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Análisis

La emergencia recorre Europa: llega la austeridad energética

España tiene una baja exposición a los suministros rusos, lo que la ampara del posible desabastecimiento, pero posee una elevada dependencia exterior en sus aprovisionamientos, lo que no la exime de la crisis

España tiene una baja exposición relativa de los suministros energéticos rusos pero una alta dependencia del exterior en su abastecimiento de combustibles.

Por consiguiente, aunque el país está razonablemente protegido de desabastecimientos ante un posible bloqueo total de los flujos de gas, petróleo y carbón procedentes de Rusia –bien por las sanciones europeas a Moscú o por las consecuentes represalias de Putin a la Unión Europea–, no lo está de la crisis y de la vorágine alcista en la que entraría la actual espiral de los precios energéticos si se materializaran las restricciones que temen las autoridades comunitarias. Y ello por más que algunas concesiones recientes de Bruselas a España y Portugal, como la llamada "excepción ibérica", –junto con la elevada dotación de regasificadoras y alta capacidad de almacenamiento gasista– estén actuando de paliativo parcial, con unos precios del gas y la electricidad que, aunque siguen muy altos en ambos países, se han situado sensiblemente por debajo de los de otras economías europeas.

Es en este contexto en el que se produce la decisión del Gobierno de imponer reducciones horarias en la iluminación nocturna de escaparates y monumentos (no del alumbrado público en las calles, en contra de lo que están sugiriendo los descontentos con las medidas cuando invocan la seguridad ciudadana para rechazarlas) y limitación de la refrigeración y la calefacción en interiores, entre otras medidas de ahorro energético.

Los gobiernos deben aportar a la UE planes de contingencia en septiembre

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Este acopio de disposiciones, aprobadas el lunes por real decreto, y que se ampliarán con un segundo paquete de decisiones complementarias en septiembre, se ha pretendido justificar por el Gobierno como una muestra de solidaridad con los estados europeos más dependientes de la energía rusa y más expuestos por ello al riesgo de desabastecimientos y cortes de fluido. Europa ha acudido sucesivas veces en apoyo de España y otros países del sur, y ahora se trataría, se dice, de corresponder cuando la mayor fortaleza reside –en contra de lo que es habitual– en algunos países meridionales, como España, con una mayor diversidad de fuentes energéticas y de países proveedores.

Si antaño la solidaridad europea se expresó con los cuantiosos fondos estructurales, ahora se canaliza con los ingentes fondos de reconstrucción, la compra discrecional de deuda sureña con las reinversiones de los vencimientos de títulos en poder del Banco Central Europeo (BCE) para que no se disparen las primas de riesgo y la reciente creación del Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI) de la política monetaria con el mismo propósito de mantener controlados los diferenciales de riesgo en los países fiscalmente más vulnerables.

Pero, con independencia de estos argumentos morales de correspondencia y compromiso con los socios, la política de austeridad energética es una decisión de la Comisión Europea que obliga a todos los países y que también han empezado a aplicar el resto de Gobiernos. Todos están convocados a tener listos planes de contingencia el mes próximo.

La exigencia europea es que se acometan ahorros de consumo equivalentes al 15% en todos los países miembro de la Unión. España y Portugal, invocando su relativo "aislamiento" energético por las bajas interconexiones con el resto del continente y las limitaciones por ello para suministrar a los socios la energía que no se consuma "in situ", han logrado excepcionalmente que la reducción se limite al 7%. Existía la convicción de que un objetivo más exigente conllevaría la adopción necesariamente de restricciones que afectaría a la producción industrial y obligarían a paradas fabriles, con el consiguiente perjuicio para la economía.

