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El IBI sigue sin tocar techo y bate récords en Asturias con 280 millones recaudados

La facturación de los ayuntamientos por el impuesto sobre bienes urbanos se ha disparado casi 75 millones en tan solo diez años

El IBI sigue subiendo.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es el impuesto que no deja de subir; pase lo que pase, la recaudación continúa al alza. En el Principado, los ayuntamientos ingresaban en 2010 –solo por los bienes urbanos, que suponen el grueso de los ingresos– algo menos de 190 millones de euros anuales. El pasado 2021, el último ejercicio del que hay datos, esta misma partida ya superaba los 264 millones. Durante la última década, crisis financiera y sanitaria mediante, la facturación subió en nueve de los diez ejercicios con la excepción de un 2016 en el que las cifras se mantuvieron estables. El IBI parece no tener techo. En total, sumando la facturación de las tres variantes del IBI –bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales (BICE)– los concejos asturianos hicieron una caja de 280,34 millones de euros, dos millones más que en 2020 según los últimos datos publicados por el Catastro.

La anterior crisis económica (Gran Recesión 2008-2014) y su impacto en los ayuntamientos forzó una intervención generalizada de las cuentas de los consistorios españoles asociada a las reglas de la ley de Estabilidad Presupuestaria, el paquete normativo que obligó a la administración local a apretarse el cinturón.

Con grandes cantidades de deuda en las cajas municipales, el "rescate" a los consistorios lo asumieron, en buena parte, sus vecinos. A través de subidas impositivas que han perdurado hasta hoy los ciudadanos devolvieron el color verde a los números de muchas administraciones. Igual que ocurrió con el IVA, que comenzó la crisis con un tipo del 16% y está hoy al 21%, el IBI también forzó a un nuevo esfuerzo a las rentas familiares. La presión fiscal de este gravamen ha aumentado cerca del 38% en Asturias en la última década, al pasar del 0,85% del producto interior bruto (PIB) en 2010 al 1,17 en los ejercicios más recientes.

Las subidas, realmente, no han tenido mucho que ver con las decisiones de los políticos locales. En 2012 el Gobierno central, entonces del PP, decidió una fuerte subida del IBI (entre el 4% y el 10% en los municipios con revisiones catastrales anteriores a 2001) que quedó consolidada en los recibos de los años siguientes. Ahora, aunque algunas entidades apuesten por plantear ciertas rebajas en el recibo, los "catastrazos" del pasado dificulta que la recaudación se mueva a la baja.

El empuje de la recaudación del IBI fue favorecido también por otro mecanismo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, entonces pilotado por Cristóbal Montoro, y que se presentó como un plan de lucha contra el fraude. Amparándose en una obligación legal generalmente ignorada por los contribuyentes –los propietarios deben notificar cualquier cambio de uso o mejora estructural que pueda afectar al valor de sus inmuebles–, el Catastro buscó por tierra y aire (empleando imágenes de satélite y de drones) edificaciones o partes de ellas sin censar, piscinas privadas sin declarar, cocheras de las que no tenía constancia... El proceso, denominado "regularización catastral", identificó en Asturias más de 51.000 inmuebles en situación irregular. Su incorporación al padrón fiscal explica en parte que, a pesar del frenazo en la construcción desde 2008, el número de propiedades sujetas al IBI urbano en Asturias se haya incrementado superando el millón.

El pasado año se sacaron al cobro 1.170.675 recibos (3.000 más que en 2020). Un número sustancialmente mayor que el de los habitantes de la región. Aunque el mercado inmobiliario pise el freno, el IBI no levanta el pie del acelerador.

Uno de los puntales que fundamentan las razones por las que los contribuyentes asturianos (hogares y empresas) pagan ahora por el IBI urbano unos 75 millones más que hace una década está más en lo sucedido con otra parte de la ecuación: los valores catastrales, actualizados unas veces por iniciativa de los propios ayuntamientos y en otras ocasiones por mandato estatal vinculado a las ayudas recibidas para sujetar las haciendas locales durante la crisis y pagar a los proveedores y a los acreedores financieros, programas de apoyo sujetos a "condicionalidad" (limitaciones en la contratación de personal y en las inversiones, obligación incluso de aprobar incrementos tributarios), al modo de los rescates que a otra escala recibieron a partir de 2010 varios países europeos tras la crisis.

Una veintena de ayuntamientos asturianos actualizaron sus valores catastrales mediante revisiones generales desde 2008, entre ellos Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo. Siero, con una ponencia de valores muy antigua, optó por una vía distinta: renovar la base del IBI urbano echando mano, en varias ocasiones, de un procedimiento exprés que supone incrementarla de manera lineal, con independencia de la zona en que se encuentren los inmuebles. Como resultado de tales estrategias, fueran libremente decididas o marcadas desde el Gobierno central de entonces, la base imponible del IBI urbano (suma de los valores catastrales sujetos a gravamen) pasó de 27.587,1 millones de euros en 2008 a 49.627 en 2020.

El IBI es un impuesto que grava la titularidad y otros derechos reales sobre bienes inmuebles (viviendas, locales comerciales, naves, plazas de garaje...) y que constituye la mayor fuente de ingresos de las haciendas municipales (casi el 26%, uno de cada cuatro euros que reciben las arcas locales). Es un tributo capital por tanto para sostener los servicios y políticas de las entidades municipales. La base imponible la determina el valor catastral de la propiedad (suelo y construcción), que se actualizan con periodicidad variable siguiendo varios procedimientos: revisiones generales y parciales ordinarias y otras automáticas y de trazo más grueso, con arreglo a un mecanismo exprés que se renueva cada año a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sobre el valor catastral, ajustado con bonificaciones si hubiera lugar a ellas, se aplican los tipos de gravamen.

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