LuxLeaks o Papeles de Luxemburgo. Fue resultado de una investigación periodística internacional que desveló los manejos contables de decenas de multinacionales que utilizaban la laxitud fiscal y legal del país centroeuropeo para evadir impuestos. El caso saltó en 2014, cuando el presidente de la Comisión Europea era Jean-Claude Juncker, el mismo que había ejercido como máximo responsable de Finanzas en el Gran Ducado. El Ejecutivo comunitario entendió entonces que debía apostar por la transparencia, por lo que decidió hacer pública toda la agenda de los comisarios, los directores generales y los miembros de los gabinetes.

Así, es posible saber que la vicepresidenta y comisaria de Competencia Margrethe Vestager se reunió en marzo con Google, y dos veces con Microsoft Corporation en lo que va de año. O que su homólogo en Agricultura, Janusz Wojciechowski, hizo lo propio con múltiples grupos para abordar la retirada de grano de Ucrania tras la invasión. Y también que los miembros de la Comisión de Pesca apenas abordaron en este tipo de encuentros –o así figura en sus agendas– el “acto de ejecución” por el que un millar de pesqueros gallegos están en riesgo.

El comisario es Virginijus Sinkevicius, y su número dos y directora general, Charlina Vitcheva. Al margen de ellos, múltiples miembros de su equipo mantienen encuentros con empresas, organizaciones empresariales o no gubernamentales. Para este caso, la decisión de prohibir la pesca de fondo en más de 16.400 kilómetros cuadrados en aguas comunitarias, los encuentros documentados han sido mínimos. Solo uno, como figura en sus agendas. Y mantenido por el propio Sinkevicius y dos personas de su equipo (Agne Razmislaviciute-Palioniene y Carmen Preising) el 19 de julio.

Así reza el motivo del encuentro: “Intercambiar puntos de vista sobre el próximo Plan de acción para conservar los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos, sobre el acto de ejecución de la Comisión sobre los ecosistemas marinos vulnerables y sobre el estado de la anguila europea”. La cita fue con varias ONG, a petición de éstas. Solo con ellas figura como asunto de la reunión el de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, por las siglas en inglés), que ha motivado una norma contra la que barajan medidas legales la industria en pleno y administraciones públicas.

Las asociaciones que formaron esa comitiva fueron Oceana, Deep Sea Conservation Coalition, WWF European Policy Programme, Fiskesekretariatet, Stichting BirdLife Europe, The Pew Charitable Trusts, ClientEarth AISBL, Seas At Risk y Our Fish. Una de las razones que más ha enojado al sector está la inconsistencia argumental de Vitcheva, que visitó Galicia este verano –no figura en esa agenda– y conoció de primera mano los argumentos del sector. “Se sentó con nosotros, todo el mundo le dijo que era una propuesta inaceptable”, recuerda el gerente de ARVI, Edelmiro Ulloa. “Y mintió, a su regreso a Bruselas dijo que estábamos todos muy contentos”.

Como desveló FARO, el informe del ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano) en el que se basó la Comisión de Pesca para anunciar su decisión –no ha sido publicada todavía en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)– reconoce explícitamente que no disponen de información del impacto económico de una medida de estas características. “Las circunstancias de la VME (Vulnerable Marine Ecosystems, ecosistemas marinos vulnerables): los datos son incompletos. Esto se puede mejorar capacitando a los observadores”. Aun así, sin referencias científicas ni socioeconómicas, prosigue: “La Comisión revisará los cierres de los VME anualmente a medida que se disponga de nueva información”. Y zanja así: “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”.

Aun así, en una respuesta por escrito firmada por Sinkevicius el pasado día 12 de este mes, el primero aseguró que el veto a la pesca de fondo se había decidido con la determinación de “minimizar el impacto socioeconómico”. En esos más de 16.000 kilómetros cuadrados, los cierres afectan a los buques equipados con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas y almadrabas. Todavía no se sabe si la prohibición va a afectar a cualquier arte de pesca que toque el fondo del mar, aunque no alcance los 400 metros de profundidad. En este caso, estarían en la picota unos 900 buques gallegos de pesca artesanal o artes menores, ya sean de arrastre o fijas.