El Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, ha pedido al Ministerio de Economía que las decisiones de la nueva Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente Financiero sean siempre vinculantes para las entidades financieras y no solo para cuantías reclamadas inferiores a 20.000 euros, como establece el anteproyecto de creación del nuevo organismo. Lo contrario "puede impedir el ejercicio de sus derechos a todas las personas consumidoras y usuarias", según argumenta la institución en su reciente dictamen sobre dicho anteproyecto legal, apoyado por los sindicatos y las asociaciones de consumidores.
El dictamen del CES, en cualquier caso, "valora positivamente" la creación de la nueva autoridad. Eso sí, la patronal CEOE ha emitido un voto particular en el que cuestiona la constitucionalidad de muchos aspectos del proyecto. La gran asociación empresarial ha replicado así los argumentos de dos de sus asociadas, las patronales bancarias AEB y CECA, que en el trámite de audiencia pública tildaron de "inconstitucional" el diseño del nuevo organismo, como desveló este diario. En la misma línea, la CEOE considera de "dudosa constitucionalidad" que los dictámenes vayan a ser vinculantes para las entidades. Y de mantenerse, plantea bajar "sustancialmente" el umbral de 20.000 euros.
Se trata del aspecto crucial de la nueva institución que ultima el departamento dirigido por Nadia Calviño. Hoy por hoy, los dictámenes de los servicios de reclamaciones de los tres supervisores sectoriales cuyas funciones va a asumir la Autoridad (Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros) no son de obligado cumplimiento, lo que hace que sean ignorados por las entidades en porcentajes relevantes. La decisión de Economía de que las decisiones de la nueva institución sí sean de vinculantes para las entidades (no así para los clientes) supone, por tanto, un cambio de enorme calado.
Equilibrio
A principios de 2019, Economía barajó que dichos dictámenes fueran vinculantes para cantidades inferiores a 50.000 euros, pero en el anteproyecto que presentó en abril lo rebajó a 20.000, cantidad que no ha variado en el nuevo anteproyecto remitido a los órganos consultivos del Estado y a los Ministerios de Consumo, Hacienda y Justicia. "Hay que llegar a un equilibrio entre resolver el problema y descargar a los tribunales, por un lado, y mantener la seguridad jurídica. Si lo subimos muchísimo, la cantidad de reclamaciones que entrarían podría sobrepasar cualquier estimación. Queremos controlar bien el flujo y calibrarlo bien", argumentaron en primavera fuentes de Economía.
No parece probable, por tanto, que el Gobierno vaya a aplicar grandes cambios de última hora en este apartado. Tras recibir los dictámenes solicitados a otras instituciones y ministerios, Economía envió la semana pasada la última versión del anteproyecto al Consejo de Estado, cuyo informe es el último que necesita recabar, según fuentes al tanto del proceso. El departamento tiene intención de llevar el texto definitivo al Consejo de Ministros en las próximas semanas, para que inicie después su tramitación parlamentaria. Calviño ha apuntado que confía en que las Cortes lo aprueben definitivamente en el primer semestre de 2023.
Otras peticiones
El CES, por otra parte, ha planteado a Economía otras mejoras más allá de retirar el límite de los 20.000 euros. Así, le ha pedido que retire la multa de hasta 1.000 euros que podrán soportar los clientes que presenten reiteradamente durante seis meses reclamaciones manifiestamente infundadas e inadmitidas. "Dichos supuestos son excepcionales y, en todo caso, podrían ser detectados y resueltos por la Autoridad en la fase de instrucción previa", ha argumentado. En su último anteproyecto, el ministerio ya ha rebajado su cuantía a 500 euros.
El CES, asimismo, ha propuesto que la autoridad debería poder apreciar si las cláusulas de los contratos son abusivas o no (algo que en principio solo pueden hacer los jueces). También ha planteado que los empleados de las entidades así como sus representantes legales (delegados de personal, comités de empresa y secciones sindicales), puedan dirigirse a la autoridad para alertarle de prácticas que puedan "afectar a los intereses de la clientela".
La CEOE, por su parte, ha reclamado que se retire la tasa de 250 euros por reclamación que deberán pagar las entidades para financiar al nuevo organismo. De mantenerse, han planteado adaptar su cuantía al montante de cada reclamación, así como su devolución en caso de que la autoridad no dé la razón al cliente. Además, han demandado que el nuevo organismo no pueda imponer compensaciones de hasta 2.000 euros en los casos de reclamaciones sin cuantía económica.
