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El tortuoso intento de imponer tributos extraordinarios a las grandes fortunas

España, que encadenó en su historia sucesivos fracasos para gravar la riqueza, revive la controversia tras los nuevos impuestos del Gobierno

Impuesto de Patrimonio.

La decisión del Gobierno de imponer un impuesto temporal sobre grandes fortunas a 23.000 contribuyentes para recaudar 1.500 millones adicionales entre 2023 y 2024 ha encontrado un rechazo entre los afectados y los sectores más proclives a sus posiciones, y se anuncian recursos judiciales por algunos ejecutivos regionales partidarios de no gravar la acumulación de riqueza.

Los impuestos temporales para gravar los beneficios extraordinarios de compañías energéticas y bancos (a las primeras, por el alza de los precios a consecuencia sobre todo de la guerra de Ucrania, y a los segundos, por el aumento de los tipos de interés que se está produciendo para combatir la inflación) también encontraron un rechazo frontal. La resistencia sólo se ha diluido en el primero de ambos casos una vez que la Unión Europea, con mayoría conservadora, decidió secundar el ejemplo español, aunque introduciendo algunos matices técnicos diferenciados.

La imposición a los grandes patrimonios y a los beneficios extraordinarios en tiempos de guerra ha tenido en España una larga de historia de fracasos y derrotas por la enorme resistencia de la sociedad civil, la económica y la política a asumirlos. La batalla legal que ahora se anuncia determinará en qué medida está vez será distinto o no.

La neutralidad del país durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) permitió un periodo de fastuoso enriquecimiento en España y constituyó por ello un momento inaugural del gran capitalismo nacional por la ingente acumulación de riqueza que se produjo en los sectores económicos líderes, fundamentalmente industriales, mineros, bancarios y navieros.

Los sucesivos intentos de imponer una fiscalidad extraordinaria y transitoria a los ingentes beneficios generados por la conflagración y por la gran especulación del periodo en torno a los bienes y materiales más codiciados por los países beligerantes fracasaron una tras otro, y en ese cuatrienio crucial de la historia económica, y en el que grandes dinastías de los negocios gestaron o maximizaron sus patrimonios, la presión fiscal no solo no se acrecentó sino que se debilitó: mientras que en 1913 era del 9,9%, en 2018, al término de la contienda, era del 6,3%, el más bajo desde mediados del siglo XIX.

El intento de establecer un impuesto sobre el patrimonio por el ministro de Hacienda Gabino Bugallal fracasó estrepitosamente en 1915. Aun fue más rotunda la derrota un año después del proyecto de ley sobre beneficios extraordinarios (la denominada ley Alba), presentado a las Cortes el 3 de junio de 1916 y cuyo propósito era que las cuentas públicas también se beneficiaran de la apoteósica prosperidad sobrevenida por la excepcionalidad del periodo.

Las "fuerzas vivas" y élites económicas de numerosas provincias, encabezadas por patronales y cámaras de comercio, se reunieron el 28 de junio de 1916 en el Hotel Palace, de Madrid, para conjurarse contra el proyecto en una exhibición de fuerza económica y política. En un claro ejercicio de boicot, la Asociación Patronal de Mineros Asturianos remitió un telegrama el 10 de julio a las autoridades anunciando que se sentía "relevada del compromiso de facilitar mensualmente 2.500 toneladas de carbón" a la flota pesquera del Cantábrico. El movimiento patronal que se generalizó en contra del proyecto fue tachado por el titular de Hacienda, Santiago Alba, como "un acto de manifiesta rebeldía". Las Cortes fueron clausuradas y su plan fue definitivamente tumbado.

Hubo otros empeños fracasados como el de gravar el volumen de ventas en 1918, un tributo extraordinario sobre los aumentos de fortuna en 1919 y un antecedente de impuesto sobre la renta en 1921, todo ello en años de gran déficit presupuestario. Los empeños, incluso moderados, para la mejora de la fiscalidad y la lucha contra el fraude fiscal tampoco prosperaron pese a que los gastos de la guerra de Marruecos supusieron un enorme esfuerzo para la Hacienda nacional. El único plan de mejora de la recaudación que prosperó fue una ley de 29 de abril de 1920 para la progresividad impositiva en el gravamen sobre los dividendos y los beneficios de las sociedades.

En otros países neutrales, como Suiza, Suecia, Noruega y Dinamarca, sí se aplicaron tributos especiales sobre los beneficios de la guerra y lo mismo ocurrió en las naciones combatientes como Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, Rusia y EE UU. El 30% de los costes de la conflagración fueron sufragados con impuestos, según el economista John K. Galbraith.

Tiempo después, en 1927, el titular de Hacienda, el conservador José Calvo-Sotelo, fue tachado de "ministro bolchevique" por exigir la declaración del valor catastral de fincas rústicas y urbanas, y no logró aprobar un antecedente del actual IRPF.

En 1973, en las postrimerías del franquismo, el ministro de Hacienda Alberto Monreal pidió audiencia al dictador para plantearle, apoyado por el entonces director del Instituto de Estudios Fiscales Enrique Fuentes Quintana, una subida de impuestos para equiparar la fiscalidad española con la europea y mejorar los servicios públicos. Al día siguiente fue destituido.

En la última crisis financiera (2008-2014) hubo movimientos de empresarios y grandes inversores en EE UU y Francia para reclamar que les impusieran más impuestos. Fue el caso de Warren Buffet, quejoso de que él pagase menos a Hacienda que su secretaria; de los dueños de L’Oreal y del movimiento estadounidense Millonarios Patrióticos, que desde 2010 pidió que se les aplicara mayores tributos a los ricos. Y en 2017 cuatrocientos millonarios de EE UU exigieron a Trump que no les bajase los impuestos. En 2018 el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) dijo que en España las grandes fortunas "se quejan de más".

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