Bruselas exige recortar el 15% del consumo; en España y Portugal, el 7%

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España también argumentó para lograr un trato más liviano las fuertes inversiones realizadas en los últimos decenios en la diversificación energética, con el gran despliegue de plantas de regasificación (el mayor de Europa) para diversificar las fuentes de aprovisionamiento de gas natural licuado, así como el despliegue de energías renovables para reducir la dependencia nacional de los combustibles fósiles, que son precisamente los que están disparando los costes energéticos y permitiendo a Rusia aplicar una estrategia de chantaje contra la Unión Europea como represalia por el respaldo comunitario a Ucrania desde la invasión militar de este país por Moscú el 24 de febrero.

Esta crisis bélica es la responsable de la carestía energética desde meses antes de la agresión. Con la perspectiva de cómo se han desarrollado los acontecimientos, se entiende en clave belicista la limitación de suministros que Rusia impuso desde el verano del año pasado a los países europeos más dependientes de sus abastecimientos mientras bombeaba gas en abundancia hacia China, su aliado tácito en la crisis geopolítica ucraniana, que entonces se desenvolvía en términos de tensión diplomática y fronteriza.

La estrategia rusa de no acrecentar en el verano de 2021 la suministros a la UE cuando los almacenamientos de gas europeos y asiáticos estaban en mínimos tras un invierno muy crudo (en el que se sucedieron la borrasca "Filomena" y otros episodios extremos), y cuando se estaban produciendo prácticas de acaparamiento en el mercado internacional para reponer existencias antes de que llegara la siguiente temporada invernal, fue lo que disparó los precios y desbocó una inflación que desde meses antes estaba siendo impulsada por la crisis global de suministros.

España recibe del exterior el 68% de la energía que consume; la UE, el 57,5%

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La contención de los flujos rusos hacia Europa y su generosa redirección hacia Asia se explican ahora como una estrategia de Putin para reforzar lazos con China y para ejercer un condicionamiento preventivo sobre la política exterior europea en los prolegómenos de la ocupación de Ucrania. El segundo propósito (coaccionar a la UE para que no armase a Kiev ni adoptase sanciones contra Moscú una vez que se produjese la ocupación) no lo logró pero el primero de los dos objetivos le dio resultado.

Ahora, Europa se enfrenta a una situación bélica en sus fronteras y a una amenaza rusa de cercenar de modo abrupto los flujos energéticos y condenar a Europa a un invierno gélido, posibles paradas fabriles, una nueva escalada de la inflación, la retroalimentación del descontento social y el reforzamiento de las tendencias políticas populistas, extremistas y antieuropeas, con el consiguiente tensionamiento y fragmentación social, y el debilitamiento de la democracia.

Las estrategias de ahorro y contención energética que reclama por ello la Comisión Europea a los 27 gobiernos del área se aproximan a las propias de una situación de guerra, aunque sin alcanzar por ahora las más estrictas medidas de emergencia como los racionamientos y los cortes de suministro.

España, alejada geográficamente del territorio en conflicto y del país agresor, afronta la situación en condiciones más favorables que muchos de sus socios. También porque su dependencia del gas natural y petróleo rusos (el primero representó el 18,5% del consumo nacional en 2021, aunque luego bajó al 8,7%, y el crudo supone el 4,6%) es manejable frente al 40% de promedio en la UE, en torno al 50% en Alemania, el 80% en Austria y entre el 90% y el 100% en países del Este.

Sin embargo, España es vulnerable a la vorágine de precios que conllevaría la clausura de los suministros rusos a Europa y la consiguiente sensación de escasez en los mercados, y más cuando la economía española tiene una elevada dependencia exterior en sus abastecimientos energéticos. A causa de la preponderancia de los combustibles fósiles, España importa el 78% de la energía que consume. Si se resta la energía que exporta, su supeditación se sitúa en el 67,89% en términos netos, frente al 57,50% de promedio europeo. Según la oficina estadística europea (Eurostat), somos el sexto país más subsidiario de los aprovisionamientos exteriores. España importa el 100% del petróleo, el 99% del gas y el 100% del uranio que consume. Y el petróleo aporta el 40% de la energía utilizada por el país, cinco puntos porcentuales más que la media de la UE.

