Los tributos que gravan el patrimonio y la riqueza vuelven a estar en primera línea del debate político y económico después de que el Gobierno haya decidido impulsar el nuevo “impuesto de solidaridad”. El nuevo tributo se aplicará en 2023 a patrimonios a partir de 3 millones de euros y está dirigido a las comunidades autónomas donde el impuesto sobre patrimonio ha sido desmontado. El objetivo del Gobierno es frenar la carrera autonómica en este impuesto liderada por Madrid, y secundada por Andalucía (que son las dos comunidades que lo han anulado en su totalidad) y por Galicia (también gobernada por el PP), que lo bajará a la mitad.
“La imposición sobre la riqueza está presente en todas las batallas políticas. Su aplicación está hoy, más que nunca, sometida a los vaivenes electoralistas”, de uno y otro tipo, reflexiona la catedrática de la Universidad Complutense Laura de Pablos en el volumen sobre “Desafíos pendientes de la descentralización en España”, editado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). La reflexión recobra fuerza a las puertas de un 2023 con elecciones autonómicas y generales en ciernes (también municipales) y se mezcla con la ideología, que está presente en todo debate sobre política fiscal. Las reflexiones más recientes sobre el impuesto de patrimonio basculan, entre la reforma profunda que plantea el ‘Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria’ encargado por el Gobierno a un grupo de 16 personas expertas, y la desaparición del tributo que propugnan documentos como el ‘Libro Blanco para la reforma fiscal en España’, con las reflexiones de 60 expertos convocados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la CEOE.
Demografía del impuesto
Con datos de 2020, el impuesto sobre patrimonio recae sobre un total de 218.991 contribuyentes (el 1% de los declarantes de IRPF), que declaran un patrimonio medio de 3,5 millones de euros (sin contar el mínimo exento de 700.000 euros más 300.000 euros de la vivienda habitual, que suma un millón) y que generan una cuota media antes de bonificaciones de 10.604 euros y una recaudación total de unos 1.200 millones al año. La cuota media por contribuyente, sin embargo, queda reducida a cero euros en Madrid, donde existe una bonificación al 100% del impuesto; mientras que, en Cataluña, por ejemplo, la cuota a pagar se sitúa en una media de 6.631 euros. Según la estadística del impuesto que publica la Agencia Tributaria, el 67% de los declarantes del impuesto presentan una base imponible entre 300.000 y 1,5 millones de euros (sin contar el mínimo exento de un millón). Para estos, la cuota media resultante es de 1.303 euros. Otro 26% de los declarantes proceden de bases imponibles entre 1,5 y 6 milones (para estos, la cuota media es de 14.698 euros). Solo 724 contribuyentes (el 0,33% del total) declara una base imponible superior a 30 millones, un dato que abunda en la tesis de quienes subrayan que las mayores fortunas escapan de este impuesto. Para cada uno de estos contribuyentes la cuota media es de 668.508 euros, antes de bonificaciones.
La competencia fiscal a la baja que algunas autonomías ejercen frente a otras rebajando o anulando el impuesto sobre el patrimonio (como sucede con Madrid, Andalucía y Galicia) contrasta con el aumento del gravamen en otras de ellas, como Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana donde el impuesto se empieza a pagar a partir de un patrimonio más bajo (400.000 ó 500.000 euros), en lugar del mínimo exento general más elevado, de 700.00 euros (en ambos casos, sin contar la vivienda habitual hasta 300.000 euros).
Argumentos en contra y a favor
La inequidad territorial es solo uno de los argumentos de los detractores del impuesto sobre el patrimonio, al que suman la falta de equidad horizontal (no todos los tipos de patrimonio soportan la misma presión) y vertical (los patrimonios más altos logran mayores vías de elusión del tributo) así como su propensión al fraude fiscal y la doble tributación que, a juicio de los críticos, genera este tributo al recaer sobre bases imponibles que consideran gravadas mediante otras figuras. El hecho de que sea un tributo que se ha ido desmontando en el resto de los países occidentales, y que solo exista como tal en Noruega y Suiza, son argumentos que suman quienes abogan por la desaparición del impuesto de Patrimonio en España. Añaden, además, que renunciar a su relativamente escasa recaudación (en el entorno de los 1.200 millones) no causaría un agujero relevante en las arcas públicas sino que, antes al contrario, podría estimular los ingresos si con su desaparición se eliminan incentivos a la deslocalización de patrimonios hacia otros países.
