propuestas por el Ejecutivo España reducirá su consumo de gas "más de la mitad" del 7% acordado con Bruselas (entre un 3,5% y un 4%) y ha advertido que mejor ahorrar ahora que cuando la situación empeore. "Es más sencillo y más adecuado reducir (la demanda de gas) cuando es posible y en aquellos ambientes en los que es más fácil antes de encontrarnos con una situación que pudiera llegar a ser más complicada para las familias y para la industria y evidentemente más perjudicial para los Estados europeos más directamente afectados por el chantaje energético de Putin", ha dicho Ribera tras una reunión en la que estuvo acompañada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

La vicepresidenta ha asegurado que el encuentro, que ha durado alrededor de tres horas, se ha desarrollado en un "tono cordial", muy diferente a la bronca mediática de los últimos días. Más allá de la petición de retirada por parte de las cinco comunidades citadas, "ninguna (de las regiones) ha dicho expresamente que no vaya a cumplir el plan". "Ha habido algunos comentarios respecto a si solo debiera ser exigible a las administraciones públicas y no al sector privado y les hemos explicado que habíamos tomado como referencia aquellos sectores donde se generan beneficios porque reduce factura energética y porque tiene menor impacto en el conjunto de la economía de lo que tendrían otras medidas que afectan a la vida privada de las familias, al confort térmico de los hogares o a la industria", ha agregado Ribera.

Tampoco se han escuchado propuestas alternativas de las comunidades más vehementes con el plan, según Ribera. Eso sí, los representantes se han comprometido a presentar sus planteamientos concretos antes del 31 de agosto para elaborar con ellos el plan de contingencia. "Todos han destacado su voluntad de aportar y contribuir", ha añadido la vicepresidenta.

No ha habido autocrítica por parte de la vicepresidenta respecto a la forma de comunicar las medidas para evitar la tormenta política que ha ido 'in crescendo' después de que el mismo día en que el Gobierno aprobó su decreto ley la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se negase a cumplir las medidas. "Todo lo que hemos hecho desde el 1 de agosto ha estado dedicado a facilitar un mejor entendimiento. Pero nos sorprendió que antes de que terminara la rueda de prensa del Consejo de Ministros una presidenta dijera que su comunidad no se apaga. No creo que eso ayude a facilitar nada", ha agregado Ribera.

El debate sobre el decreto de ahorro energético sigue abierto

El debate sobre el decreto de ahorro energético sigue abierto Agencia ATLAS / Foto: Reuters

El viernes pasado se anunció una reunión para este martes con representantes con rango de director general, en la que iba a participar el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard. Ayuso exigió el sábado al Ejecutivo que se reuniera con los consejeros autonómicos para abordar el plan de energético, en un encuentro de mayor nivel que el "técnico" convocado inicialmente y finalmente así ha sido con la celebración de una conferencia sectorial extraordinaria este sábado con la presencia de la la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Insiste en la flexibilidad

Más allá del "ruido" político, la vicepresidenta ha insistido en que el decreto ley aprobado incorpora dos cuestiones que dan flexibilidad a las medidas para garantizar las condiciones de seguridad laboral o siempre que esté justificado por condiciones térmicas (por ejemplo, una cocina). En cualquier caso, Ribera ha insistido en que la vocación del decreto ley no es sancionar, sino cumplir con los compromisos de ahorro adquiridos con Bruselas, y ha agregado que el Gobierno no puede obligar a las comunidades autónomas a cumplir su parte. “El Gobierno ha hecho lo que está en su mano que es aprobar estas medidas, ahorra corresponde a las comunidades autónomas establecer cómo se aplican y cómo se vigilan”, ha dicho Ribera. ¿Y si no lo hacen? "He oído durante muchas años como se ha recriminado a un Gobierno autonómico (Catalunya) cumplir la Constitución con un reiterado mensaje de lo importante que resulta cumplir las reglas y las normas", ha agregado la vicepresidenta.