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Un dictamen pide anular en parte la sentencia de ayudas al naval

El Abogado General plantea exigir solo la devolución de entre un 10% y un 15% de los fondos, los que beneficiaron a inversores

Un obrero en unos astilleros. Miki López

Las grandes entidades financieras como el Santander, Caixabank, Sabadell, Bankia o Unicaja, además de otras corporaciones empresariales que pudieron rebajar su factura fiscal a través del sistema que entre 2002 y 2011 había articulado España para ofrecer ayudas al sector naval, sólo tendrán que reintegrar al Estado una parte de aquellas ayudas, en el caso de que el Tribunal de Justicia de la UE siga el criterio que ayer estableció uno de sus abogados generales, los cuales se encargan de emitir dictámenes previos a las sentencias y que los magistrados tienen en cuenta a la hora de dictarlas.

El sistema español de arrendamiento fiscal del que se benefició el sector naval entre aquellos años, permitía a las navieras que contrataban barcos con los astilleros españoles obtener descuentos de entre el 20% y el 30%. El sistema se articulaba a través de la creación de una Agrupación de Interés Económico por parte de inversores interesados en obtener beneficios fiscales mediante la amortización acelerada de los buques y su posterior cambio en la tributación del barco al régimen por tonelaje. Una parte de ese beneficio fiscal se transfería a las navieras mediante el abaratamiento del coste del buque.

El pleito


  • Antiguo. La devolución de ayudas al sector naval se corresponde con el «tax lease» vigente entre 2002 y 2011, sin afectar al sistema actual.
  • Sentencia. El Tribunal General de la UE falló en 2020 exigir la devolución de todas las ayudas a los inversores que se beneficiaron fiscalmente de ellas.
  • Recurso. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal de Justicia.
  • Dictamen. El Abogado General plantea ahora reclamar sólo del 10% al 15% de las ayudas.

Una decisión de la Comisión Europea consideró el sistema como ayuda de Estado y exigió a España que recuperara la totalidad del dinero, reclamándolo a los inversores. Inicialmente, una sentencia del Tribunal General de la UE (la primera instancia) revocó esa decisión, dando la razón a España, a Pymar y a los inversores que la recurrieron, pero el Tribunal de Justicia (la segunda instancia de los tribunales europeos) anuló aquel fallo, obligando al Tribunal General a volver a pronunciarse.

Lo hizo en septiembre de 2020, cambiando su criterio inicial en una sentencia que obliga a España a reclamar a los inversores la devolución de la totalidad de la ayuda, tanto la parte de la que se beneficiaron de manera efectiva como la que transfirieron a las navieras.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal de Justicia, para el que el Abogado General ha elaborado ahora su dictamen. En él se pronuncia en contra de todos los argumentos de España, Pymar y los inversores para revocar completamente la sentencia del Tribunal General, pero se posiciona a favor de la petición de que la devolución de ayudas se limite a la cuantía de la que efectivamente se beneficiaron los inversores, entre el 10% y el 15% del total de la ayuda por cada barco contratado. Por lo tanto, plantea que no se reclame la devolución del 85% al 90% que fue a parar a las navieras ya que hacerlo equivaldría a una sanción a los inversores.

Con independencia de la sentencia que finalmente pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, la misma afectará al antiguo sistema de "tax lease" y no al actual, que fue negociado por España con la Comisión Europea.

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