Carpetazo al proyecto de una macrogranja de 20.000 terneros (5.300 UGM) que la empresa navarra Ganados Jiménez Cambra planteaba instalar en la localidad oscense de Torralba de Aragón, de apenas un centenar de habitantes. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha denegado la autorización para la construcción de la que pretendía ser una de las mayores instalaciones ganaderas de cebo de vacuno, solo superada por una de 23.500 vacas que se quiere ubicar en Noviercas (Soria). "La explotación resulta inviable", concluye el organismo dependiente del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, que toma en consideración un informe vinculante de Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que no autoriza la toma de aguas propuesta para el suministro hídrico.
El veto al proyecto, avanzado el diario Público, viene recogido en una resolución del Inaga del pasado 19 de abril, a la que ha tenido acceso este diario y que recientemente --el 12 de agosto-- ha sido publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). La autoridad ambiental considera que la explotación "dificulta el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas" del actual Plan Hidrológico de la demarcación del Ebro.
Otro de los argumentos que se esgrimen para vetar la instalación de ganadería industrial es que aumentaría de forma notable las emisiones difusas a la atmósfera por la cría de los animales, la gestión del estiércol y el incremento de gases de infecto invernadero por el tránsito de vehículos pesados con importantes efectos medioambientales negativos.
20.000 toneladas de estiércoles
La empresa Ganados Jiménez Cambra, que tiene su sede en Cadreita (Navarra), inició en marzo de 2020 la tramitación de un proyecto que pretendía poner en marcha en la comarca de Los Monegros, una explotación de vacuno similar al modelo feedlot, habitual en países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Australia, basado en la utilización de grandes superficies de terreno directamente sobre el suelo y sin cubierta. El promotor, que a preguntas de este diario ha eludido hacer valoraciones por el momento sobre el veto a su iniciativa, contemplaba una inversión de 8 millones de euros y 30 empleos cuando la macrogranja estuviera a plena capacidad.
En concreto, las instalaciones proyectadas se componían de 410 corrales, tres naves para oficinas, vestuarios y alimentación (esta última, de 1.535,64 metros cuadrados), dos balsas de agua de 20.000 y 30.000 metros cúbicos de capacidad, una estación depuradora de aguas y cuatro fosas de cadáveres, entre otras infraestructuras.
La empresa estimó que el consumo anual de agua de la explotación sería de 307.000 metros cúbicos, mientras que el suministro eléctrico se realizaría con tres grupos electrógenos que quemaría 31.920 litros de gasóleo al año. La macrogranja generaría además unas 20.000 toneladas de estiércol al año, cuyo destino final sería su compostaje en una planta a instalar en la propia explotación con capacidad para procesar un máximo de 30.000 metros cúbicos de excrementos.
"Esta propuesta es incompatible con una eficiente gestión medioambiental de los residuos establecida en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático", asegura el Inaga
En su valoración de los impactos ambientales del proyecto, el Inaga considera que la instalación de esta explotación ganadera en la zona "supondría un aumento considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la huella de carbono, además de por las propias emisiones de la actividad ganadera, por el aumento del tráfico pesado". En este sentido, detalla que dar salida al estiércol no procesado hacia una planta de elaboración de productos fertilizantes localizada en Escucha (Teruel), a más de 180 kilómetros, supondría el desplazamiento de unos 1.350 camiones anuales con 25.000 kilos de estiércol por camión. A esto habría que añadir el transporte de las materias primas para la alimentación animal y la salida del compost generado.
"Esta propuesta es incompatible con una eficiente gestión medioambiental de los residuos establecida en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático", asegura el Inaga, que también considera en su resolución que "la compatibilidad ambiental de la actividad en ese entorno se ve comprometida por la elevada generación de estiércol".
Limitar por ley el tamaño de las granjas
Los tres informes emitidos por las distintas áreas o servicios de la Confederación Hidrográfica del Ebro fueron desfavorables argumentando que la instalación de esta explotación ganadera junto a la masa de agua del río Flumen, cuya cuenca vertiente está afectada actualmente por contaminación de nitratos de origen agrario, y "que reúne los requisitos para ser catalogada como zona vulnerable", la presencia de balsas de lixiviados próximas al canal y la toma de aguas propuesta "no es autorizable dada la alta demanda prevista (307.000 m³) y el vaciado periódico del canal".
El proyecto fue motivo de polémica desde el primer día. Organizaciones como Ecologistas en Acción alzaron la voz contra la macrogranja cuando se conoció la iniciativa, a la que también se oponían organizaciones agrarias, partidos político y los municipios del entorno. De hecho, los ayuntamientos de Senés de Alcubierre, Robres, Tardienta, Torres de Barbués, Almuniente y Barbués presentaron alegaciones en el proceso de avaluación ambiental de la inversión por el perjuicio que supondría al desarrollo socioeconómico de la zona, el deterioro de las infraestructuras viaria por el aumento del tráfico pesado y aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. El consistorio de Torralba también alegó pero aludiendo a cuestiones competenciales e de incumplimiento de plazos.
El Gobierno de Aragón tampoco veía con buenos ojos una instalación de estas dimensiones y quiere impedir por ley la instalación de macrogranjas de este tipo. A través de la futura Ley de Protección de la Agricultura Familiar, el Ejecutivo autonómico quiere extender la limitación de tamaño que ya existe para la ganadería porcina, que no pueden superar las 7.200 plazas cerdos de cebo y las 2.880 de madres reproductoras. En el caso del vacuno, la barrera se situaría en un máximo de 4.100 plazas de terneros, menos de una cuarta parte de la capacidad planteada en el proyecto de Torralba.
