Tras el fracaso de la subasta de energías renovables organizada por el Gobierno, la gran industria sigue adelante con sus planes de realizar su propio concurso en el que los consumidores electrointensivos crucen ofertas con productores de energías renovables. La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que ha diseñado el proceso en colaboración con el operador del mercado ibérico de electricidad (OMIE), prevé celebrar la puja en el primer trimestre de este año, según ha afirmado este lunes su director general, Pedro González, durante un foro organizado en el Congreso de los Diputados.

La organización, que agrupa a empresas como Arcelor Mittal o Asturiana de Zinc, a quienes la energía les supone en algunos casos casi la mitad de sus costes, lleva meses organizando este concurso (previsto en un inicio para septiembre), pero lo ha ido retrasando por la incertidumbre derivada de la guerra. El 80% de este tipo de empresas compran su energía directamente en el mercado eléctrico (el denominado ‘pool’), por lo que sufren los elevados precios actuales que multiplican por cinco las cifras prepandemia. El objetivo, por tanto, es conseguir contratos de compraventa de energía que garanticen a ambas partes un precio fijo, más bajo que el del mercado, durante 12 años. Y uno de sus grandes atractivos es que los consumidores tendrán el aval del Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI).

Esta compra masiva de energía tendrá una gran diferencia frente a los concursos organizados por el Gobierno y es que no tendrá un precio máximo, lo que se conoce como precio de reserva. Esto reduce la posibilidad de fracaso, según el director de tecnología, innovación y nuevos desarrollos del operador del mercado ibérico OMIE, Pedro Basagoiti. “Muchas ofertas (en la subasta organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica) no salieron casadas porque los precios fueron muy superiores (al precio de reserva). Aquí no hay precios de reserva. Los compradores y los vendedores tienen una idea de los precios a futuro. Entiendo que va a haber ofertas suficientes y los compradores tendrán que poner el foco de hasta donde pueden llegar”, ha explicado Basagoiti.

La fórmula utilizada es la misma que la de las pujas del Gobierno, al jugar con el precio de la energía, de forma que los promotores piden una cantidad por la energía que generan en sus plantas y los consumidores lanzan ofertas por el precio que estarían dispuestos a pagar y hasta que coincidan unas cifras con otras. Pero entonces, se produce otra gran diferencia respecto a las subastas renovables públicas, y es que los productores recibirán la cantidad de dinero propuesta, mientras que los consumidores pagarán el precio medio al que haya quedado la subasta, siempre que este esté por debajo de su oferta. 

La última gran diferencia con las subastas renovables habituales es que no todo el parque renovable tendrá que acudir a la subasta, sino que los productores podrán dejar una parte de la producción para su venta al mercado. Es decir, un parque eólico de 50 megavatios, el productor puede llevar a subasta 45 megavatios y los 5 megavatios restantes venderlos en el mercado. Fuentes del sector, apuntan a que podría tratarse de un 20-30% del parque, aunque falta por aclarar este extremo.

“(Estas subastas) tienen una ventaja indudable que es la previsibilidad y estabilidad con unas obligaciones de entrega de energía por parte de los productores y de pago por parte de los consumidores”, ha explicado Hermenegildo Altozano, socio del despacho de abogados Bird & Bird. “Y la ventaja añadida a la vista de lo ocurrido con la regulación en los últimos meses de que si hay mecanismos de 'clawback' (minoración de beneficios extraordinarios de la producción renovable y nuclear) los contratos bilaterales ya firmados están exentos”, ha añadido Altozano.