La propuesta legislativa con la que la Comisión Europea responderá esta semana al mandato de los Veintisiete para intervenir el mercado eléctrico europeo incluirá tres de las medidas que más apoyo suscitaron el viernes entre los ministros de energía de la UE: límites a los beneficios extraordinarios que están obteniendo las tecnologías inframarginales como las renovables o la nuclear, una “contribución solidaria” de las empresas de combustibles fósiles basada en los beneficios suplementarios obtenidos en el ejercicio fiscal de 2022 y una reducción del consumo de electricidad que incluirá un objetivo obligatorio de ahorro en las horas de consumo más caras del día.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von de Leyen, detallará el nuevo paquete este miércoles durante el debate sobre el Estado de la Unión, una vez adoptado por el colegio de comisarios. Su plan inicial, también incluía un tope al precio del gas importado de Rusia por tubería, una idea que genera recelos en algunas capitales y que, a tenor del último borrador, parece haber quedado aparcada. El borrador consultado tampoco incluye la creación de un instrumento de liquidez para garantizar que los operadores energéticos dispongan de garantías colaterales suficientes, otra de las ideas que recibió un respaldo mayoritario de los ministros de energía el pasado viernes, aunque el Ejecutivo comunitario continuará trabajando este mecanismo en paralelo.
Contribución de las petroleras
Bruselas parte de la premisa de que no solo las empresas que generan electricidad deben contribuir, también las empresas del sector de los combustibles fósiles porque también se están enriqueciendo más allá de lo previsto gracias a la situación del mercado y a unos precios extremadamente altos. Por ello, propone introducir una “contribución solidaria”, de carácter “excepcional y temporal”, que haga que el sector de los combustibles fósiles también arrime el hombro. Según el borrador, las empresas de petróleo, gas, carbón y las refinerías tendrán que realizar una contribución en función de los beneficios suplementarios del ejercicio fiscal de 2022. Estos ingresos servirán posteriormente a los gobiernos para “financiar medidas para ayudar a mitigar la actual crisis” entre hogares y empresas.
“El establecimiento colectivo, por parte de los Estados miembros, de una contribución de solidaridad coordinada, única y temporal, basada en los excedentes de beneficios imponibles obtenidos en el ejercicio fiscal de 2022 en las empresas energéticas de los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías de la Unión que se rigen por un marco común, es necesario para ayudar a proteger a los consumidores y a las empresas contra la subida de los precios de la energía en toda la Unión, preservando al mismo tiempo el buen funcionamiento del mercado interior y garantizando la necesaria solidaridad entre los Estados miembros”, defiende la Comisión. La medida, prosigue el documento consultado por EL PERIÓDICO, que aún no es definitivo, se aplicaría a los excedentes de beneficios de las empresas en 2022, a un nivel por encima de la media de los beneficios imponibles en los tres ejercicios fiscales a partir de 2019 (2019, 2020 y 2021), calculados según las reglas fiscales de cada país. Si el resultado medio anual del período que abarca los tres ejercicios fiscales es negativo, la contribución será de cero.
En España, el Gobierno ha impulsado una iniciativa legislativa, que se empieza a tramitar este marte en el Congreso de los Diputados, por la que se establece un gravamen temporal sobre todas las principales empresas energética (no solo petroleras), con un tipo del 1,2% sobre la cifra de negocio de 2022. La diferencia entre este gravamen temporal -que tendrá naturaleza jurídica de prestación patrimonial de carácter público no tributario- y la "contribución solidaria" que plantea Bruselas es que esta última no gravará las ventas totales, sino el beneficio imponible que exceda de la media de los tres últimos años.
Reducir el consumo
El borrador de la propuesta de reglamento que ultima Bruselas confirma la idea de establecer dos objetivos de reducción de la demanda de electricidad. El primero requerirá a los Estados miembros que adopten medidas “suficientemente ambiciosas” para reducir el consumo global de todos los consumidores. El segundo será un objetivo obligatorio para impulsar el ahorro durante las horas pico del día en las que habitualmente se consume más. Los Estados miembros tendrán que elegir 3-4 horas por día, normalmente las horas de mayor consumo, aunque también podrían incluirse las horas en las que la generación de electricidad a partir de renovables sea baja y sea necesaria la generación de las centrales marginales para cubrir la demanda.
Tal y como exigieron el viernes la vicepresidenta Teresa Ribera y el resto de colegas europeos, la propuesta ofrece discrecionalidad a los Estados miembros para definir las bandas horarias y las medidas, aunque sugiere medidas económicamente eficientes y basadas en el mercado, como subastas o sistemas de licitación para la demanda o la electricidad no consumida. Aunque en borradores iniciales la Comisión Europea había sugerido un ahorro del 10% general y un 5% obligatorio en las horas picos, el último documento no menciona números. Sí sostiene que reducir el consumo de electricidad podría llevar a recortar también el consumo de gas en 1.2 bcm durante un periodo de cuatro meses lo que significa un 3,8% de consumo de gas en el mismo período.
Tope a los beneficios de las renovables
El borrador confirma también la intención de Bruselas de imponer un tope a los beneficios extraordinarios de las empresas que producen electricidad con fuentes de energía distintas al gas -como renovables o nuclear- que son más baratas pero se benefician de los elevados precios del gas que es quien marca el precio final. Según Bruselas, el límite a los ingresos deberá fijarse en un nivel que abarque a la mayoría de los generadores inframarginales de la UE y no ponga en riesgo ni la rentabilidad de las centrales existentes y ni las futuras inversiones. Este tipo de tope permitirá, según el borrador, que no incluye cifras generar ingresos para que los Estados miembros financien medidas de apoyo a los clientes finales de electricidad, preservar las señales de precios en los mercados de toda Europa y el comercio transfronterizo.
