La patronal asturiana FADE y los sindicatos UGT y CC OO consideran que el grado de cumplimiento del Acuerdo de Concertación Social y Económica de Asturias 2022-2023 en su primer ejercicio de aplicación es "desigual" y con "doble velocidad", con avances en unas materias y demoras en otras. Los sindicatos enfatizaron que la mesa de impulso político, que coordina el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, está cumpliendo las expectativas (con avances en el nuevo modelo del SASEC, posible restablecimiento del CES y aplicación de cláusulas sociolaborales en la Administración), mientras que las mesas de seguimiento "no funcionan" y "no siempre acuden sus responsables", bien sean consejeros o directores generales. Así se planteó en una reunión de seguimiento de la Concertación en las que participaron los agentes sociales y miembros el Gobierno asturiano con su presidente Adrián Barbón a la cabeza.
María Calvo, presidenta de FADE, y José Manuel Zapico, secretario general de CC OO, pidieron "prioridad" en 2023 para la formación profesional dual. Javier Fernández Lanero (UGT) y Calvo reclaman más impulso a las infraestructuras (y al transporte público en el caso de UGT), pero en el resto de planteamientos hay distintos acentos. Mientras FADE demanda más políticas e inversión en apoyo a las empresas porque "el gasto social tiene cada vez más peso en el presupuesto", UGT y CC OO juzgan necesaria una "estrategia sanitaria" para reforzar la atención primaria y mental, y retener médicos y enfermeras formados en la región. CC OO pide destinar a la atención primaria el 25% del presupuesto para evitar el "colapso". UGT aboga a su vez por recuperar la atención presencial en toda la Administración y "acabar con la cita previa" por las dificultades que entraña para la población poco avezada en las nuevas tecnologías. Fernández Lanero reclamó la relevancia de que Asturias cuente el año próximo con presupuestos, lo que en este momento se considera casi seguro. Y Zapico abogó por un plan de choque por el empleo y medidas anticrisis para pymes, autónomos y familias.
FADE demanda más inversión productiva, agilización de la administración y reducción de la burocracia y simplificación administrativa.
El consejero de Industria, Enrique Fernández, explicó que durante la reunión se "valoraron los avances en la ejecución presupuestaria" de un acuerdo que incluye 298 medidas pactadas con una vinculación al presupuesto de 980 millones para 2023-2023. "Es un esfuerzo muy importante y hemos escuchado con mucha atención a los agentes sociales con su voluntad constructiva porque siempre se puede hacer más".