Esto se ve agravado por la acusada intensidad energética de la economía española (consumo de energía por unidad de producto interior bruto), superior al promedio de la eurozona. Aunque esto ha mejorado en los últimos años, sigue siendo un factor desfavorable, consecuencia de rasgos estructurales de la economía nacional y también de prácticas de baja eficiencia en los hábitos de consumo.

Rusia empezó a utilizar la energía como medida de presión el año pasado

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Por ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de solicitar que, en una situación grave como la actual, los estados dejen de bonificar el consumo energético a empresas y ciudadanos (como están haciendo muchos gobiernos, incluido el español, con rebajas fiscales y subvenciones directas, caso de los 20 céntimos por litro a los combustibles) y que permitan que los precios se disparen sin limitaciones intervencionistas en su mecanismo de formación, de modo que sean ellos los que cumplan la función que tienen asignada en la economía como reguladores de la oferta y la demanda.

Los subsidios, se argumenta, despenalizan el consumo e incentivan con ello el desequilibrio entre la oferta y la demanda, alimentando la inflación que se trata de corregir. El mismo efecto contraindicado ejercen las rebajas de impuestos.

El FMI propugna que los países sustituyan las políticas de ayuda discrecional para aliviar el coste de la energía por medidas específicas para compensar a las rentas bajas y para, en caso extremo, auxiliar a las empresas en riesgo de quiebra por la factura energética. Con ello, argumenta el Fondo, el gasto sería mucho menor para los gobiernos, no dispararía con tanta intensidad el déficit fiscal, estimularía el ahorro energético por parte de los agentes económicos y favorecería el abandono de los fuentes fósiles y contaminantes en beneficio de las energía renovables, limpias y más baratas.

Este debate sigue abierto porque las energías verdes siguen precisando tecnologías de respaldo mientras no se resuelva el desafío técnico del almacenamiento y porque existe una querencia por las fuentes tradicionales, y en particular por el carbón en las antiguas zonas carboneras, pese a que el petróleo ha duplicado su precio desde 2021 (aunque ha entrado en una relativa tregua desde fines de julio), el carbón lo ha triplicado y el gas lo ha quintuplicado.

La vuelta temporal al carbón en algunos países en contra del criterio y voluntad de sus propios gobiernos, y la reconsideración de la energía nuclear (como medida transitoria en unos casos y como apuesta en otros, fundamentalmente Francia) evidencia la interiorización de que el riesgo de desabastecimiento energético es muy acusado.

El FMI propone no intervenir los precios para que su carestía frene el consumo

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El FMI acaba de estimar que, siendo la UE especialmente vulnerable a los precios y riesgo de escasez de la energía, España sería el décimo país del área con una posición relativa menos dañosa para la renta familiar. No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo también esta semana que España fue en el primer trimestre la economía avanzada en la que la inflación más erosionó la renta disponible de las familias.

En ello influyen otros factores, entre ellos, como acaba de señalar en otro informe el Banco de España, el elevado peso en los hábitos de consumo de los productos alimentarios, otro factor inflacionario de primera magnitud en la actual crisis de carestía, y que tampoco es ajeno a la guerra de Ucrania. Mientras la alimentación supone como promedio el 17% en la cesta de la compra habitual en la zona del euro, en España representa el 22%.

El encarecimiento de la energía está golpeando a las economías porque resta capacidad adquisitiva y demanda interna, empobrece a empresas y familias, transfiere renta y riqueza desde los países consumidores a los productores (en su mayor parte, regímenes autoritarios) y porque está generando déficits comerciales en la UE y la Eurozona, lo que a su vez debilita al euro, cuya depreciación ayuda a impulsar aún más la inflación. En la crisis del petróleo de los años 70 se hizo célebre un eslogan de ahorro energético que ahora cobra vigencia: "Aunque usted pueda pagarlo, España no puede".

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