Según figura en el ‘Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria’ encargado por el Gobierno a un grupo de 16 personas expertas, “el riesgo de deslocalización mediante un traslado de residencia al extranjero se ha visto incrementado estos últimos años por los regímenes fiscales preferentes establecidos en distintos Estados de nuestro entorno, tales como el régimen de ‘residentes no habituales’ en Portugal, el de ‘nuevos residentes’ en Italia o el nuevo régimen para inversores y pensionistas en Grecia”.
Los argumentos más robustos a favor del impuesto sobre el patrimonio se basan en la equidad. Desde este punto de vista, la riqueza supone una fuente indirecta de renta para quienes la poseen, en la medida en que incrementa su seguridad financiera, facilita el acceso a deuda y aumenta la oportunidades de disfrutar de mayor bienestar. Para los defensores del impuesto, este argumento justifica el gravamen de la riqueza y su contribución para financiar políticas públicas de carácter redistributivo. Y sobre su escasa recaudación la catedrática De Pablos rebate: "Escasa, sí; pero no despreciable".
Dos libros blancos casi simultáneos
Después de una larga discusión que se estancó en la fiscalidad patrimonial y que demoró hasta marzo de 2022 la publicación del ‘Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria’, el documento encargado por el Gobierno finalizó por recomendar una profunda reforma del impuesto sobre patrimonio orientada a reducir su carga fiscal, limar los posibles visos de doble tributación y acabar con sus vías de elusión y fraude fiscal.
Poco antes, el 31 de enero se publicó otro ‘Libro Blanco para la reforma fiscal en España’, con las reflexiones de 60 expertos convocados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la CEOE. Una de sus conclusiones: “Es necesario eliminar de una vez por todas el impuesto sobre el patrimonio, que constituye una excepción en el derecho comparado y que ha sido suprimido en la mayoría de los países por sus efectos nocivos sobre la economía. En el caso de mantenerse el impuesto sobre patrimonio, debe establecerse un escudo fiscal, por el que nunca se tribute más de un 50% de la renta como suma de las cuotas de renta y patrimonio”.
Propuestas de reforma
La reforma profunda que se orienta desde el Libro Blanco encargado por el Gobierno incluye elevar de 700.000 a un millón de euros el mínimo exento del impuesto. También propone elevar el actual mínimo exento de 300.000 euros que rige para la vivienda habitual, al tiempo que plantea una tarifa con un tipo máximo del 1%, en lugar del 3,5% actual.
Además, el Libro Blanco recibido por el Gobierno propone atajar la evasión fiscal que, según los fiscalistas José María Durán-Cabré y Alejandro Esteller-Moré –que aparecen citados- , se produce sobre todo por una doble vía: la infradeclaración (no declaración de bienes improductivos como joyas o antigüedades o de bienes localizados en el extranjero) o la no presentación de declaración. A modo de ejemplo, estos profesores de la Universidad de Barcelona estimaron para 2014, en Catalunya, una brecha del 44,34% en el impuesto sobre patrimonio (equivalente a unos 340 millones de euros), como diferencia entre la cuota impositiva que los contribuyentes debían haber pagado y lo que realmente abonaron. Según este estudio, el 73% de esta brecha es atribuible al 10% de los declarantes más ricos. Los profesores estiman que este decil de contribuyentes únicamente paga la mitad de lo que les correspondería y este es uno de los argumentos que esgrimen quienes critican que la capacidad de evasión de las mayores fortunas acaba haciendo recaer el impuesto sobre los patrimonios medianos.
El ‘Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria’ también subraya “el abuso en la utilización de sociedades, en especial unipersonales, para desplazar la titularidad del patrimonio de las personas físicas y sobre todo, la de elementos improductivos o suntuarios que difícilmente pueden ser considerados afectos al ejercicio de una actividad económica” como otro de los principales problemas del impuesto sobre patrimonio que exige una reforma profunda del tributo. “Es obvio que las posibilidades de elusión fiscal no son iguales para todos los contribuyentes, sino que resultan mayores para los individuos más ricos”, sostiene el catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio, en el Libro Blanco para la reforma fiscal del IEE. “En la práctica este fenómeno conduce a que, en los países en los que se aplica, se haya convertido en un impuesto sobre la pequeña propiedad y sobre las clases medias, en vez de un impuesto sobre los grandes patrimonios”, añade.
